El martes entró en vigor un aumento que duplica de 25 a 50 por ciento el arancel a todas las importaciones estadunidenses de acero y aluminio. De acuerdo con el presidente Donald Trump, este nuevo golpe ilegal al comercio internacional se debe a que los aranceles previamente impuestos a dichos metales "aún no han permitido que estas industrias desarrollen y mantengan una tasa de utilización de la capacidad de producción necesaria".

En un decreto, el mandatario aseguró que el incremento:

"proporcionará un mayor apoyo a estas industrias y reducirá o eliminará la amenaza para la seguridad nacional que suponen las importaciones de artículos de acero y aluminio y sus derivados".

El problema es que el arancel prexistente no sólo no dio impulso alguno a la base industrial estadunidense, sino que la ha frenado en seco: apenas el lunes, el Instituto de Gerencia y Abastecimiento mostró que el sector manufacturero se contrajo por tercer mes consecutivo en mayo y que los proveedores tardaron el mayor plazo en casi tres años en entregar insumos a las fábricas.

De hecho, la experiencia y el sentido común señalan la flagrante contradicción entre los fines declarados por Trump y los medios que usa para alcanzarlos: el acero y el aluminio son insumos primordiales en cualquier proceso de industrialización o reindustrialización, porque se requieren para levantar las plantas y construir las máquinas que habrán de elaborar los productos finales.

Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció que Washington impondrá nuevos estándares en los aranceles sobre las piezas de aviones importadas a fin de asegurarse "de que quienes comercian con nosotros nos traten equitativamente". Por supuesto que el trato no es equitativo: los países proveedores de la industria aeronáutica venden a Estados Unidos piezas y le compran aviones terminados, los cuales tienen el enorme valor agregado de contratos de mantenimiento y actualización que se prolongan por décadas y significan ingresos constantes para el fabricante. Además, hablar de aviones estadunidenses es hablar de Boeing, compañía que lucha por recuperar la posición perdida por su chapuza criminal en el diseño de los modelos 737 Max, los cuales causaron la muerte a centenares de personas y han padecido incontables incidentes.

Mientras Trump, Lutnick y otros imponían medidas que afectan al planeta en general y a México en particular, en tanto su primer socio comercial, el embajador de Washington en México, Ronald Johnson, propugnó el fortalecimiento de la cooperación bilateral ante los nuevos desafíos globales que, sostuvo, amenazan la infraestructura crítica y la seguridad alimentaria de ambos países. Además de recurrir al espantajo del "peligro chino", el funcionario enfatizó que Estados Unidos y México deben actuar como "aliados estratégicos y principales socios comerciales".

Es decir, que nuestro país debe abrazar la agenda y considerar su aliado estratégico a quien le impone aranceles a capricho y busca desestabilizar la economía y la política mexicanas.

Si el contraste entre el discurso del diplomático y las acciones del gobierno al que representan parece una prueba de esquizofrenia, es porque la disociación de la realidad se ha vuelto omnipresente en el segundo periodo presidencial del magnate. Así lo muestra la publicación en la red social de la que es dueño, donde afirmó que es "extremadamente difícil" negociar con el dirigente chino, Xi Jinping, con quien no necesitaría conducir ninguna negociación si hace ocho años no hubiera emprendido una guerra comercial insensata contra la mayor potencia manufacturera y no insistiera en usar a Beiging de chivo expiatorio por el declive estadunidense.