El asesinato del joven comunero Camilo Catrillanca a manos de fuerzas especiales de Carabineros a fines de 2018, no solo provocó un escándalo que sumió a ese cuerpo armado en una profunda crisis.
Llevó una vez más a la palestra el secular conflicto entre el pueblo mapuche y las autoridades de Chile, del cual no se aprecia una salida salvo que algún gobierno decida asumir soluciones de fondo.
La palabra mapuche significa, en la lengua autóctona de ese pueblo, el mapudungún, "gente de esta tierra" en la cual el apego al territorio originario sobrepasa lo meramente físico para tomar una dimensión histórica, cultural e incluso religiosa.
Precisamente, el conflicto nace del despojo del que fueron víctimas los mapuches, no por los colonizadores españoles que nunca pudieron dominarlos, sino paradójicamente por el propio Estado, siendo Chile ya una nación independiente, y a pesar del aporte inestimable de ese pueblo a la liberación del tutelaje colonial.
Durante el siglo XIX, el Estado buscaba consolidar su soberanía en la sureña zona de la Araucanía y lograr la conquista total del país, pero la nación mapuche, habitante del territorio, se negaba a ceder su patrimonio territorial y cultural.
Entonces, el ejército llevó a cabo una sangrienta invasión y ocupó vastos territorios que posteriormente fueron vendidos a colonos extranjeros, principalmente alemanes e italianos, mientras que contadas comunidades mapuches sobrevivientes recibieron de vuelta sus tierras originarias, pero en calidad de "merced" y aun así también perdieron muchas de ellas ocupadas ilegalmente por extraños.
En 1929, considerado el año en que finalizó la erradicación de la nación mapuche, los indígenas sólo poseían el cinco por ciento de las tierras originarias, equivalentes a unas 500 mil hectáreas, de 10 millones que tenía su nación.
Desde entonces una y otra vez se han producido esfuerzos pacíficos y legales, y también infructuosos, por recuperar su patrimonio, hasta que en 1968, en el denominado Congreso de Ercilla, decenas de organizaciones mapuches acordaron radicalizar sus posiciones dando inicio a las tomas de terrenos por la fuerza.
Si bien en el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), parte de los terrenos fueron devueltos a las comunidades mediante la profundización de una Reforma Agraria iniciada por el gobierno precedente de Eduardo Frei Montalva, con la dictadura de Augusto Pinochet y su apertura al neoliberalismo más rampante, la situación volvió a empeorar y muchas de las tierras recibidas por los mapuches retornaron a manos privadas.
A estas alturas, una solución al conflicto se torna muy difícil pues la recuperación y autonomía sobre las tierras ancestrales es la principal demanda de la nación mapuche, pero gran parte de ellas se encuentra en manos de familias ricas descendientes de los colonos alemanes e italianos, y de grandes empresas forestales que talaron los bosques naturales para sembrar pinos y eucaliptos.
Pero esa no es la única demanda del pueblo mapuche, que reclama también el reconocimiento de su identidad cultural y beneficios económicos por los daños causados durante largas décadas.
A esto se suma, más recientemente, la exigencia de la desmilitarización de esos territorios con la retirada de las fuerzas militares y policiales desplegadas allí supuestamente para combatir el "terrorismo", con el cual se identifica de manera automática cualquier acción que realicen los comuneros mapuches.
Esto fue refrendado por la ley antiterrorista aprobada en 1984, en plena dictadura de Pinochet, mediante la cual los delitos que se consideren como tal reciben condenas más duras e incluso la prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio, sin haberse declarado la culpabilidad o no del imputado.
Decenas de presos políticos mapuches han estado durante meses y años a la espera de juicio, muchos de ellos solo bajo sospecha de haber incendiado propiedades y equipamiento forestal en La Araucanía, aunque las propias autoridades han reconocido que la mayoría de esos actos no han sido perpetrados por mapuches.
Uno de los casos más sonados fue el de la llamada "Operación Huracán", llevada a cabo a finales del segundo mandato de Michelle Bachellet, en la que ocho dirigentes indígenas fueron apresados violentamente, sin mediar orden de detención, allanadas sus viviendas y agredidos sus familiares.
Y la operación terminó convirtiéndose en un enorme escándalo cuando se demostró que había sido todo un montaje para apresar a los comuneros mapuches.
Según numerosas fuentes, más de 20 hombres y mujeres mapuches fueron asesinados desde 2002 hasta la fecha, y muchos más, incluyendo menores de edad, agredidos y heridos con perdigones por las fuerzas policiales.
A lo interno de la sociedad chilena, amplios sectores sociales se identifican con la causa mapuche y respaldan la búsqueda de soluciones que se correspondan con las demandas de ese pueblo, sin que ello implique una fragmentación del país, como pretenden hacer ver quienes se inclinan por mantener el orden existente.
Entre estos, lógicamente, la voz cantante la tienen los sectores oligárquicos chilenos poseedores de gran parte de las riquezas de la Araucanía, conscientes de que sus intereses peligrarían de encontrarse respuestas que satisfagan las demandas de las comunidades mapuches.
La llegada de Sebastián Piñera al gobierno en marzo de 2018 no ha aportado cambios a ese panorama, aun cuando el mandatario incluyó el tema mapuche en lo que denominó como uno de los "cinco grandes acuerdos nacionales", supuestamente para sumir el asunto, como corresponde, desde todas las aristas.
Asimismo lanzó el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, denominado simplificadamente Plan Araucanía y encaminado a mejorar las condiciones materiales de esa región, la más pobre de Chile, aunque no pocos analistas y expertos lo consideran solo un paquete de medidas cosméticas que no profundizan en las raíces del conflicto.
Por una parte, porque los reclamos de los mapuches no se circunscriben solo a ese territorio, y sobre todo, porque a la larga contribuirá a un mayor enriquecimiento de las grandes empresas forestales y no a la solución de las necesidades de las comunidades indígenas, que reclaman las tierras que están en manos de las grandes corporaciones.
Igualmente el discurso piñerista insiste machaconamente en la búsqueda del diálogo y el restablecimiento de la "confianza" entre el pueblo mapuche y el gobierno para avanzar hacia un entendimiento y una paz duradera.
Algo que, si ya se veía muy difícil, se convirtió en prácticamente imposible desde el mismo momento en que el joven Camilo Catrillanca fue asesinado a mansalva por miembros del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros el 15 de noviembre de 2018 y todavía hoy continúa un tortuoso proceso judicial en el cual la justicia parece demorar demasiado en llegar.