El pasado jueves, el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, se reunieron con Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, con quienes acordaron mantener la cooperación “y reforzar el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”.

Al día siguiente, García Harfuch informó que Patel volvió a Estados Unidos con dos de los fugitivos más buscados por su agencia: Alejandro Rosales Castillo y el canadiense Ryan James Wedding; este último, señalado como uno de los principales exportadores de cocaína desde México a territorio estadunidense.

La SSPC y la FGR dieron a conocer horas después que Wedding se entregó de forma voluntaria a la embajada de Washington en nuestro país, versión corroborada por el presunto criminal en sus redes sociales, en las que publicó una foto en la que se le ve solo y en libertad frente a la antigua sede diplomática. La imagen está acompañada por un texto en el que afirma haber negociado su entrega a cambio de garantías de un proceso justo.

Johnson confirmó todo lo anterior en un comunicado oficial que destaca “la entrega voluntaria de Ryan Wedding” como “resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”. Al hablar de “presión” se refería, por ejemplo, a los decomisos y aseguramientos de propiedades del supuesto capo efectuadas por la FGR, la SSPC, la Defensa, Marina y Guardia Nacional a finales de 2025.

El representante de la Casa Blanca enfatizó que los dos gobiernos son “socios clave” en este esfuerzo, que la cooperación bilateral se ha mantenido sobre la base del respeto mutuo y la detención “es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos”.

Sin embargo, tan pronto volvió a su país, Patel inventó y comunicó a la prensa un relato según el cual Wedding fue arrestado en un hollywoodesco “operativo conjunto” entre agentes estadunidenses y mexicanos.

Ante la desinformación sembrada por el funcionario estadunidense, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que los efectivos de agencias de seguridad de Estados Unidos no participan en operativos ni detenciones de capos en territorio mexicano, pues ni las leyes nacionales lo autorizan ni su gobierno lo permitiría.

La mandataria evitó especular sobre los motivos de Patel para contar historias que se contradicen con la realidad y con la postura institucional de Washington transmitida por conducto del embajador Johnson, destacando que corresponde al director de la FBI establecer las razones de su conducta.

Más allá de si el director de la FBI siguió órdenes o quiso construirse una imagen de Rambo que salta desde helicópteros para secuestrar personas sin orden judicial y sin pruebas de culpabilidad, tan celebrada por la opinión pública estadunidense, el hecho es que sus embustes se inscriben en una dinámica de desinformación en torno a las relaciones bilaterales tan sistemática que no puede interpretarse como un accidente o producto de decisiones aisladas.

Desde la administración del presidente Joe Biden y de manera creciente en esta segunda etapa del trumpismo, está claro el afán de diversas instancias gubernamentales de la superpotencia por colgarse medallas inexistentes, pero también, y sobre todo, por sembrar incertidumbre, inestabilidad y zozobra entre la ciudadanía mexicana a fin de naturalizar las transgresiones a la soberanía y entrometerse en los asuntos internos del país.

Si en la etapa demócrata era evidente que el jefe del Ejecutivo no hacía nada para frenar a sus funcionarios más agresivos, en la actualidad es claro que el presidente Trump es el principal inspirador e instigador de esos ataques contra México y contra la verdad.