Todo está en su lugar para una elección legislativa determinante en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó las auditorías de las nuevas máquinas de votación, la instalación de las mesas electorales, ya se encuentran los veedores electorales internacionales, invitados especiales, como Evo Morales y Rafael Correa. En total son 277 diputados y diputadas a ser electos, ampliando los 167 actuales, para lo cual participan 107 partidos.

El país llega a la jornada electoral en un escenario de calma política en superficie. Era un objetivo difícil de lograr, en un año marcado por la pandemia, una cuarentena en una economía en recesión y bajo bloqueo, el intento de un desembarco en mayo de mercenarios en la denominada Operación Gedeón, y elecciones en Estados Unidos, con la necesidad de Donald Trump de consolidar el voto en Florida, lo que significaba un aumento de presión sobre Venezuela.

Durante el año tuvo lugar el avance de la reconfiguración del tablero político, con el incremento de una oposición heterogénea dispuesta a participar electoralmente, consolidando un bloque de partidos que se formó en cuatro tiempos, alejándose de la estrategia golpista: primero fueron quienes participaron en las presidenciales del 2018, luego aquellos que formaron la Mesa Nacional de Diálogo en septiembre del 2019, en tercer lugar, quienes protagonizaron la disputa en la Asamblea Nacional en enero del 2020, y, finalmente, las diferentes rupturas que se sucedieron en estos últimos meses.

Así tomó forma lo que pasó a denominarse la oposición democrática, o, la oposición colaboracionista, visto desde lado de quienes sostienen la estrategia golpista del gobierno paralelo. Este sector, por su parte, encabezado formalmente por Juan Guaidó, quedó desplazado del centro político nacional, sin capacidad de reconstrucción de expectativa, con una reducción marcada de su base social. Su última carta, para este año, y tal vez en perspectiva, es la denominada “consulta popular” que será realizada, según los anuncios, de manera virtual del 7 al 12 de diciembre y, ese día, también será presencial.

La “consulta” será un mecanismo para buscar refrendar la “presidencia interina” en manos de Juan Guaidó o de algún posible recambio en su lugar. Si bien dentro del país el llamado no parece haber tenido eco, tiene el respaldo público del gobierno estadounidense que, en días recientes, ha vuelto a condenar la elección legislativa y ratificar su respaldo a Guaidó.

Pero, se sabe, se trata de los últimos meses de la administración de Trump, quien condujo una estrategia contra el gobierno de Maduro a través de una combinación de bloqueo económico, cerco diplomático, intentos de acciones de fuerza, puesta de precio a la cabeza de la dirección del chavismo, y un constante error de cálculo sobre la correlación de fuerzas interno, cuyo mayor exponente fue Guaidó.

La fallida estrategia de Trump ha dado como resultado una serie de cuestionamientos en Estados Unidos, que podría llevar a la administración de Joe Biden a cambiar de forma de abordaje, siempre con el mismo objetivo: un cambio de gobierno. Es entonces probable que, aunque exista un sostenimiento de la figura del “gobierno interino”, haya una modificación que permita un diálogo al cual no solamente está dispuesto el chavismo, sino también la oposición política y empresarial, que condena el bloqueo.

Por el momento el foco central está puesto en la contienda del 6. Maduro repitió en tres oportunidades que, en caso de perder, dejaría la presidencia. Su anuncio puede ser interpretado como un llamado al voto, tanto para la oposición como para el chavismo, en un contexto donde uno de los debates centrales es cuál será la tasa de participación. En la elección presidencial de mayo del 2018 la tasa fue de 46,1 por ciento, con 6.245.862 votos para el chavismo, en un escenario marcado por el llamado a no participar por parte de una oposición mayoritaria.

Las elecciones legislativas en Venezuela tienen, por lo general, una tasa de participación más baja que las presidenciales. La última contienda, del 2015, ganada por la oposición, había sido atípica, con 73,1por ciento de participación. La derecha estaba entonces unificada en la Mesa de la Unidad Democrática, la situación económica marcada por el desabastecimiento de productos de primera necesidad, el salario para diciembre de ese año era alrededor de 18 dólares, y se trataba, en general, de una sociedad mayormente movilizada.

Los cinco años transcurridos desde entonces fueron profundamente complejos, con la acusación de “abandono de cargo” hecha a Maduro desde la Asamblea Nacional desde el 2016, el intento de asalto al poder en el 2017, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, operaciones armadas, un bloqueo en escalada sobre áreas estratégicas de la economía, inflación seguida de hiperinflación e inflación alta, creación de una ficción de gobierno paralelo, dolarización de facto de amplios sectores de la economía, migración masiva con las consecuentes remesas, descenso del salario a dos dólares, hasta llegar a este diciembre, con esos cinco años marcados sobre el cuerpo social.

Pero también en esos años el chavismo realizó un proceso de consolidación de lo que se conoce como maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, que, articulada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, así como un conjunto de políticas sociales, afianzó su presencia en los territorios del país, en particular en zonas populares donde la oposición no suele tener presencia.

Esa maquinaria será clave durante estas elecciones del domingo donde estará en juego más que el poder legislativo, sino la posibilidad de asentar la reconfiguración del tablero nacional, con sus consecuencias internacionales y económicas.