Zarparon con rumbo a Cuba dos barcos de la Secretaría de Marina cargados con más de 800 toneladas de víveres para la acosada población de la isla: el Papaloapan y el Isla Holbox. Entre ambos transportan alimentos como leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, atún y aceite, así como artículos de higiene personal.

Todo ello, en el contexto del endurecimiento del criminal bloqueo que el gobierno de Estados Unidos mantiene desde hace seis décadas y que en meses recientes ha colocado a los cubanos en una situación crítica, próxima a una catástrofe humanitaria.

Como se recordará, la administración de Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los países que, como el nuestro, han suministrado petróleo a Cuba, en un intento por conseguir lo que ninguno de los ocupantes de la Casa Blanca ha logrado desde 1960: la caída del gobierno de La Habana.

Con ese propósito, Washington ha recurrido a todas las medidas imaginables, desde la agresión militar directa hasta el chantaje político, económico y diplomático contra naciones, empresas y entidades que mantienen relaciones e intercambios con la isla.

La perversidad del bloqueo estadunidense reside en que busca sumir a la sociedad cubana en una situación tan desesperada que la impulse a sublevarse contra sus autoridades. Sin embargo, hasta ahora, ese designio imperial no ha rendido los frutos esperados, por más que ha causado sufrimientos y carencias incuantificables, pérdidas por cientos de miles de millones de dólares e, indirectamente, la muerte de muchas personas por las enormes dificultades que enfrenta el sistema sanitario cubano, privado de energía eléctrica suficiente –como el resto de las actividades– y de instrumentos, medicamentos y otros insumos básicos.

Al margen de la opinión que se tenga sobre el modelo político cubano, ha de convenirse que la estrategia de Washington contra Cuba es profundamente inmoral por principio, toda vez que sólo a los cubanos compete la decisión de mantener o cambiar su forma de gobierno, y en sus métodos, pues constituye un castigo colectivo contra la generalidad de la población. Por añadidura, la insolencia imperial estadunidense violenta la soberanía de terceros países que, como en el caso de México, tienen pleno derecho a mantener vínculos de amistad y cooperación con la isla.

En esta circunstancia, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por un rumbo de acción que combina firmeza, prudencia y responsabilidad, al decidir que se dialogará con la superpotencia vecina para convencerla de que suspenda su amenaza arancelaria, la cual, de concretarse, podría causar una afectación significativa a la economía nacional y, por tanto, al bienestar de la población; pero, al mismo tiempo, se mantendrá la solidaridad con Cuba, en momentos en que esta pasa por una situación crítica. Así lo ha hecho México con otros estados –como es el caso de la propia nación estadunidense cuando ha enfrentado desastres de origen natural– sin considerar afinidades o desacuerdos políticos.

Con estos elementos de juicio, la acción humanitaria del gobierno mexicano debe ser reconocida y respaldada por la sociedad, y cabe esperar que, en tanto se despeja la amenaza arancelaria lanzada por Washington, continúen los embarques de ayuda humanitaria y que, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones en nuestro territorio y en otras latitudes, organizaciones sociales, entidades privadas y la población misma reivindiquen nuevamente uno de los atributos históricos y esenciales de México: la empatía generosa.