Los sectores colombianos que desaprueban los Acuerdos ganaron el pulso esta vez con 6.431.376 (50,31%); mientras que los que marcaron el Sí en la boleta llegaron a 6.377.482 (49,78%) según cifras oficiales cuando estaban escrutadas el 98,98% de las mesas electorales. Es decir, que por una diferencia de solo 53 894 votos los Acuerdos no quedan refrendados.

 

Después de cuatro años de negociaciones en La Habana y con este resultado, el proceso de paz entra en un camino lleno de incertidumbres.

El cierre del Acuerdo, la firma protocolar en Cartagena de Indias, la actitud honorable y sincera de la guerrilla y sus mandos, el respaldo regional e internacional, la participación de la ONU, el consenso institucional en torno al presidente Santos y las posturas de sus negociadores presagiaban una nueva y sólida posibilidad de que el país dejara atrás la guerra.

 

Sin embargo, casi dos siglos de violencia no se borran con una rúbrica. Mucho menos se borran las ideas y conceptos manejados por la prensa de la derecha oligarca durante los últimos cinco decenios.

 

Los que apostaron por el No, liderados por el ex presidente Álvaro Uribe, montaron una campaña sucia que evitó centrarse en el contenido del Acuerdo y puso énfasis en mentiras e infundios. Se aprovecharon del miedo, los odios y las confusiones posicionados en el imaginario de millones de colombianos, y aprovecharon esa ventaja. Se beneficiaron también del colchón de difamaciones que contra las FARC-EP se ha creado desde su nacimiento y también de sus errores en una guerra muy larga.

 

Alegaron, usando recursos emotivos y soslayando la letra del Acuerdo, que los guerrilleros no tendrían castigos adecuados ni se merecían tener elegibilidad política; y que el presidente Santos había entregado el país al castrochavismo. Argumentos que se presentan insostenibles y estólidos, si no se leen dentro del contexto psicosocial, político y cultural colombiano, donde el uribismo y la desinformación tienen peso y son aliados.

 

Tanto odio se ha sembrado que ni la prensa de derecha cercana a Santos pudo revertir esas percepciones. En tres o seis meses era imposible, mucho menos en un mes. Durante cuatro años el proceso de paz en La Habana estuvo invisibilizado. Evitaron por todos los medios posibles que la guerrilla mostrara su verdadero rostro al país: el de unos colombianos con ideales, propuestas y voluntad de paz y reconciliación. De esta forma se ocultaron también los acuerdos que se venían alcanzando. La prensa santista fue víctima de su propio veneno: la soberbia y la intolerancia. Y en un mes no pudieron revertir décadas de mentiras contra la guerrilla. Ahí están los resultados.

 

A esto se añade la estirpe conservadora de la sociedad colombiana, característica afincada por los años de guerra y su reflejo mediático fruto de un sistema comunicacional monopólico en manos de las élites económicas y políticas bipartidistas que no han dado margen a la alternatividad informativa.

 

Esto explica en parte por qué más de veinte millones de votantes decidieran quedarse en casa antes de manifestarse frente a la disyuntiva de paz o guerra.  Algo aparentemente incomprensible si no se conocen, además, los quiebres morales de un sistema político cuyos pilares están encofrados por la narcopolítica, el fraude, el monopolio bipartidista, el paramilitarismo y la violencia contra toda disidencia política. La abstención confirma la crisis moral.

 

El país está fraccionado y dividido. Seis millones le apuestan a una nueva oportunidad; otros seis millones no aprueban los Acuerdos ni la Paz y unos veinte millones están escépticos. La credibilidad de las instituciones y el Estado hace aguas y no precisamente por los efectos del huracán Matthew cuya trayectoria también afectó la concurrencia a las urnas.

El efecto más inmediato de estos resultados es que se paraliza momentáneamente la implementación de los Acuerdos. Se posponen los cronogramas acordados para la concentración de la guerrilla en las zonas indicadas, el inicio de los períodos fijados para la dejación de las armas y las acciones para la reincorporación a la vida legal, política, social y económica de los combatientes de las FARC, y su tránsito a convertirse en una organización política reconocida jurídicamente.

 

Otro efecto podría deducirse de la exigencia del uribismo para que se renegocian algunos puntos del Acuerdo, algo que parece inviable, pues tanto el Gobierno como las FARC-EP han recalcado que no habrá renegociación.

 

El presidente Santos, al reconocer los resultados del plebiscito, subrayó que como primer Mandatario tiene el deber de hacer todo lo posible por alcanzar la ansiada paz y anunció que el cese bilateral del fuego se mantiene, decisión que fue celebrada por el comandante Timochenko desde La Habana quien recalcó, una vez más, la voluntad de Paz de la guerrilla.

 

Santos anunció también que sus negociadores viajarían hasta la capital cubana para reunirse con sus contrapartes de las FARC-EP y evaluar los próximos pasos para garantizar el cumplimiento de lo pactado.

 

El presidente también hizo un llamado a todas las fuerzas políticas colombianas para entre todos analizar los pasos a seguir en la búsqueda de una solución al impasse jurídico actual.

Según analistas, Santos podría promover, con el apoyo de las fuerzas políticas que apostaron por el Sí, una ratificación de los Acuerdos  en el Congreso, lo que supone un desconocimiento de la voluntad de aquellos que votaron por el No, acción que tendrá determinados costos políticos.

 

Otra vía podría ser la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, opción remota pero que hace colindar los intereses del campo uribista con los de las FARC, aun cuando los propósitos sean distintos.

 

El llamado hecho por el Presidente a las fuerzas políticas colombianas podría hacer avanzar propuestas y soluciones colegidas que eviten un pronunciamiento del Congreso y alejen lo que para Santos no es opción: la Constituyente.  Los términos de esta salida son difíciles de imaginar en este instante, lo que sí es un hecho que una solución de este tipo abriría las puertas para un gran pacto nacional y sería un fuerte precedente para los que aspiran a una Constituyente.

A pesar de que la tristeza de millones de colombianos es evidente, más cuando saben que muchos de esos seis millones de compatriotas que votaron por el No, lo hicieron por confusión o compulsión política y/o económica, el hecho de que otros seis millones de colombianos hayan trascendido el contexto descrito para dar su voto a la paz, es un elemento que se debe leer con optimismo.

 

Toca ahora a todas aquellas fuerzas políticas y movimientos sociales defensoras de la Paz, redoblar sus acciones para seguir difundiendo los beneficios del Acuerdo y explicando la oportunidad que se abre para la sociedad colombiana, que en pleno siglo XXI, sigue siendo víctima de odios fratricidas que encubren intereses mezquinos. La Paz no está perdida, sigue teniendo vida y mucho camino por andar.