Cierta o falsa, la divulgada incautación de un vehículo presuntamente cargado de explosivos en una vía del suroeste de Colombia es un anuncio del cariz del mandato que se abre con Abelardo de la Espriella: auge de la violencia y de la militarización.

El candidato que fue proclamado triunfador y asume bajo fuertes señalamientos de que hubo movimientos fraudulentos en el proceso electoral que le dio la victoria, ya ha anunciado que dentro del amplísimo recorte institucional que acometerá se encuentra la posible eliminación de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y de las instancias encargadas de velar por los Acuerdos de Paz suscritos entre las exguerrilleras FARC-EP y el Estado, representado por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Ello ha despertado las preocupaciones de la Consejería de Defensa del Pueblo acerca de las garantías constitucionales, al tiempo que algunos de los jefes de facciones insurgentes que se deslindaron de las FARC y se mantuvieron sobre las armas han dicho sentirse amenazados, lo que pudiera explicar la supuesta existencia de los explosivos incautados.

Pero, en cualquier caso, la "socialización" del "hallazgo" justifica con creces el amplio despliegue de vigilancia que rodeará la asunción del presidente, que tendrá lugar finalmente en una universidad pese a que el mandatario prefería una locación militar. Era un modo de señalar el papel esencial que tendrán las "salidas" de fuerza a los conflictos que se mantienen en Colombia pese a la ingente y loable gestión del saliente Gustavo Petro, quien avanzó, pero no consiguió la Paz Total que fue directriz de su programa de gobierno. Eso, y la justicia social, garantía de la estabilidad nacional y sepulcro de la violencia que hace décadas es una pena sobre el corazón del país.

Las decisiones anunciadas indican que De la Espriella podría desconocer lo acordado en 2016 en La Habana, lo que pondría en riesgo la capacidad de los desmovilizados de seguirse insertando de modo ordenado en la vida civil, así como echa por tierra la eventualidad de retomar las interrumpidas negociaciones con el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), y menos aún, la posibilidad de acercamientos con otros grupos armados relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo.

El propio Petro ha advertido que pudieran irse a bolina los avances en materia social conseguidos durante su administración y pese a la oposición de la derecha en el Congreso, y ha exhortado a la ciudadanía a salvaguardarlos.

Entre esos pasos adelante se cuentan, en primerísimo lugar, el Plan de Desarrollo que posibilitó una histórica reducción de la pobreza con la salida de esa condición de dos millones 600 mil personas, y el aumento del salario mínimo, así como las reformas laborales y de pensiones.

De modo general descuella la ampliación de la reforma agraria, acción relevante en una nación donde los conflictos están muy relacionados con la posesión de la tierra, y mediante la que se titularon en este periodo más de un millón 117 mil hectáreas en actos administrativos, y se registraron otras 287 mil 974 hectáreas.

Todo ello explica por qué los votantes del Pacto Histórico, representados para los comicios en la figura del abogado y firme defensor de los procesos de paz Iván Cepeda, constituyen hoy la mitad del país, independientemente de los manejos turbios durante el proceso de cara a la segunda ronda denunciados por Petro, y su cuestionamiento a los aproximadamente y apenas 200 mil votos que fueron certificados de diferencia entre Cepeda y De la Espriella.

Luego de cuatro años de empoderamiento del activismo y los movimientos sociales ligados al Pacto Histórico, podría esperarse de esa oposición una postura que trate de detener la marcha atrás que sobreviene.

Para ello, el Pacto cuenta, además, con la ventaja de ser la primera mayoría en ambas cámaras del Congreso, y la experiencia unitaria de dos comicios que deben haber hecho de esa alianza, un sujeto político fortalecido.