“La orden ejecutiva de Estados Unidos que impone un bloqueo de combustible a Cuba constituye una grave violación del derecho internacional y una seria amenaza para un orden internacional democrático y equitativo”, afirmaron el pasado jueves (12) expertos y relatores en derechos humanos de la ONU.

La condena al bloqueo energético contra Cuba fue expresada por George Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, junto con los relatores especiales Ben Saul, sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, y Michael Fakhri, sobre el derecho a la alimentación, según un comunicado difundido desde Ginebra.

Los especialistas calificaron la decisión de Washington como una “grave violación del derecho internacional y una seria amenaza para un orden internacional democrático y equitativo”.

Asimismo, señalaron que se trata de “una forma extrema de coerción económica unilateral con efectos extraterritoriales, mediante la cual Estados Unidos busca ejercer presión sobre el Estado soberano de Cuba y obligar a otros Estados a modificar sus relaciones comerciales legítimas bajo la amenaza de medidas punitivas”.

Este grupo de expertos forma parte de los llamados “Procedimientos Especiales” del Consejo de Derechos Humanos, el principal sistema de especialistas independientes de la ONU en esta materia. Estos mecanismos están conformados por expertos designados para vigilar, analizar e informar sobre situaciones temáticas o países específicos.

El pronunciamiento se produce en un contexto de intensificación de las políticas de asfixia económica de Estados Unidos contra la isla caribeña. El pasado 29 de enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que, bajo el argumento de declarar a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria”, amenaza con imponer nuevos aranceles a los países que “vendan o suministren petróleo a Cuba”, a menos que adopten medidas para alinearse con los “objetivos de seguridad y política exterior de Estados Unidos”.

Una amenaza inusual y extraordinaria

Según los expertos, tanto la decisión de Washington de declarar a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional, como la acusación de que la isla apoya a “grupos terroristas transnacionales”, carece de credibilidad. Además, subrayan que estas medidas parecen diseñadas únicamente para “justificar el uso de poderes extraordinarios y coercitivos”.

Recuerdan también que estas medidas impuestas por la Casa Blanca carecen de autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, y aseguran que “constituyen un acto unilateral incompatible con el derecho internacional”.

“El derecho internacional no da derecho a imponer sanciones económicas a terceros Estados por participar en actividades comerciales legítimas con otro país soberano”, afirmaron, advirtiendo que la orden ejecutiva estadounidense viola directamente los principios de igualdad soberana, no intervención y autodeterminación presentes en la Carta de las Naciones Unidas.

“La normalización de la coerción económica unilateral erosiona el orden jurídico internacional, debilita las instituciones multilaterales e inflige un sufrimiento inaceptable a la población civil”, añadieron.

Consecuencias humanitarias

Katrougalos, Saul y Fakhri expresaron su preocupación por las consecuencias humanitarias que esta medida unilateral genera sobre el pueblo cubano. Recordaron que “Cuba ya sufre una grave escasez de energía debido a sanciones previas de Estados Unidos, con apagones de hasta 20 horas en muchas zonas, lo que afecta la refrigeración de alimentos y medicamentos y contribuye a crisis de salud pública”.

Asimismo, destacaron que el combustible es indispensable para el funcionamiento básico en áreas como la producción y distribución de alimentos, así como en los sistemas de salud y educación. Advirtieron que estas medidas “probablemente resulten en escasez de bienes esenciales” y que “pueden equivaler a un castigo colectivo de civiles, lo que plantea serias preocupaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.