En febrero se diagnosticó el primer caso y los números hoy son conocidos. Según cifras oficiales son casi 270 mil los fallecidos contabilizados, pero diversas voces aseguran que otros miles ni siquiera llegaron a las estadísticas.

La pandemia se ha convertido en un peligroso enemigo de la vida y del sistema.

Pero los grupos de poder de la región han priorizado el sistema, intentando evitar consecuencias políticas y económicas que pongan en jaque sus intereses. 

Si se necesitara un símbolo de la desidia y la irresponsabilidad dentro de los grupos de poder derechistas latinoamericanos, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, sería el más representativo. Sin el menor escrúpulo, Bolsonaro ha intentado ocultar la tragedia humana, social y económica que acompaña a la COVID-19. Con igual tendencia a la desfachatez se han movido los gobiernos de Ecuador y Bolivia. 

Otros líderes regionales han sido más sagaces al enfrentar la crisis, aunque igualmente criminales. El colombiano Iván Duque y el chileno Sebastián Piñera han sentido la presión de sus respectivos contextos y de sectores internos que los han obligado a aparentar preocupación.

Con éxitos parciales, han sembrado la imagen de un manejo científico de la pandemia con el respaldo efectivo de los medios de comunicación y del sistema de instituciones estatales subordinadas, mientras que una comunidad científica dividida, silenciada y desfinanciada, poco ha podido hacer para que se escuchen sus criterios y propuestas, con el fin de elevar la percepción de riesgo de la población y los decisores políticos.

Por si fuera poco, los sistemas de salud nacidos del neoliberalismo, con una inequidad extrema en sus niveles de acceso, han sido incapaces de cortar la cadena de contagios y rastrear la huella epidemiológica, en gran medida por su naturaleza desligada de la prevención.

Esta situación, sumada a la desprotección de grandes franjas de población por la existencia de esquemas de seguridad social limitados y ajenos a las mayorías, han lanzado a las calles a millones de personas obligadas a sobrevivir en medio de la pandemia y la informalidad laboral, lo que conlleva a poner en duda las cifras reales de contagios y muertes.

Otra de las víctimas de esta pandemia: la verdad. 

Los medios de comunicación corporativos han sido cómplices del desastre por omisión. Sus casas editoriales, conectadas al poder real, han manejado el problema de forma superficial, exaltando las políticas asumidas por los gobiernos de la región, como si las cifras de contagios y fallecidos fueran intrascendentes o no constituyeran una calamidad. 

Las coberturas de prensa han estado enfocadas en los estragos financieros, en el desempleo, en las políticas asumidas por los gobiernos, en las exenciones fiscales y en las afectaciones económicas del aislamiento. 

Muy poco tiempo o nada ha sido dedicado a indagar el trasfondo de las causas del desastre.

La carrera desenfrenada por alcanzar mayores cifras de respiradores artificiales y camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) fue otra demostración de la crisis de los sistemas de salud de la región. Sin embargo, la prensa presentó la puja por los ventiladores como una acción proactiva de los gobiernos frente a la pandemia. 

Lo cierto es que las escenas dantescas de Italia y España, y el temor a las consecuencias políticas y sociales frente al dilema de llegar a decidir quien vive y quien muere en el umbral de una UCI, impulsaron a estos gobiernos a ampliar las coberturas de respiradores, conscientes de que el propio sistema se encargaría de evitar el colapso, pues los pobres mueren en sus casas.

Las UCI fueron convertidas por los presidentes neoliberales y los medios de comunicación de la región en el patrón de medida del “éxito” de las estrategias de enfrentamiento a la pandemia.

Pero además del ventilador, los países se vieron abocados a otra realidad: dónde ubicarlos y quién las haría funcionar. Sin redes hospitalarias públicas fuertes y sin personal médico calificado para estas eventualidades, la realidad otra vez pasó factura. Pero de este capítulo poco se habló.

Salvo contadas excepciones como Cuba, Uruguay, Costa Rica, y Venezuela, con sistemas enfocados en la prevención y en la calidad científica y con una comunicación social orientada en su mayoría a brindar información veraz, oportuna y útil para alcanzar una percepción de riesgo que implique a la población en el combate efectivo a la pandemia; el resto de los países de la zona han decidido resignarse y sucumbir a las presiones de los grupos económicos y de poder opuestos a los aislamientos preventivos. Los ricos tienen todas las condiciones para esperar a que se desarrolle una vacuna.

Según la CEPAL, la pandemia actual podría llevar la cifra de pobres en América Latina a más de 230 millones de personas, lo que evidencia el fracaso del neoliberalismo y la necesidad de cambios estructurales que permitan una redistribución de la riqueza, donde el derecho a la salud y a la seguridad social sea una realidad.

Por lo pronto, la región seguirá sufriendo los estragos de una enfermedad que ha develado, por enésima vez, las verdaderas entrañas de un sistema que no repara en las muertes ni en los sufrimientos de millones de seres humanos, pues la vida no es su prioridad.