La securitización del conflicto es la excusa perfecta para incidir en las elecciones colombianas, favorecer a sectores de ultraderecha y desviar la atención de la profunda crisis que atraviesa Ecuador

¿Qué significa que un gobierno latinoamericano hable de bombardeos como parte de su política de seguridad? ¿No es ese, precisamente, el lenguaje que durante décadas ha marcado la grotesca intervención desde Washington? ¿Qué implica para Nuestra América que esa lógica vuelva a instalarse en territorios habitados por comunidades civiles y atravesados por crisis sociales profundas? 

Dice Daniel Noboa, sin ninguna vergüenza, que “hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”. 

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.

Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en…

Que desde el poder se presente el bombardeo como una política de seguridad debería encender todas las alarmas. Combatir al crimen organizado es una obligación del Estado, pero reducir esa tarea a la lógica de la guerra implica normalizar la excepcionalidad, militarizar la vida pública y asumir que la violencia puede resolverse únicamente con más violencia. 

Que un presidente esbirro de Washington como Noboa adopte este lenguaje no debería sorprendernos. Lo verdaderamente grave es que profundiza la subordinación y la vuelve más peligrosa. La nueva tensión entre Colombia y Ecuador es la advertencia de que la lógica militar vuelve a ocupar el lugar de la política en contextos de crisis institucional, violencia generalizada y disputa geopolítica. 

El 3 de febrero de 2026, tras su primera reunión en Washington con Donald Trump, el presidente colombiano Gustavo Petro alertó sobre “decenas de muertos calcinados” en la frontera con Ecuador, en referencia a explosiones ocurridas semanas antes en zonas rurales de Nariño.

Sus declaraciones evidenciaron la posibilidad de que, bajo el argumento de la lucha contra el crimen organizado, se estén desarrollando operaciones militares de alto impacto en zonas fronterizas habitadas por población civil, con participación o respaldo de actores externos. 

Ese tipo de acciones no solo afecta la relación entre dos países. Puede modificar los equilibrios de seguridad en toda la región y reforzar patrones históricos de dependencia militar. 

Esta escalada ocurre además en un momento políticamente álgido y sensible para Colombia. El país atraviesa un nuevo ciclo electoral en el que la seguridad ha ocupado el centro del debate público. En ese contexto, la tensión fronteriza y la narrativa de guerra no solo responden a dinámicas internas ecuatorianas, sino que buscan incidir en la configuración del escenario político regional, fortaleciendo sectores vinculados al uribismo y la ultraderecha y tensionando el proyecto político de Gustavo Petro y la continuidad de la izquierda de la mano de Iván Cepeda. 

Sin embargo, la frontera no arde sola. La raíz de esta escalada está en la crisis que sacude al propio Ecuador que cerró el 2025 como el año más violento de su historia. Las cárceles se transformaron en escenarios de masacres reiteradas. Atentados con explosivos, secuestros, extorsiones y asesinatos políticos comenzaron a marcar la vida pública.

El crimen organizado dejó de ser una amenaza periférica para convertirse en un actor capaz de disputar territorios, condicionar decisiones estatales, alterar la vida cotidiana del pueblo ecuatoriano y hasta ganar elecciones. No en vano, la mayor parte de los cargamentos de cocaína que salen de Ecuador lo hacen ocultos en cajas de banano, negocio histórico de la fortuna familiar del actual presidente. El chiste se cuenta solo. 

Es precisamente en ese contexto de escalada de violencia y debilitamiento institucional donde el Gobierno de Daniel Noboa ha optado por una estrategia de militarización intensiva. Pero esa lógica no se limita al combate al crimen organizado. También está siendo utilizada para perseguir y deslegitimar a la oposición política en un momento en que su gobierno muestra dificultades evidentes para ofrecer respuestas eficaces a la crisis. 

En el mismo mensaje en el que reivindica bombardeos como política de Estado, Noboa menciona a Luisa González, excandidata presidencial y figura de la Revolución Ciudadana, insinuando vínculos con actores criminales. Colocar a una rival política en el mismo marco discursivo que el narcoterrorismo y las operaciones militares introduce una narrativa que convierte la competencia democrática en sospecha y el desacuerdo en amenaza. 

La escalada de violencia avanza además en paralelo a una fuerte crisis económica. Con una deuda pública cercana a dos tercios del PIB, un déficit fiscal creciente y una inversión estatal en retroceso, el gobierno enfrenta un escenario de deterioro social y pérdida de confianza. En ese contexto, la militarización funciona también como una forma de administrar la crisis política y económica, desplazando el debate público desde las dificultades de gobernar hacia la construcción del enemigo y trasladando responsabilidades hacia su adversario histórico, Rafael Correa Delgado. 

Nada de esto ocurre en el vacío. La cercanía de Noboa con Washington refleja la persistencia de una relación marcada por la injerencia de Estados Unidos en América Latina. Desde la Doctrina Monroe, la seguridad regional ha sido definida reiteradamente desde fuera: ayer bajo el anticomunismo, hoy bajo la guerra contra el narcotráfico. 

El precedente del Plan Colombia ilustra los riesgos de esta lógica. La ayuda militar condicionada de Washington provocó desplazamientos masivos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una reconfiguración territorial del negocio de la droga. La violencia no desapareció: se transformó y se desplazó hacia nuevas zonas. 

Hoy, un gobierno incapaz de lidiar con su crisis interna recurre a la militarización y a la construcción de enemigos externos como forma de comprar tiempo político y alinearse con agendas de seguridad que no se deciden en Quito, sino en Washington y Miami. Noboa no conoce la conducción política pero sí sabe de entreguismo y de vender los recursos estratégicos del país que “preside”, pero que evidentemente no es ni nunca será su patria.  

Hace más de una década, frente a la agresión militar ordenada en 2008 por Álvaro Uribe Vélez contra territorio ecuatoriano, que sacudió a toda la región, Rafael Correa lo dijo con claridad: “La patria no se vende”. 

Hoy, esa advertencia sigue vigente.