La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Dra. Agnes Callamard, acusa a Mohammad Bin Salman de ser responsable de un crimen internacional; pero si su exigencia de realizar una investigación internacional no conduce a su enjuiciamiento, obligándolo a rendir cuentas debido al apoyo de la administración estadounidense y de los gobiernos occidentales, entonces la emisión del informe lo acorralaría y amenazaría con arrestarlo en cualquier país occidental, a pesar del apoyo de su gobierno.

En su informe y después de seis meses de recopilación de pruebas e investigaciones, Agnes Callamard concluye que “que existen pruebas creíbles  que requieren de una investigación con altos funcionarios en Arabia Saudita, entre ellos el príncipe heredero Mohammad Bin Salman”; se refiere a un crimen cometido por el estado saudita y que exige una investigación internacional y una de parte de los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos, que estaban al tanto del intento de secuestro de Jamal Khashoggi.

Además, exige una “Jurisdicción Universal” que podría ser adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o el Secretario General de la ONU, son las tres referencias que les incumbe la solicitud de investigación y juicio, pero su decisión de aceptar o rechazar es política y depende al fin y al cabo de la decisión de Estados Unidos y de los países occidentales.

En su señalamiento a la responsabilidad del estado saudita por el crimen, el informe reconoce que es esencialmente un crimen político además de otros cargos jurídicos; en este sentido, Callamard acusa a Arabia Saudita y acusa a Turquía por no cumplir con las normas de investigación judicial; más bien acusa a los países occidentales y Turquía de complicidad con Arabia Saudita porque aceptaron asistir a la corte de Riad en calidad de “testigos”, sin tener derecho a cualquier cuestionamiento, o intervención en las labores del tribunal, ni de decir una palabra tanto en secreto como en público.

Los países occidentales, que ocasionalmente lanzan declaraciones, en realidad intentan endulzar al oyente con sus palabras. Trump expresó de manera áspera la realidad detrás de la decisión de apoyar a Arabia Saudita y Bin Salman, ya sea en lo relacionado con el asesinato de Khashoggi o en lo relacionado con los crímenes de agresión contra Yemen y los derechos humanos en el interior de Arabia Saudita.

Trump declara abiertamente que elude centrarse en los detalles a cambio de seguir protegiendo a Ben Salman a causa de los atractivos negocios y el saqueo de los fondos, y otro motivo que Trump denomina la “asociación” y es la apuesta a Bin Salman en la alianza con (Israel); los otros países occidentales no difieren de Trump en la protección de Bin Salman, salvo que formulan cuidadosamente sus justificaciones.

En estas circunstancias y ante la exigencia de una investigación internacional y la rendición de cuentas conforme con la “Jurisdicción Universal”, los países occidentales parecen cerrar el camino en el Consejo de Seguridad, el Consejo de los Derechos Humanos y la secretaría general de las Naciones Unidas.

Pero el ámbito de la “Jurisdicción Universal” va más allá de los gobiernos y los estados, para ser competencia de los tribunales nacionales en algunos de los países firmantes del “Estatuto de Roma”, como los son los países occidentales; este caso se convierte en potestad del poder judicial nacional, que acepta una demanda presentada por una asociación de derechos humanos para considerar una queja contra crímenes internacionales como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros.

Algunos tribunales nacionales en estos países aceptan demandas a pesar de la decisión política de los gobiernos donde se encuentran radicados esos tribunales nacionales; en este caso, los gobiernos no pueden detener los procedimientos legales o intervenir la labor de la corte; en 1982, algunas asociaciones presentaron una queja ante los tribunales belgas contra Ariel Sharon por las masacres de Sabra y Shatila, y el gobierno belga no pudo revocar la orden del tribunal de arrestar a Sharon en Bélgica, y esto imposibilitó que Sharon pudiera visitar Bélgica por temor a ser arrestado e investigado.

En enero de 2018, Bin Salman se vio obligado a posponer una visita a Reino Unido “indefinidamente” después de que una sociedad británica introdujera una demanda legal en su contra por los crímenes de la agresión contra Yemen; en abril de 2018, una organización no gubernamental en Francia presentó una queja contra Bin Salman bajo cargos de “complicidad en la tortura” en Yemen.

El gobierno francés no pudo más que presionar al fiscal general para posponer la investigación por tres días hasta que finalizara la visita del príncipe heredero a París el 10 de abril y se lograra la firma de un protocolo de acuerdos por un valor de 18 mil millones de dólares.

Esta tendencia hacia los tribunales nacionales contra Bin Salman es muy probable en muchos países; hecho que restringiría el movimiento del príncipe saudita en las capitales internacionales; el informe Callamard no es la vía que pueda lograr la implementación de la justicia internacional en cuanto a la investigación y la rendición de cuentas de Bin Salman.

Sin embargo. el informe respalda la acción que permite acorralar al príncipe heredero, quien se encuentra bajo una presión cada vez mayor, hecho que condujo a concluir en tiempo récord las celebraciones que lo promovían como el hombre de la reforma, la apertura y la modernización en Arabia Saudita.