Desde hace tiempo el modelo de intervención de EE.UU. para derribar gobiernos y someter países que no se subordinan a sus intereses, pasa por crear una farsa electoral que muestre una apariencia democrática con la que “legitimar” los cambios en las normas, las instituciones y en la población que aseguren la subordinación a los intereses de EE.UU. y de las oligarquías locales afines.

A diferencia de modelos anteriores donde los golpes de estado venían seguidos de sangrientas dictaduras, en el modelo actual se trata de alcanzar la subordinación de pueblos y países vía procesos electorales que ofrezcan una IMAGEN de LEGITIMIDAD.

Los procesos electorales adquieren así un papel decisivo, un juego en el que el imperio tiene que equilibrar la construcción de la imagen de legitimidad, con la necesidad de asegurar el éxito de sus afines. Legitimidad y manipulación son términos contradictorios, contradicción que se resuelve si entendemos que no se trata de legitimidad en sentido estricto sino de construir una imagen de legitimidad.

Para asegurar el éxito de ese modelo, es necesario contar con un dispositivo que invalide el triunfo de sus oponentes antiimperialistas invalidando las elecciones. En repetidas ocasiones se ha anunciado a priori que no se aceptaría un resultado que no les fuera favorable, El mismo presidente de EE.UU. en plena campaña electoral dijo que si no ganaba las elecciones sería porque existiría un fraude. La receta para el exterior aplicada dentro de los EE.UU.

Los motivos recurrentes para no aceptar un resultado son la falta de libertad y el fraude; uno u otro camino depende de la coyuntura en cada caso, pero ambos motivos tienen en común que quien decide si existen condiciones de legitimidad no es el propio país, ni los mecanismos independientes de evaluación; es el imperio quien dicta unilateralmente sentencia.

No obstante, en aras de no tener que llegar a ese punto, se socavará de todas las formas posibles a los candidatos no deseados criminalizándolos, construyendo imágenes de corrupción (Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador), narcotráfico (Nicolás Maduro en Venezuela) o terrorismo (Evo Morales en Bolivia). El complejo comunicacional en el que intervienen estamentos políticos, institucionales y mediáticos de toda la alianza imperial occidental, se encargará de difundir estas imágenes. Con un público ya adoctrinado, la alianza imperial occidental se auto constituirá en “Comunidad Internacional” y al margen del derecho internacional, respaldará las acusaciones de EE.UU. de forma incondicional, sumisa y acrítica.

Con esas imágenes también se asaltarán las mentes de la población que participará en el proceso electoral para condicionar su voto, al tiempo que se hará responsable al gobierno y a sus dirigentes de las penurias de la guerra económica y de las múltiples agresiones que se lancen contra la población.
En definitiva, se trata de poner en marcha una orquesta que interprete la sinfonía de los golpes parademocráticos.

Una vez tomado el poder, los usurpadores tendrán que actuar con rapidez, poniendo en marcha planes urgentes para introducir cambios que transformen no solo el gobierno sino las leyes, las instituciones y la mentalidad de la gente, recurriendo a todo tipo de formas represivas. Cumplida esta fase y si se considera que existen las condiciones adecuadas para asegurarse el éxito, se convocarán nuevas elecciones, bien entendido que si no se logra, se repetirá el proceso; ese es el caso de Honduras tras el golpe de estado a Zelaya.

Este es el camino recorrido en Bolivia desde las pasadas elecciones. La victoria incuestionable de Evo Morales no fue reconocida por sus adversarios, afines a los EE.UU.; a continuación, so pretexto de un presunto fraude, se pone en marcha un plan de desestabilización del país, con dos protagonistas principales: las milicias paramilitares del fascismo santacruceño y las fuerzas armadas, tanto ejército como policía.

Las milicias paramilitares (no es un adjetivo, es la calificación de la Federación Internacional de Derechos Humanos) asaltaron y saquearon las sedes del partido vencedor y de las organizaciones indígenas que lo apoyaban, sembrando el terror, cometiendo asesinatos, secuestros y violaciones, destruyendo los símbolos indígenas, marcando su profundo carácter racista. Todas estas acciones se llevaron a cabo con total impunidad; la policía y el ejército permanecieron pasivos ante estos crímenes.

Cuando el pueblo que dio la victoria a Evo se movilizó, entonces sí; policía y ejército actuaron reprimiendo cruelmente a la población, especialmente indígena, produciendo innumerables víctimas.
Ante este estado de violencia, Evo intentó abrir un espacio de paz y solicitó un informe sobre la limpieza electoral recurriendo a una institución que no fuera cuestionada por los golpistas: la OEA. Pero esta organización y su Secretario General pusieron en evidencia el sesgo de lo que históricamente se conocía como el «ministerio de las colonias» de EE.UU., actuando en este caso su secretario como gobernador de esas colonias.

De acuerdo con los criterios de EE.UU., el informe declaraba la existencia de un fraude en el recuento electoral a favor de Evo Morales; eso condenó a Evo y abrió la puerta para su criminalización. De nada sirvieron las ofertas de nuevas elecciones y de cambios en la junta electoral. La siguiente fase del modelo injerencista ya estaba en marcha: la criminalización del presidente electo que durante 13 años dirigió el país por un camino de profundas transformaciones que lo sacaron de la miseria y lo colocaron a la cabeza de los logros sociales en el ámbito latinoamericano. Criminalizarlo no sólo lograba sacarlo de la presidencia; permitía perseguirlo, anularlo políticamente y usurpar su cargo para llevar a cabo urgentemente las reformas que devolvieran a Bolivia a las manos de la oligarquía nacional y por tanto a los EE.UU.. El 10 de noviembre, Evo renuncia a la presidencia y sale del país.

Aun así hay que impedir que Evo pueda ser de nuevo candidato y su criminalización da un paso más. La fiscalía del Estado de Bolivia le acusa de terrorismo y financiación del terrorismo y cursa una petición a la Interpol para que dicte una orden internacional de busca y captura. El montaje es tan burdo, que este organismo considera que la acusación es inconsistente y no tramita la orden.

Algo similar ocurre con la acusación de fraude electoral. El 7 de junio de 2020, tres investigadores independientes, Francisco Rodríguez, Dorothy Kronick y Nicolás Idrobo, de las universidades de Pensilvania y Tulane en Estados Unidos, publican un informe que desmiente taxativamente las acusaciones de fraude de la OEA. El “informe de auditoría de la OEA… ayudó a condenar a Morales por fraude… Encontramos que esta evidencia es defectuosa y debe ser excluida”. En la publicación del New York Times se recoge que la OEA usó datos incorrectos para la acusación de fraude en Bolivia. El 16 de junio, el secretario de la OEA acusa al NYT de “mentir, tergiversar, distorsionar…” y el 17, este periódico, nada sospechoso de apoyar la soberanía en América Latina, se ratifica.

Sin embargo, como en el caso de las armas de destrucción masiva en Iraq, desvelar la verdad por sí solo no cambia nada y el plan sigue su curso; la presidenta interina y su gobierno han solicitado préstamos al FMI para endeudar al país, se han revertido tierras y concesiones mineras a grandes empresas, ha crecido el desempleo, continúa la represión y la censura…

Sin duda se ha generado un importante rechazo social, al que ha contribuido la mala gestión de la pandemia; pero de lo que se trata es precisamente de que la voluntad popular sea sometida. Ya no podemos hablar de elecciones, sino de procesos electorales altamente contaminados, como instrumentos de dominación.