En el país de las maravillas, donde no hay ley ni habla la conciencia, sólo prevalece la retórica de la opresión. Cada vez que te atrevas a soñar con la libertad, te convertirás en un criminal terrorista; se presentarán cargos inventados contra ti; se falsearán los hechos y se inventarán los acontecimientos para perseguirte. 

Es Bahréin, y en una de sus prisiones más notorias, el símbolo de la paz, el diálogo y la unidad, Su Eminencia el Jeque Ali Salman, destacado líder de la oposición, está recluido arbitrariamente. El jeque Alí está detenido allí por el mero hecho de haber "cometido el delito" de reclamar los derechos de su pueblo oprimido, y por ser partidario de la pacificación del levantamiento popular, en un momento en que los terroristas se dirigen a Siria para asesinar a su pueblo. 

Mientras tanto, han transcurrido siete años de forma sombría. Su hijo mayor se ha casado, sus dos hermosas hijas Nabaa y Sarah han crecido, y su familia le echa de menos en cada ocasión.

El jeque Alí está ausente de su pueblo, mientras los criminales han hecho estragos en el país, cuyos ciudadanos se han convertido en extraños. Por el contrario, los sionistas, con toda su insolencia, se mueven libremente después de haber distorsionado la brillante historia de este país antiimperialista mediante la ominosa normalización de los vínculos, que quedaría grabada para siempre en la memoria de los bahreiníes, partidarios de Palestina y de su justa causa.

El secretario general de la ahora ilegalizada Sociedad Islámica Nacional Al-Wefaq, el principal grupo político de la oposición de Bahréin, está encartado desde diciembre de 2014. Inicialmente fue condenado a cuatro años de prisión por presunta "incitación a la desobediencia y al odio".

La sentencia ha sido ampliamente rechazada como un acto de venganza política y ha sido calificada, por las Naciones Unidas, como una "violación de sus derechos humanos fundamentales".

El Tribunal Superior de Primera Instancia de Bahréin absolvió al jeque Salman el 21 de junio de 2018. Después, el Tribunal de Apelación anuló la absolución, el 4 de noviembre de 2018, condenándolo a cadena perpetua tras declararlo culpable de espiar para Qatar "para transferir información confidencial a cambio de una compensación económica".

Los cargos por motivos políticos se derivaron de una mediación abierta y bien documentada, tras el levantamiento prodemocrático de 2011, que dio lugar a comunicaciones preliminares entre Manama, Doha y la oposición bahreiní. Sin embargo, desde que se impuso el bloqueo a Qatar, por parte de Arabia Saudí y la U.A.E., Manama manipuló la disputa diplomática para intensificar su represión contra cualquier voz crítica.

Como parte del boicot a lo que llaman "políticas extremistas", acusaciones que Doha negó enérgicamente, el juicio del jeque Salman se trasladó a un caso de intercambio de información, relacionado con una grabación de audio recortada de una llamada telefónica con el ex primer ministro de Qatar.

El clip incompleto se realizó en 2011, en el marco de una mediación entre Manama y la oposición, supervisada y alentada por Estados Unidos, para hacer frente a la agitación política, es decir, se remonta a varios años atrás. Así, el clip editado fue desprestigiado por el gobierno bahreiní para prolongar el encarcelamiento del jeque Salman, simplemente porque desde hace tiempo pedía reformas democráticas que incluyeran una monarquía constitucional y un primer ministro elegido.

El 28 de enero de 2019, el Tribunal de Casación de Bahréin condenó al jeque Ali y a los otros dos a cadena perpetua. Los dos coacusados, Hassan Sultan, y Ali al-Aswad son destacadas figuras de la oposición bahreiní y fueron juzgados en ausencia.

Al-Wefaq afirmó que el veredicto se basa en "invenciones y fraudes", y que constituye una "burla" del poder judicial de Bahréin. El grupo político, ahora ilegalizado, prometió que estas medidas no pondrían fin a su movimiento en favor de las reformas democráticas.

Al-Wefaq y Wa'ad habían sido los dos principales grupos políticos de la oposición y fueron disueltos por acusaciones de tener vínculos con el "terrorismo".

La directora de Campañas para Oriente Medio de Amnistía Internacional, Samah Hadid, declaró que el veredicto pone de manifiesto la "determinación de Manama de silenciar las voces críticas", y añadió que es "otro clavo más en el ataúd del derecho a la libertad de expresión en Bahréin y expone el sistema judicial del país como una completa farsa".

Aunque la libertad de expresión es un derecho constitucional ratificado, constituye un delito atroz y supone una amenaza existencial para el régimen de Manama. 

Es innegable que la persecución de este líder pacífico está relacionada con su compromiso con la protesta pacífica y con las políticas de lucha contra la corrupción, la marginación y el monopolio del poder. 

La persecución de disidentes pacíficos se ha convertido en la norma en Bahréin y socava cualquier posibilidad de diálogo político o de reconciliación inclusiva. Además, el espacio político cada vez más restringido y las violaciones de los derechos humanos se han vuelto muy graves.

El jeque Ali Salman lleva mucho tiempo en el punto de mira de las autoridades de Bahréin, ya que fue torturado y detenido durante meses sin juicio, en 1994, antes de ser deportado y exiliado durante más de 15 años. El clérigo es un líder carismático y ha sido un firme defensor de las protestas pacíficas. Se le considera un disidente moderado que exige reformas constitucionales, a diferencia de los grupos de línea dura que exigen el derrocamiento del régimen.

Bahréin alberga la 5ª flota de la marina estadounidense y una base permanente del Reino Unido. Sin embargo, estos dos poderosos aliados no se han pronunciado abiertamente sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos, la actual represión de los presos de conciencia y la condena por motivos políticos y el encarcelamiento ilegal del jeque Ali Salman y el resto de los líderes de la oposición.

El levantamiento prodemocrático estalló en febrero de 2011, pero fue reprimido violentamente por las tropas saudíes. Desde entonces, el minúsculo archipiélago se ha visto sacudido por los disturbios, ya que el gobierno ha intensificado su campaña de persecución contra todas las formas de oposición pacífica que exigen reformas, libertad de expresión, la liberación de los presos políticos y el fin de la discriminación por motivos políticos contra la población mayoritaria chiíta.

El gobierno ha restringido los derechos a la libertad de asociación y de reunión, ha ilegalizado a los grupos de la oposición, ha detenido a miles de disidentes, ha provocado la ciudadanía de cientos de personas y ha procesado injustamente a los ciudadanos en los tribunales militares, acompañado de una amplia gama de torturas y malos tratos físicos, sexuales y psicológicos.