La guerra de la empanada
A las puertas de una provocación absurda en la frontera colombo-venezolana que podría desencadenar una de las guerras más sangrientas de la región, la Comisión Primera de la Cámara baja del Congreso de Colombia ha decidido llamar a debate de control político al ministro de Defensa y a la ministra de Justicia del gobierno del presidente Iván Duque.

Viéndolo así, sin otro dato, uno afirmaría que la situación es grave y que el Legislativo neogranadino meterá las manos en la masa. Pero no, no es así.
El motivo del requerimiento de la Comisión Primera a los ministros mencionados no es para tratar la inminente guerra con Venezuela, no. El tema que le preocupa al Parlamento es la venta de empanadas.
Tras una multa impuesta por un policía a un joven por comprar una empanada en la calle, se desató en el país un increíble debate alrededor del derecho al consumo de empanadas.
Según medios de prensa locales, el uniformado se amparó en el artículo 140 del Código Nacional de la Policía, que hace referencia a las ventas ambulantes, para proceder a multar al consumidor ocasional con 270 dólares.
Al conocerse la indigerible multa, la ministra de Justicia declaró que hubo una mala interpretación del Código.
El Parlamento, siempre presto a defender los derechos de los más humildes, ha tomado cartas en el asunto y convocó a los mencionados funcionarios para que expliquen lo que ocurre, teniendo en cuenta que la empanada es casi un símbolo nacional y que ya no es la primera vez que la Policía arremete, incluso con violencia, contra los vendedores ambulantes.
Mientras esto ocurre, el Gobierno sigue sin cuestionamiento alguno sus planes para violentar la frontera con Venezuela y hacer llegar una presunta “ayuda humanitaria” que arribó a suelo colombiano en aviones militares estadounidenses, violando la propia constitución del país.
En la ciudad de Cúcuta, del departamento Norte de Santander, varios aviones militares de Estados Unidos descargaron en los últimos días decenas de toneladas de “ayuda humanitaria” para que Colombia colaborara en su traslado a Venezuela, sin el consentimiento del gobierno de ese país y en franca violación de su soberanía.
No es ocioso recordar las características de la “ayuda humanitaria” que ha ofrecido Washington en los últimos 20 años y cuánto ha representado para sus distintos receptores en muertes y sufrimientos. Somalia, Yugoslavia, Iraq, Haití y Libia, son solo cinco ejemplos de que la “intervención humanitaria” no fue para repartir empanadas, sino plomo y pólvora.
Esperemos que tras ratificarse el derecho a la venta y consumo de empanada, el Congreso colombiano se apreste a evitar una guerra que solo traerá dolor y sufrimiento para Venezuela y Colombia y también para toda la región.