Finalizados los comicios de la segunda vuelta, Colombia sigue sin tener un presidente de la República. Con una diferencia en el preconteo de 0,95 por ciento entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, equivalente a 246 mil 355 votos, el resultado de las elecciones se definirá en los escrutinios.

El Código Electoral colombiano establece el resultado del escrutinio como el único vinculante legalmente, a través del cual se declara la elección; sin embargo, la estrecha distancia entre las dos candidaturas presidenciales deja en un segundo plano el peso del resultado del preconteo en la declaración de la elección.

El salto de al menos tres millones de votos que logró el candidato Iván Cepeda con respecto a la primera vuelta demuestra que logró desestabilizar los cimientos de una campaña uribista que se mostró reactiva y defensiva a la agenda progresista.

Desde que la Constitución de 1991 estableció el mecanismo de la segunda vuelta para definir el resultado de las elecciones presidenciales, esta es la primera vez que el resultado implica una diferencia tan estrecha entre las candidaturas, lo que ha suscitado una movilización ciudadana de cuidado del voto en los escrutinios que ya se desarrollan en tres mil 217 comisiones escrutadoras ubicadas en las diferentes regiones del país, y después se definirán en la comisión principal, en Corferias, Bogotá.

Aunque las reacciones a esta jornada oscilan entre el reconocimiento político del resultado del preconteo o del escrutinio como definitivo, el Código Electoral delimita un marco legal que llevó incluso al Procurador Gregorio Eljach -quien ha tenido una oposición activa a iniciativas del gobierno de Gustavo Petro-  a reconocer que el presidente tiene razón y es el resultado del escrutinio determinará quién asumirá la próxima presidencia de Colombia.

En ese contexto, la advertencia del candidato Iván Cepeda de no permitir la imposición de una arbitrariedad electoral y la convocatoria a un diálogo nacional cobran relevancia toda vez que la estabilidad de la nación colombiana está en juego y depende de la transparencia de este proceso electoral.

Ante esta compleja realidad política el equipo de cuidado del voto de la Alianza por la Vida enfrenta un desafío sin precedentes: son 53 mil reclamaciones en 42 mil mesas que serán representadas por cuatro mil 934 abogadas apoderadas por la campaña en las comisiones escrutadoras que serán vigiladas por cuatro mil 995 testigas de escrutinios. Se trata de un movimiento masivo de defensa de la voluntad popular que cubren hoy el 95 por ciento de las mesas en total.

Un dato relevante es que para las elecciones legislativas del 2022 el Pacto Histórico recuperó a través de una operación similar 528 mil 105 votos. Eso quiere decir que existen antecedentes recientes que dan cuenta de la posibilidad efectiva de recuperar una cantidad determinante de votos durante el escrutinio.

En cambio, la estrategia del candidato De La Espriella apela principalmente al reconocimiento adelantado de Donald Trump y los gobiernos aliados del arco ultraderechista por encima de la movilización de sus militantes hacia la defensa jurídica del resultado. Muestra de ello es que su primera reacción en redes sociales se haya producido durante una transmisión en vivo con la congresista estadounidense del Partido Republicano, Maria Elvira Salazar, y que solo después del espaldarazo de Trump, el candidato uribista se pronunció públicamente en una pequeña manifestación realizada en Barranquilla.

Si la diferencia no fuese tan estrecha la discusión sobre el resultado de las elecciones se habría saldado con el resultado del preconteo. Sin embargo, el escenario es distinto y deja entrever serias fallas del sistema electoral colombiano. 

Petro ha declarado que tiene evidencia de un cambio en direcciones IP de servidores de la Registraduría Nacional, lo cual significaría que se vulneró el software y personas ajenas a la cadena de custodia electoral tuvieron la posibilidad de escribir datos de mesas y puestos de votación. El mandatario anunció que remitirá a la justicia los servidores modificados con el objetivo de que se haga una auditoría externa al software electoral durante el proceso de escrutinio.

Durante la jornada electoral, el Jefe de Estado colombiano elevó una serie de alertas sobre las irregularidades electorales. Entre ellas, que formularios E-14 fueron subidos a la página de la Registraduría Nacional sin las firmas de los jurados de votación que los diligenciaron; que el transporte público y los semáforos en las zonas de la ciudad de Barranquilla donde existe mayor respaldo al Pacto Histórico, fueron suspendidos; la aparición de tarjetones previamente marcados en mesas de votación de 14 departamentos del país o el bloqueo al acceso a abogadas escrutadoras a la Plaza Mayor de Medellín, donde se desarrollan los escrutinios.

A dichas denuncias se suman las del abogado Miguel Ángel del Río, apoderado por el candidato Iván Cepeda para la defensa legal de su campaña, sobre operaciones de compra y venta de votos en Nariño, Santa Marta; el uso de recursos públicos para hacer campaña en Córdoba, o el impedimento al ingreso de electores a sus puestos de votación en el Chocó.

La legitimidad del resultado dependerá de la respuesta que la organización electoral y la justicia den a estas denuncias que ponen en duda la voluntad del pueblo colombiano expresada en las urnas. Dicha legitimidad será definitiva, aún más allá del cuatrienio venidero, para quien sea declarado efectivamente como Presidente de la República al final del escrutinio. Y también más allá de las fronteras colombianas, pues en estas elecciones está en juego, en buena medida, el destino del continente.