Han transcurrido más de tres décadas de la innecesaria y cruel invasión a la República de Panamá, por parte de desmesuradas fuerzas militares  de Estados Unidos, que masacró a cientos de panameños imposibilitados de rechazar y resistir semejante embate y derroche de poderío contra una nación pequeña carente de ejército, pero con un arraigado sentimiento antiimperialista cultivado en décadas de luchas reivindicatorias por alcanzar la plena soberanía de su territorio y la legítima devolución del Canal de Panamá y la reversión soberana de partes de su territorio ocupado por miles de soldados norteamericanos asentados en bases militares dispersas por el espacio panameño.

Fue una agresión premeditada, estudiada, ensayada durante meses para someter a un pueblo, con el pretexto de capturar al general Manuel Antonio Noriega, sindicado de tráfico de drogas, aunque la propia DEA,  agencia estadounidense encargada de enfrentar ese actividad criminal, había emitido decenas de reconocimientos a las Fuerzas de Defensa de Panamá, por su útil desempeño, durante años, en desarticular operaciones de ese tipo.

Los invasores conocían en detalles los movimientos del perseguido, tenían infiltrada su seguridad, podían realizar una acción dirigida únicamente a su captura, pero no podían tolerar que el 16 de diciembre asumiera la conducción política de la nación al frente de los Corregimientos y continuara en su confrontación con Estados Unidos.

Prefirieron enviar un mensaje de pavor a toda la población panameña y más allá. Para ello bombardearon el país con el empleo, a manera de experimento, de medios modernos de aviación como los míticos “invisibles” de última generación. Fue un acto de terrorismo de Estado de la administración republicana de George H.W. Bush, quien había sido el Director de la CIA, cuando el asediado Noriega, colaboraba con esa agencia de espionaje y subversión.

La invasión el 20 de diciembre de 1989 fue un acto criminal no provocado, injustificado, sus principales víctimas fueron los barrios pobres como el masacrado Chorrillo, genocida e inusual que la primera potencia del mundo lanzó contra un pueblo carente, como se precisó, de medios de defensa y de radares, cuando las tropas panameñas estaban divididas, penetradas y desmoralizadas luego de cuatro años de ablandamiento mediante guerra híbrida.  No fue una guerra sino una masacre.

Los intentos de golpes de Estado en su contra fracasaron, la llamada Cruzada Civilista Nacional, creada con el auspicio del llamado “proyecto golpe” interdepartamental de Estados Unidos, con el experto en esas lides John Maisto al frente, erosionaba y desestabilizaba al país de manera sistemática durante varios años, con manifestaciones e incitaciones a la desobediencia civil, que intentó la fractura de las Fuerzas de Defensa con la defección de sus mandos medios y altos.

Las Fuerzas de Defensa de Panamá solo contaban con 2 500 unidades militarizadas, precisamente por el interés norteamericano de instalar la imagen internacional de que los panameños no estaban aptos para preservar la seguridad del Canal de Panamá, por lo tanto la presencia militar de Estados Unidos era una exigencia para permanecer más allá del año 2000, cuando el reloj de la descolonización anunciara el paso soberano del Canal a sus legítimos dueños. Mientras, las fuerzas invasoras con 40,000 hombres y mujeres fogueados en agresiones  precedentes como la invasión a la pequeña y desarmada isla de Granada en 1983.

Retrospectivamente, la invasión con una visión histórica y estudiada desde diferentes aristas, sin lugar a dudas, fue un acto de cobardía contra un pueblo tradicionalmente pacífico, con el objetivo de deshacerse de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, los cuales debían cumplirse, como dijimos,  el 30 de diciembre de 2000 y perpetuar su presencia militar.  

La invasión fue, además un crimen de lesa humanidad violatorio de los principios más elementales del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, se cometieron violaciones y vejaciones contra los miembros de las Fuerzas de Defensa, que fueron prisioneros de guerra con un estatus de protección y respeto claramente definido para los tiempos de confrontación bélica.

En fosas comunes fueron enterrados cientos de panameños, sin identificación individualizada previa, que con el paso del tiempo se han descubierto, con el horrendo hallazgo de haber sido toscamente quemados antes de la inhumación.

Las víctimas panameñas, según la voz autorizada y documentada de la Comisión presidida por Ramsey Clark, ex Fiscal General de Estados Unidos durante la administración demócrata de John F. Kennedy,  sobre la Invasión a Panamá, oscilan entre 4 000 y 6 000 muertos, sin contar heridos estimados en más de 45,000 heridos, que produjeron secuelas físicas  y mentales, además de multimillonarias pérdidas en apenas tres semanas de enfrentar una digna pero modesta resistencia. A estos horribles efectos hay que sumar los desaparecidos y los inhumados en fosas comunes desconocidas dispersas por todo el territorio.

Además, los invasores toleraron el pillaje, saqueo y desorden generalizado en todo el país como método para distraer a la población de la masacre en curso. Es imposible resumir todos los hechos de la injusta invasión, que para mayor hipocresía se le denominó “Justa Causa” por los agresores y la humillación del general estadounidense Marc Cisneros, quien dijo que cuando se iniciara el ataque él estaría bebiendo una cerveza y al terminar esta estaría aun fría, como ejemplo del desprecio por el adversario indefenso que enfrentaría.

El 16 de diciembre de 1969, un golpe de la CIA derrocó a Omar Torrijos Herrera, mientras se encontraba en México.  El militar regresó a Panamá, con el apoyo del entonces jefe militar de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, el oficial  Manuel Antonio Noriega. El golpe de la CIA fracasó gracias a Noriega, y Torrijos en reconocimiento a ese gesto,  proclamó el 16 de diciembre como “Día de la Lealtad” en honor a este militar. Había resistencia a la junta cívico-militar que gobernaba. 

Entonces, Torrijos anunció que los militares se unirían al pueblo en una “Yunta Pueblo-Gobierno” y designó a Manuel A. Noriega como enlace de Inteligencia panameña con Estados Unidos. Para él se le hacía imposible desempeñar ese papel después del golpe de Washington, empeñado en derrocar a los movimientos de jóvenes militares de mandos medios que había promovido cambios presidenciales de corte nacionalista en Panamá, Perú y Ecuador. Torrijos, hizo más, eliminó la oficina permanente que la CIA mantenía en los cuarteles. 

El entonces Noriega, estaba relacionado con la CIA desde sus años en la Escuela Militar de Chorrillos de Perú, pero también fue estudiante del Instituto Nacional, cantera del recio nacionalismo panameño. Aunque colaboró en misiones internacionales con agencias de espionaje de Estados Unidos, también propició acciones progresistas a favor del derrocamiento de la dictadura dinástica de los Somoza en Nicaragua y a la consolidación de los cambios en Granada dirigidos por Maurice Bishop.

Al finalizar el día 19 de diciembre de 1989 el entonces presidente George H. W. Bush, anunció al mundo, desde la Casa Blanca, que daba inicio a la invasión a la República de Panamá para detener a su presidente, el general Manuel Antonio Noriega. Nadie podía creer que en vísperas de las fiestas navideñas, que convidan a la paz y la felicidad, la mayor potencia del mundo invadiera a un país pequeño, mal armado e históricamente aliado, solo para detener a una persona.

Desde 1903 la zona del canal con el propósito de permanecer allí indefinidamente, Panamá fue saturado con más de una docena de bases militares dislocadas a las puertas de su capital, en el océano Pacífico y en el Caribe.

Desde la Segunda Guerra Mundial ocuparon ese territorio el Comando Sur estadounidense, el Centro de Comando para espionaje de Latino América y la contrainsurgencia, elementos imprescindibles para sus apetencias hegemónicas. El hermano pueblo panameño derramó su sangre más de una vez  en contra de la presencia militar norteamericana.

En 1977, el general Omar Torrijos Herrera como Jefe de Gobierno de la República de Panamá y James E. Carter como Presidente de los Estados Unidos, firmaron nuevos Tratados donde acordaron la devolución a Panamá del control del Canal, el cierre de las bases militares y la salida de todos los soldados estadounidenses. Paralelamente se concertó un calendario para llevar a cabo la transición antes del año 2000, pero se condicionaba la defensa de la vía de manera conjunta, con la posibilidad de intervenir militarmente Estados Unidos, si la operación del canal se viese comprometida.

El pueblo de Panamá había luchado denodadamente durante muchos años por lograr la recuperación soberana de esta porción de su territorio y para ponerlo al servicio del desarrollo del país.

En 1984, el clamor popular dio impulso al cumplimiento de esos acuerdos, ya que la Casa Blanca los dilataba e incumplía, y a pesar de que Bush se manifestaba a favor de ellos, en la práctica pretendía anularlos por la gran importancia militar y económica que para los Estados Unidos representaba el control del Istmo.

Para los militares norteamericanos, según expresó el general Marc Cisneros,  “[…] hasta el año 2000  tendrían una situación incómoda, acostumbrados a maniobrar libremente dentro del territorio panameño, ahora tenían que coordinarlo todo con las fuerzas de defensa panameñas”.    

En 1981, Torrijos Herrera, muere en extrañas circunstancias no esclarecidas y asume el poder real, más allá de los Presidentes que se sucedieron, Manuel Antonio Noriega, quien aun siendo un viejo colaborador de la CIA se tomó facultades que no gustaban a algunos sectores de poder yanquis que recomendaban cambiarlo, el mando norteamericano en el Canal tenía ya en sus manos los planes aprobados por la Casa Blanca para detener  a Noriega en el momento que se decidiera.  No era necesario invadir el país.

El  sábado 16 de diciembre a las nueve de la noche un vehículo conducido por soldados norteamericanos vestidos de civil rompió las barreras de los retenes frente al Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) y abrieron fuego.

Los soldados panameños, se defendieron hiriendo de muerte al teniente Robert Paz Fisher. Al día siguiente  a las once y treinta de la mañana, un infante de marina disparó contra el cabo panameño César Tejada  causándole  una herida en el brazo izquierdo. Era evidente que esta provocación era el preludio de la agresión.