En Estados Unidos existen campos de concentración donde las personas poco importan a sus administradores.

¿Es crueldad o corrupción? Esa es una pregunta que surge siempre que uno se entera de algún nuevo abuso del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, algo que parece ocurrir casi todas las semanas. Y, por lo general, la respuesta es: “Ambas”, plantea Paul Krugman, columnista del diario The New York Times y premio Nobel de Economía.

Lo mismo aplica para las atrocidades que Estados Unidos comete en contra de las personas que migran desde Centroamérica. Ah, y ahórrense la falsa indignación; sí, son atrocidades y, sí, los centros de detención cumplen la definición histórica de los campos de concentración, subraya el analista.

Asegura Krugman que “una razón para estas atrocidades es que el gobierno de Trump ve la crueldad como una herramienta para sus políticas y como una estrategia política: el trato despiadado a los refugiados puede disuadir a futuros solicitantes de asilo y, en cualquier caso, ayuda a motivar a la base racista”.

Dentro del entarimado de la política de la Casa Blanca destaca que los amigos y asociados del presidente también hacen dinero con ello, tanto es así, plantea el experto, que “la mayoría de las personas migrantes detenidas se encuentran en instalaciones que manejan corporaciones que tienen estrechos vínculos con el Partido Republicano”.

Los pagos de favores o recompensas por el “buen servicio” a la causa de Trump se evidencia, por ejemplo, en que hace unos meses, John Kelly, el exjefe de personal de Trump, se unió al consejo de administración de Caliburn International, que dirige el infame centro de detención Homestead para niños y niñas migrantes, el mayor en el país.

Plantea Krugman que esto nos lleva al tema de las prisiones privadas y la privatización en general.

De hecho, los estudios sobre la privatización suelen encontrar que esta acaba costando más que tener a empleados gubernamentales haciendo el trabajo, sostiene el experto, y precisa que los contratistas privados que manejan el negocio pueden diseñar pagos excesivos a una escala que supera los sueños más salvajes de los sindicatos del sector público.

¿Qué hay sobre la calidad del trabajo? En algunos casos, eso es fácil de monitorear: si una población contrata a una empresa privada para que se encargue de la recolección de la basura, los electores pueden decir si, en efecto, se recoge la basura. Pero si se contrata a una empresa privada para prestar servicios en una situación en la que el público no puede ver lo que está haciendo, el capitalismo compinche puede ocasionar que haya un mal desempeño además de costos elevados.

Al establecer una comparación entre las prisiones regentadas por el sector privado y el público (gubernamental), el experto señala que, en efecto, las prisiones que están a cargo de empresas privadas tienen un historial de seguridad mucho peor que las prisiones públicas.

Denuncia el analista que el aumento en las detenciones de migrantes es una importante y nueva fuente de ganancias para la industria de las prisiones privadas, y es una fuerza impulsora detrás de la perversidad de la política fronteriza de Trump. No obstante, el hecho de que los capitalistas compinches cercanos al gobierno se beneficien de esa perversidad seguramente facilita las cosas.

El premio Nobel de Economía subraya, además, que “cada traición a los principios estadounidenses también parece, de algún modo, producir beneficios financieros para Trump y sus amigos”.

En este escenario, Caliburn, la empresa que lucra con la detención de niños migrantes, sirve para que exfuncionarios que pasaron por el gobierno de Trump incremente su fortuna, sin tener en cuenta el sufrimiento de decenas de niños encarcelados en ellas y muchos muertos a causa de las malas condiciones de los recintos.

Causa alarma que miles de niños viven en condiciones penosas como los que están alojados en centros privados como el de Homestead, Florida, una instalación regenteada    por la empresa Caliburn, cuya junta directiva es integrada por John F. Kelly, exjefe del Comando Sur y exsecretario de Seguridad Nacional del actual presidente.

Según críticos de estas empresas y actividades, Caliburn es una especie de ave carroñera de las guerras o grandes tragedias humanitarias, ya que opera en Afganistán, Irak y a través de su filial Comprehensive Health Services (CHS) lo hace fronteras adentro de Estados Unidos.

Esa entidad, según medios estadounidenses, se financia entre otros con créditos del Bank of América que decidió retirarle su apoyo después de enviar emisarios a visitar Homestead, informó el Nuevo Herald de Miami en junio.

Su negocio principal es la administración de centros de detención de menores migrantes, donde viven separados de sus padres.  Estadísticas divulgadas sostienen que del presupuesto federal para estos fines (222 millones de dólares), Caliburn y su subsidiaria cobraron unos 800 mil dólares cada 24 horas, que volcaron a su faena de alojar en condiciones penosas a menores que ingresan sin papeles a Estados Unidos.

Los campos de concentración al estilo hitleriano en Tornillo, Texas, y Homestead, en Florida, alimentados por las redadas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) fueron algunos de los beneficiarios de un presupuesto de al menos 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos para el programa de “Niños extranjeros no acompañados” (UAC) que gasta la Casa Blanca.

Si hay dinero y beneficios, es de esperarse que los favorecidos sean cercanos al presidente Trump, ejemplo palmario el de John Kelly, quien cuatro meses más tarde de retirarse del gobierno se sumó a la multinacional que lucra con los menores migrantes. Son solos pinceladas de un sistema putrefacto.