Fue una guerra donde hubo vencedores y vencidos. Los vencedores escribieron la historia, impartieron la justicia y dominan todavía el país (y la región). Los vencidos, bajo un estigma generalizado de “genocidas” siguen sin tener derechos casi 30 años después; tanto los muertos, como los vivos. Incluso quienes fueron declarados totalmente inocentes por los tribunales de los vencedores siguen sufriendo la deshonra de ser considerados criminales, gracias a la historia oficial construida por los vencedores y a la poca profesionalidad de los grandes medios y agencias, que reproducen esa historia sin contrastar ni un solo dato.

Como es sabido, a finales de 1994 el Consejo de Seguridad de la ONU estableció un Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR, en Arusha, Tanzania. Tras 21 años de funcionamiento, ese tribunal se cerró, en diciembre de 2015, habiendo condenado a 61 personas, de las cuales 23 lo fueron por delitos menores y ya han cumplido su condena.

Además de los condenados que ya han cumplido su condena con creces, hay otras 18 personas cuyos cargos fueron retirados por no sostenerse, o que fueron absueltas, tras haber pasado entre 10 y 15 años en prisión preventiva (alguno llegó a pasar 18 años, antes de ser absuelto). 

Después de que ni siquiera el tribunal de los vencedores haya sido capaz de demostrar nada y les haya declarado totalmente inocentes, lejos de poder recuperar su vida y limpiar su nombre, estas 18 personas siguen sufriendo el estigma de ser considerados genocidas y criminales. De hecho, el régimen de Ruanda, dirigido por Paul Kagame, ha dejado claro en múltiples ocasiones que su gobierno no reconoce las sentencias del TPIR y que si estas personas van a Ruanda, serán juzgadas de nuevo por los crímenes de los que han sido absueltas, lo que supondría una violación del principio legal Non bis in ídem.

De entre estos 23 y estos 18 hombres, que en teoría son inocentes y libres, hay un grupo que sigue retenido en Tanzania, en las llamadas ‘Safe House’ del Tribunal de Arusha, que cerró sus puertas en 2015. La Agencia de la ONU que se encarga de seguir con los juicios y la tutela de todo asuntos relacionado con el TPIR, a partir de 2015 es el Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Criminales, (International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, IRMCT), que está en La Haya. 

Estas personas, que hoy rondan todas los 80 años de edad más o menos, no pueden salir, pero tampoco han podido nunca trabajar, alquilar una vivienda ¡ni firmar un simple contrato telefónico! porque están indocumentados. Sin una documentación de identidad, sea de refugiado, sea un pasaporte, un permiso de residencia o trabajo, una persona no puede hacer apenas nada, aunque sea inocente y libre.

El actual régimen de Ruanda, su país de origen, jamás facilitará partidas de nacimiento o cualquier otro trámite burocrático necesario para pedir pasaportes, permisos de residencia o visados, pero tampoco la ONU ha mostrado demasiado entusiasmo en normalizar la situación de estas personas a su cargo, para que puedan recuperar su vida y reunirse con sus familias. Tampoco han mostrado mucho interés los países en los que las familias de algunos de ellos están nacionalizadas desde hace décadas, como Canadá. 

El 15 de noviembre de 2021, por fin la ONU actuó y firmó un acuerdo con el gobierno de Níger para que acogiera a nueve de estos hombres varados en Arusha. El acuerdo establecía entre otros puntos, que Niamey los acogería durante un año sin cobertura sanitaria, que tendrían documentación que acreditase su identidad, con una garantía de no ser extraditados a Ruanda (para garantizar el Non bis in Ídem) y que la ONU les daría una indemnización única de 10,000 dólares.

La ONU propuso este acuerdo a los nueve ruandeses a la vez que les comunicaba que ya no se haría cargo de su manutención en Tanzania, vivienda, comida y sanidad, principalmente después del 22 de diciembre. Ocho de los nueve aceptaron el trato, porque no les quedó mas remedio, y viajaron a Niamey el 5 de diciembre. Un noveno, Jerome C. Bicamumpaka, se vio obligado a rechazar el traslado a Níger ya que tiene cáncer, del que estaba siendo tratado en Nairobi, Kenia y no podría continuar su tratamiento en Níger. El 22 de diciembre se vio obligado a abandonar la Safe House de Arusha y la ONU ya no se hace cargo de su tratamiento en Nairobi, donde tenía cita para enero de 2022. Su familia está peleando con todas sus fuerzas por llevarlo a Canadá a ser tratado allí, incluso ha lanzado una petición de apoyo a su causa ante el Ministro de Seguridad Pública canadiense, Marco Mendicino. 

Pero Francia entró en la partida

Inesperadamente, el 27 de diciembre, el gobierno de Níger notificó a los ruandeses una orden de expulsión definitiva de su territorio «por razones diplomáticas», incumpliendo el acuerdo firmado con la ONU. Les dieron 7 días para abandonar el país. Por presiones internacionales, y una orden del IRMCT, el Mecanismo o tribunal de La Haya, responsable del acuerdo y del destino de estas personas, este plazo se ha ampliado a 30 días, hasta finales de enero de 2022, hasta que se resuelvan las apelaciones a tal decisión. ¿Qué había pasado? ¿Cómo es posible este giro de los acontecimientos?

El dictador Paul Kagame había viajado a París entre el 19 y el 21 de diciembre. Recién recuperada su relación diplomática, según los medios los dos dirigentes mantuvieron conversaciones sobre diversos asuntos, entre ellos el despliegue de una misión antiterrorista de tropas ruandesas en la provincia de Cabo Delgado, de Mozambique, donde ha surgido de la nada una milicia islamista que ha provocado incalculable sufrimiento a las poblaciones locales y pérdidas millonarias a las transnacionales como la francesa Total, que explotan el abundante petróleo y gas de la zona. 

Por otro lado, Níger es el principal abastecedor de uranio de la compañía francesa de energía nuclear AREVA. La tradicional falta de soberanía de este país, que recibe un precio por su uranio marcado por Francia y no por los mercados internacionales, se agravó cuando el nuevo gobierno encabezado por Mohamed Bazoum sufrió un intento de golpe de estado por parte de su ejército, en abril de 2021. Francia lo respaldó y ahora el gobierno de Bazoum confía más en el ejército francés que en el propio. Níger no puede jugar con su seguridad porque, como el resto de los países del Sahel, sufre el azote del terrorismo yihadista desde que Libia fuera destruida por Estados Unidos y la OTAN, en 2011.

Varios medios africanos han informado desde dentro de Níger que su gobierno tomó la decisión de expulsar a los ocho ruandeses «tras una larga conversación telefónica de su presidente Mohamed Bazoum, con el presidente francés Emmanuel Macron, el 20 de diciembre de 2021», justo cuando Paul Kagame se encontraba allí. Otros medios han informado abiertamente de que Ruanda ha cuestionado este acuerdo y el subsiguiente traslado de ruandeses desde Arusha a Niamey y ha planteado preguntas a los países implicados, lo cual supone un hostigamiento totalmente ilegal a hombres, insisto, inocentes y libres. Los medios internacionales que cubren esta información tildando de genocidas a los ocho ruandeses y justificando la actuación de Ruanda y de Níger, deberían replantearse su profesionalidad.