La decisión de Estados Unidos de “extraditar” hasta su territorio a Alex Saab, detenido desde hace 16 meses en Cabo Verde, obligó a la delegación de Miraflores a levantarse de la mesa de negociación establecida con la derecha venezolana. 

Mientras, varias voces del ejecutivo condenaron la medida, catalogada como un secuestro, líderes de la oposición la celebran a voz en cuello. La premeditación es evidente y sus efectos en la negociación fueron calculados. 

Venezuela sigue siendo hoy el fiel de la balanza que define la disyuntiva en la que se encuentra América Latina y el Caribe: subordinación a Estados Unidos o integración latinoamericana. Dilema que alcanzó niveles impensables para Washington desde la irrupción de la Revolución Bolivariana en el escenario regional.

Desde entonces hasta la fecha, el derrocamiento de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha sido un objetivo de los sucesivos presidentes estadounidenses.

Las patas de la mesa

La voluntad de diálogo de la Revolución Bolivariana ha quedado demostrada en diversos momentos de su historia. Antológico fue el llamado de Chávez, crucifijo en mano, a la unidad y el diálogo tras sufrir el golpe de estado en el 2002.

Sin embargo, todos los esfuerzos por encontrar salidas políticas a las tensiones entre el gobierno chavista y la oposición ultraderechista han terminado en un rotundo fracaso debido a la intransigencia de la derecha y la intromisión de Estados Unidos.

La oposición venezolana no ha logrado articular una alternativa política al chavismo. Sus fracasos electorales, las rencillas internas, los protagonismos, la colisión de intereses personales, económicos y políticos han impedido que las distintas corrientes antichavistas construyan una estrategia coherente y eficaz contra el gobierno.

Frente a tanta frustración, los recursos violentos se han convertido en sus instrumentos preferidos. Las protestas cargadas de odio fascista y la invasión militar mercenaria han estado también en el inventario de acciones de estos sectores.

Otro elemento que subyace en el fracaso opositor es la transversalidad del padrinazgo de Estados Unidos y su aliado Colombia en las dinámicas de los grupos opositores venezolanos. 

El cordón umbilical que alimenta a la oposición venezolana nace en Washington y pasa por Bogotá, y aunque paradójicamente esta dependencia debía unirlos, se mantienen fraccionados. La resistencia de la Revolución y las preferencias e intereses estadounidenses les ha propiciado un desgaste inmenso que los conduce, cíclicamente, a espacios de confrontación y negociación.

Este es el caso de la negociación actual que transcurre en México, suspendida por el momento tras el secuestro de Alex Saab.

Desde el primer momento, la delegación del Gobierno sabía cuáles eran las patas que sostenían la mesa: por un lado el gobierno, el facilitador Noruega, el anfitrión México y como contraparte Estados Unidos representado por la oposición, por más que quieran negarlo, pues la agenda negociadora trasciende a la oposición.

¿La paz o el poder?

El fracaso del plan Guaidó, cargado de aberraciones políticas y legales, de pillaje y torpezas bananeras; la salida de Trump de la Casa Blanca; la demostración de fuerza dada por la Revolución en su resistencia a las agresiones; y los cambios regionales condujeron a una coyuntura cuya salida en el corto plazo era una mesa de diálogos.

A esa mesa los actores llegaron con objetivos diversos. Para los más radicales de la oposición, nada animados con este paso, la intención era ganar tiempo y  evitar un desgaste mayor con su ausencia, conscientes de que Estados Unidos jugaría sus cartas con el fin de contribuir a un escenario electoral más favorable a la derecha y eventualmente torpedear cualquier acuerdo que fortaleciera al gobierno.

Los sectores moderados buscaban un entendimiento que facilitara la salida del atolladero al que fueron conducidos por la terquedad criminal de los radicales y, por otro lado, quebrar la solides del gobierno y ganar en reconocimiento, lo cual les agenciaría mayor credibilidad frente a los votantes de derecha. 

El gobierno por su parte, con la sola instalación de la mesa ratificó su legitimidad y, una vez más, lanzó a la “comunidad internacional” un mensaje: el gobierno de Venezuela es uno y lo conduce Nicolás Maduro. 

La delegación gubernamental tenía un mandato claro: la consecución acordada de un clima de paz que fortaleciera la gobernabilidad y diera paso a la recuperación económica del país. Para lo primero y lo segundo la derecha debía renunciar a la violencia y entrar en el juego político-electoral establecido en el marco legal venezolano. Para lo tercero, Miraflores sabe que la decisión no está en manos de la oposición, sino de Washington, el principal interlocutor del gobierno en la Mesa. 

El levantamiento de las medidas de bloqueo económico y la recuperación de los bienes y recursos robados al estado venezolano por Guaidó, otros representantes de la derecha e incluso países como Estados Unidos y Reino Unido, constituye una prioridad para Caracas.

Los diálogos apuntaban a poner en evidencia la responsabilidad de estos actores en la situación económica que vive el pueblo venezolano, lo que significaba la sepultura política de la ultraderecha venezolana.

Al mismo tiempo, Estado Unidos debía impedir que sus aliados se levantaran de la Mesa, con el fin de evitar un mayor costo político. Aquí aparece entonces el secuestro de Saab y la ansiada y eventual ruptura de las negociaciones.

La apertura del proceso legal contra Saab busca desprestigiar la Revolución Bolivariana e influir en el clima preelectoral. Para la ultraderecha venezolana representa una huida hacia delante que en términos estratégicos no le aporta mucho. Es un analgésico con efectos limitados. Lo que sí es cierto, es que tanto la contrarrevolución como Estados Unidos han logrado ganar una cuota de tiempo en medio de la negociación.

Miraflores, aunque anunció la suspensión del diálogo en la capital mexicana, debe estar evaluando sus próximas acciones. En Venezuela están detenidos seis ciudadanos estadounidenses cuyos familiares han manifestado sus críticas a la administración Biden, a la que señalan de no hacer todo lo posible por encontrar una solución para que regresen a casa.

El camino otra vez ha quedado claro. La ultraderecha, dividida y desprestigiada, corresponsable de los desmanes humanos y económicos que han causado las medidas de bloqueo y de guerra económica de Estados Unidos, no tiene posibilidades reales de tener un triunfo en las elecciones regionales venideras del 21 de noviembre y evitará por todos los medios que ese proceso sea respaldado en las negociaciones de México y legitimado tras su desarrollo.

Otra derrota de la ultraderecha venezolana en unos comicios reconocidos por actores como la Unión Europea, daría al traste con los planes de Estados Unidos de sacar al chavismo del poder y confirmaría, por enésima vez, la vitalidad de la Revolución Bolivariana, su legitimidad y su compromiso con la paz y la soberanía del país.