Mientras el número de asesinatos sigue estableciendo récords en Ecuador, la población vuelve a tomar las calles para rechazar continuados proyectos de ley que trata de hacer aprobar el gobierno de Daniel Noboa bajo el pretexto de la eficiencia, pero que incrementa la vulnerabilidad de los sectores más pobres de la población.

El viernes pasado continuaron las manifestaciones en Quito, la capital, y otras ciudades ecuatorianas contra las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) que plantean que los municipios destinen el 70 por ciento de su presupuesto a obras públicas y mantenimiento, y el 30 por ciento a gasto corriente, como el pago de personal, lo cual impacta en la prestación de servicios sociales.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, afirmó que la iniciativa del Ejecutivo nacional “afectará a los más pobres y no a todos por igual”, y señaló que, “bajo el discurso de eficiencia, se reducirían recursos para obras y servicios básicos dirigidos a sectores vulnerables”.

“Rechazamos esta ley que busca licuar cerca de mil millones de dólares de la deuda que el gobierno central mantiene con los gobiernos locales y que afecta la obra pública y los servicios sociales que prestamos a la ciudadanía: salud, educación, asistencia social y combate a la violencia de género”, señaló.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, comentó que no puede existir un concepto de inversión para el Gobierno central y otro para las administraciones locales, que son autónomas y eso determina cómo utilizan sus recursos. “Si lo que aquí se aprobaría se proyecta implementar en enero del 2027, no es para nada un proyecto urgente. Solicitamos que se archive este proyecto de ley”, insistió.

La vicealcaldesa de Quito, María Fernanda Racines, advirtió que unidades educativas municipales, centros infantiles y geriátricos serían afectados por falta de recursos para contratar personal.

Todo esto ocurre en medio de la violencia generalizada en la nación suramericana, donde se intensifica la represión y se enfilan principalmente los cañones contra la población aborigen que trata de impedir que Noboa entregue sus tierras al sector privado.

La ceguera oficial se ha instalado en medios de comunicación, Radio Sucre, en la que el periodista del oficialismo Arroba Dito llamó a una guerra civil contra el movimiento indígena, invitando al exterminio de quienes defienden el agua y la tierra, una prueba más de que los medios al servicio de la oligarquía claman por la violencia, pero guardan silencio para las causas sociales.

2026=2025

Tal como terminó el pasado año, en este se continuó con masacres, sicariatos, muertes dentro de prisiones y ajustes de cuenta, además de las víctimas colaterales de la violencia cuyas vidas fueron apagadas por balas perdidas o equívocos, a lo cual se suman los crímenes contra jugadores de fútbol. Solo el año pasado, cinco futbolistas murieron tras ser baleados, hechos impunes, como el recién hallazgo de víctimas a quienes les cortaron las cabezas, y otros repugnantes como los de cuatro niños raptados por uniformados, quienes antes los violaron y luego calcinaron sus cadáveres.

Pese a despliegues de tropas, la entrada de militares norteamericanos de entrenamiento y todo tipo de facilidades en armas y permisos del oficialismo para aumentar la represión contra presuntos criminales, 2025 cerró con nueve mil 216 homicidios intencionales, una cifra que indica que fue el año más violento en la historia del país y un incremento del 30,48 por ciento en relación al 2024, según datos oficiales.

El informe del Ministerio del Interior revela que la mayoría de estas muertes, más de tres mil 200, fueron de personas de entre 25 y 34 años, y más de dos mil entre 18 y 24 años. El 91 por ciento de las víctimas correspondió a hombres.

El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, en su informe sobre Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador en el 2025, sostiene que los mercados ilícitos en el país están evolucionando y generando amplias “cadenas de valor”. Agrega que el narcotráfico es la principal expresión criminal, seguida de la minería ilegal, pues afirma que se consolidó como el segundo mercado más lucrativo para los grupos criminales.

Sobre la declaración de conflicto interno armado que Ecuador mantiene desde enero del 2024 con el fin de combatir a la delincuencia, el Observatorio sostiene que eso no ha evitado las “fragmentaciones y atomizaciones” de los grupos criminales que se han ido reorganizando durante este tiempo.

“La fragmentación geográfica de las actividades ilícitas va de la mano con la fragmentación interna de las organizaciones criminales que han sufrido procesos de transformación para poder ejercer el control territorial que los diferentes mercados exigen”, dice el informe.

También insiste el Observatorio en que la extorsión se ha convertido en un mecanismo para que las bandas delictivas obtengan más control territorial y gobernanza en puntos estratégicos donde operan los mercados ilícitos. “Las organizaciones criminales usurpan la capacidad del Estado para generar ingresos bajo amenazas y miedo”.

Corrupción y opacidad

Para la abogada ecuatoriana e investigadora doctorada en criminología en la Universidad de Cambridge Karen Sichel, la militarización no es suficiente para aplacar la crisis de inseguridad que enfrenta Ecuador. Cree que el sistema de justicia también es parte del problema pues la corrupción y la opacidad golpean la confianza en el Estado para enfrentar el problema.

“La militarización sin Estado de derecho no lleva a ningún lado (…) y luego Noboa ha optado por el populismo penal donde ha aumentado las penas de ciertos delitos, pero como no ha fortalecido la función judicial eso queda en letra muerta. Los fiscales y jueces honestos no tienen la protección del Estado para cumplir sus competencias, mientras que los fiscales y los jueces que no son honestos tienen completamente el apoyo de las bandas criminales”, dijo Sichel a CNN.

Insistió en que no se están tomando medidas a largo plazo y que no se ha reforzado el Estado de derecho. “Estamos en el peor escenario posible, porque no tenemos la fortaleza del orden del Estado, sino que además, cuando existe caos, matanzas o crímenes, no tenemos una función judicial que esté preparada”, agregó.

Lo cotidiano

Para los habitantes de las zonas ocupadas por pandillas, la violencia se ha infiltrado en la vida cotidiana. El sonido de los disparos es algo de todos los días. Los civiles tienen que dar pagos de extorsión elevados, que estiran los presupuestos familiares y llevan a la quiebra a los pequeños negocios. Estos pagos son una fuente crucial de ingresos para las pandillas, y quien se niegue o no pueda pagar se enfrenta a consecuencias violentas.

La población también está perdiendo la fe en sus supuestos protectores. Muchos sospechan que algunos oficiales militares han sido coaccionados o corrompidos por los grupos criminales que deben combatir. Algunos residentes creen que, en ocasiones, los agentes de policía actúan en connivencia con los delincuentes, enfocando la represión en los rivales de alguna pandilla.  
                 
Las organizaciones de derechos humanos han documentado graves abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, desde tortura y violencia sexual en las cárceles, hasta desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Quienes pueden permitírselo huyen a zonas más seguras.