En su reciente visita a Colombia, António Guterres celebró distintos actos para tomar el pulso al proceso de paz. Entre esos, el más íntimo, reservado y emotivo fue el que tuvo con un grupo de víctimas del conflicto armado que vivió esa nación.

Noticias de la ONu ha publiado las notas del encuentro en homenaje al Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, para recordar que las víctimas deben estar en el centro de todos los procesos de paz.

“Las víctimas son la razón más importante de la presencia de la ONU en Colombia. Cuando hablamos de la guerra y la paz, no hablamos de ideas o conceptos abstractos, hablamos de la gente que sufre, sobre todo hablamos de los que murieron, de sus familias, de sus amigos; y hablamos de otros que fueron victimizados de muchas otras formas, dijo el secretario general de la Organización Antonio Guterres, a un grupo de víctimas del conflicto armado colombiano.

Con estas palabras, el Secretario General de la ONU abrió el que fue su acto más íntimo, reservado y emotivo de todos los que mantuvo durante su visita al país suramericano para conocer el estado de salud del proceso de paz; una visita que se produjo cinco años después del Acuerdo de La Habana, que selló una guerra de más de cincuenta años.

Allí estaba el sacerdote jesuita Francisco De Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, entidad que apoyó la celebración del encuentro.

Entre ambos, se sentaba un grupo de doce víctimas, seis a cada lado, cuyas voces reflejaban un ángulo distinto del dolor en el poliédrico conflicto de Colombia, pero también la arista universal de la esperanza y la resistencia.

“Su presencia aquí, al lado de las víctimas del conflicto, dice todo lo que significan las Naciones Unidas en Colombia y en el mundo: la apuesta de la humanidad por las personas que han sufrido las consecuencias de la guerra”, señaló el padre De Roux.

El frío suelo de una de las salas del Museo Nacional, donde se reunieron, está construido con el metal fundido de las 8 994 armas entregadas por las FARC-EP a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Se trata del contra-monumento “Fragmentos”, ideado por la artista Doris Salcedo con la intención de promover el diálogo y la reflexión en un espacio que representa, de forma desnuda, el inevitable vacío y la ausencia que deja la guerra.

Isabela Vernaza, la primera víctima en hablar,  fue secuestrada junto a su esposo y sus dos hijos por el ELN el 30 de mayo de 1999 en la Iglesia La María de Cali, en lo que constituyó el mayor secuestro colectivo que ha vivido el país.

Isabela, como todas las otras víctimas presentes en la sala, apostó por la paz cuando dijo: “Mi dolor no es único, el otro tiene su dolor y, en esa medida, reconociéndonos, podemos reconciliarnos y trabajar unidos por el país”.

 Ángel Alberto Morera, excombatiente reclutado por el ELN cuando era un niño y después militante en las FARC manifestó “Soy consciente de lo cruel y duro que es, y no quisiera que otros jóvenes en mí país lo vivieran. No somos máquinas de guerra. Si nos brindan herramientas y nos dan una oportunidad, podemos construir la paz. Como persona en proceso de reincorporación lo sé. Hay hijos que han nacido después del proceso de paz y no quiero que vivan lo que yo viví”, reflexionó.

“A la ONU, le pido que no nos abandone. Nuestras manos están manchadas, pero queremos remediarlo, tenemos la capacidad. Dennos la capacidad de construir. No más niños para la guerra; es algo cruel”, dijo. Y emocionado, añadió: “Pido perdón a las víctimas porque, cumpliendo órdenes, yo cometí errores”.

Por su parte, Yessika Hoyos Morales habló de su padre asesinado y cómo ella sigue recibiendo hoy amenazas por su compromiso como lideresa social y abogada de derechos humanos.

“No quiero que mis hijos vivan lo que yo viví”, afirmó. “Las víctimas de crímenes de Estado respaldamos el acuerdo de paz. Esto nunca más debe volver a ocurrir”.

Esteban Hernández, campesino torturado por los paramilitares y sobreviviente de dos matanzas, una perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia, la otra por las FARC-EP, advirtió “desafortunadamente, en la guerra, el campesino es el que pone los muertos. Dios me tiene vivo para contar esta historia y para que las familias sepan cómo murieron sus familiares”.

“Quiero destacar que gracias a la firma del Acuerdo de Paz y a la Comisión de la Verdad hemos llegado a hablar, y ese es un camino para la paz en donde todos podemos aportar”, declaró. Lo que más le preocupa es que en su región, en el Catatumbo, no cesa la violencia. “La gente dice que es a causa del narcotráfico, pero yo digo que no es el narcotráfico, sino el Estado que no es capaz de dar empleo”, indicó.

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Aida Quilque, cuyo esposo fue asesinado por agentes de la fuerza pública, que le acusó de pertenecer a las FARC-EP, siendo mentira. Premio Naciones de Derechos Humanos en Colombia este año, estaba en el encuentro como líder del Consejo Regional Indígena del Cauca. “Los indígenas somos víctimas milenarias, víctimas del conflicto armado, pero también del posacuerdo. Víctimas porque nos siguen matando, porque se ha incrementado el reclutamiento de niños y jóvenes, porque el asesinato es sistemático en el país”.

“No es cierto que, con el acuerdo de paz, se haya acabado la guerra. Este Gobierno es responsable del recrudecimiento de la guerra y necesitamos su acompañamiento”, dijo dirigiéndose al Secretario General.

Mientras, Diego Ignacio Gómez, un militar víctima de una mina antipersonal FARC-EP, que le arrancó la pierna derecha durante labores de desminado.

“Agradezco a la Comisión de la Verdad por los esfuerzos para visibilizarnos e incluirnos en los espacios de escucha” en los que había podido expresar libremente lo vivido junto a muchos de sus compañeros. 

Una excombatiente de las FARC-EP que firmó el acuerdo de paz en 2016 y cuyo esposo, también excombatiente del mismo grupo, fue asesinado en 2019 “por las disidencias”. El propio António Guterres lo conoció en una visita anterior a Colombia.

Argumentó “Los grupos de disidencias asesinaron a mi esposo. Por eso hoy estoy aquí como víctima, pero más que eso, estoy como la voz de esas familias de los más de 300 excombatientes asesinados después de la firma de los Acuerdos de Paz”, aseguró.

“Quiero traer a este espacio la voz de esos niños que inicialmente se llamaron los hijos de la paz y que ahora son los huérfanos de la paz. Son cerca de 350 hijos que engrosan esas listas de una guerra que no pidieron”.

También se refirió a los aproximadamente ocho mil hijos de excombatientes nacidos durante estos cinco años, de los que afirmó “es triste ver como pagan el estigma de sus padres”. Entre ellos, los hijos de Luz Marina, que “no pueden tener una vida normal como cualquier otro niño”.

También, una afrocolombiana que ha resistido y aún resiste distintos tipos de violencia. Tras empezar en 2007 a denunciar y documentar la violencia sexual contra las mujeres afrodescendientes sufridas durante el conflicto, fue sujeto de hostigamiento, amenazas y un intento de asesinato que le obligó a huir a los Estados Unidos. Además, tiene un hermano desaparecido.

“Busco a mi hermano desaparecido hace 22 años. Soy víctima por el asesinato de mis familiares. Soy parte de una organización de víctimas afrodescendientes del conflicto armado. Nos organizamos para hacer visible la tragedia que vivimos y exigirle al Estado el enfoque diferencial en el capítulo étnico”, explicó.

Para ella, el acuerdo generó muchas expectativas en la sociedad y en los pueblos afrodescendientes más afectados por la violencia armada. Sin embargo, siente que existe un incumplimiento por parte del Gobierno, y que se recrudece la violencia por el rearme y por la reconfiguración del conflicto.

“Existe un deterioro social, familiar y comunitario. Hay una destrucción de nuestras prácticas y existe una política de exterminio”, dijo.

Otro ángulo del dolor llegó de la mano de Jacqueline Castillo, víctima de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Estado colombiano y representante legal de la organización Madres de los falsos positivos, como se conoce en el país el hecho de que Ejército Colombiano comenzara a matar civiles a los que hacía pasar por guerrilleros con el objetivo de recibir remuneraciones económicas.

El hermano de Jacqueline, Jaime fue uno de esos casos. Como muchos otros jóvenes, desapareció en 2008 con falsas promesas de trabajo, y apareció muerto con la etiqueta de guerrillero.“Hoy podemos probar que fue sistemático y no casos aislados”, indicó.

Leyner Palacios, actualmente comisionado de la Comisión de la Verdad y víctima de múltiples hechos dolosos entre ellos la matanza de Bojayá, en el departamento del Chocó durante un enfrentamiento entre las FARC-EP y las Autodefensas Unidas de Colombia, en la que murieron al menos 96 civiles, de los que 28 eran familiares suyos. Declaró que ha tenido que salir huyendo de un lugar a otro hasta en seis ocasiones, dijo: “No perdemos la esperanza a pesar de la turbulencia. Hoy estamos en un estado de guerra y postración que no comprendemos. Pareciera un castigo por apostarle a la paz.

Hemos perdido 152 jóvenes en Quibdó. Voy a Bojayá y veo la frustración de jóvenes que han perdido esperanza, ¿Cómo decirles que la mantengan cuando yo tuve que salir de mi territorio? No tengo cara para pedirle más a la ONU, nos han ayudado mucho, se están haciendo muchas cosas, pero créanme que si no hacemos más estamos perdidos”.

Tras escuchar todas estas declaraciones, António Guterres, expresó su “profunda solidaridad” y quiso destacar que, a través de todos esos testimonios, podía comprenderse como, en muchas ocasiones, quienes parecen en principio enemigos, son al final víctimas también.

Luego, señaló la necesidad de no quedarse solos y ofreció la ayuda de la ONU para aliviar todo cuanto sea posible de ese dolor.

“El sufrimiento cuando estamos solos es mucho más difícil que en grupo. Las Naciones Unidas deben hacer todo posible (…) para que la gente de distinta naturaleza se encuentre y comparta sus preocupaciones”.

El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, un día que nos recuerda la prioridad que las víctimas de los conflictos deben de tener en los procesos de paz.