Desde el asalto al Capitolio y las investigaciones en curso, el proceso de redistribución de distritos y gerrymandering, la labor de cada uno de los legisladores y las políticas discutidas o aprobadas, hasta las campañas en los lugares donde se escogerán miembros a la Cámara de Representantes o al Senado; muchos son los temas en disputa y las noticias diarias.

Dentro de esa avalancha informativa y titulares sobre encuestas o discursos de algún que otro político, a veces se diluyen investigaciones de fondo que dicen mucho sobre la actuación del Congreso, y más allá, sobre el funcionamiento de la sociedad estadounidense. Un debate actual está relacionado con el comercio de acciones y la manera en la cual los legisladores han utilizado información privilegiada para enriquecerse.

En el 2012 Estados Unidos aprobó la conocida como STOCK Act, una ley que “prohíbe que los miembros y empleados del Congreso utilicen información no pública derivada de sus cargos oficiales para beneficio personal”. Pero al parecer la normativa cayó en saco roto, y ahora, una década más tarde, hay un nuevo impulso para impedir que los legisladores negocien acciones individuales.
Sucede que, a partir de información no pública sobre cambios de política o ciertas medidas económicas, los miembros del Congreso y sus familiares y asesores han comprado o vendido acciones antes de que subieran o bajaran de precio en el mercado.

Por ejemplo, en 2020 hubo un escándalo relacionado con la pandemia por la COVID-19. Varios senadores, como la demócrata Dianne Feinstein y los republicanos Kelly Loeffler y Richard Burr, vendieron acciones luego de recibir una sesión informativa privada poco después del diagnóstico del primer caso en China. Pero el tiempo y los titulares pasaron y el problema sigue intacto.

Un proyecto de investigación de Business Insider publicó una base de datos a partir de la compilación y el análisis de divulgaciones financieras de los miembros del Congreso. Su resultado fue el siguiente: Docenas de legisladores federales y al menos 182 altos funcionarios del Congreso están violando la STOCK Act, y otros no logran evitar el conflicto de intereses entre sus finanzas personales y su deber como servidores públicos. Ese fenómeno puede llamarse de muchas maneras, pero tiene un nombre claro: corrupción.

Son varias las formas de corrupción dentro de la política estadounidense, aunque algunas no sean percibidas como tal porque las han transformado en mecanismos legales. Por ejemplo, el sistema de lobbies, nacido de la interpretación de las enmiendas incluidas en la declaración de derechos anexa a la Constitución, se formó como mediación entre sectores de la ciudadanía y los legisladores y se transformó en un inmenso aparato de ejercicio de poder en manos de grupos que concentran recursos e influencia.

Por eso no sorprende cuando The Daily Poster asegura que los exsenadores demócratas que se opusieron a una opción de seguro médico público durante la administración de Barack Obama, se unieron a la industria de la influencia política una vez que salieron del Congreso, ya fuera como cabilderos, consultores corporativos o miembros de Tanques Pensantes.

Es frecuente ese mecanismo conocido como revolving door (puerta giratoria), mediante el cual ciertas personas se mueven entre el sector público y privado, entre los roles de legisladores, dueños de negocios o representantes de lobbies. En 2019, Public Citizen encontró que casi dos tercios de los miembros del Congreso retirados o derrotados en fecha reciente, habían pasado al cabildeo u otros trabajos de influencia en la política federal.

Pero no tienen que esperar hasta irse del Congreso para sacar provecho de sus conexiones. Según el mencionado estudio de Business Insider, titulado “Congreso en conflicto”, unos 75 legisladores federales que tenían acciones en los fabricantes de vacunas Moderna, Johnson & Johnson o Pfizer en 2020, compraron o vendieron esas acciones durante las primeras semanas de la pandemia.

Asimismo, el informe añade que quince legisladores encargados de dar forma a la política de defensa invierten activamente en contratistas militares. Funcionarios del Capitolio que ayudarán a decidir si el gobierno regula las criptomonedas, invierten ellos mismos en bitcoin y altcoins.

Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, ha sido tan exitosa en su compra-venta de acciones que ha generado un club de fans en TikTok. Los inversores jóvenes observan las divulgaciones financieras de los congresistas y las utilizan como guía. “Llegué a la conclusión de que Nancy Pelosi es una psíquica”, es la “reina de las inversiones”, dijo un usuario, citado por National Public Radio​​.

Por eso, cuando le preguntaron sobre una posible prohibición para que los legisladores y sus cónyuges posean y negocien acciones mientras estén en el cargo, la respuesta de Pelosi fue un tajante no, con la justificación del “libre mercado”.

Cierto que en las últimas semanas su postura se ha ido suavizando, al menos en el discurso público, en la medida en que el debate ha escalado. Proyectos de ley presentados recientemente tanto en la Cámara como en el Senado buscan regular de alguna manera el tema, una idea apoyada por la mayoría de los estadounidenses.

Una encuesta de Morning Consult/Politico encontró que el 63 % de todos los votantes consideran que los legisladores deberían tener prohibido el comercio de acciones. Pero está por verse si los congresistas aprobarán una medida que atenta contra sus bolsillos, o el rumbo que tomará este debate en un año electoral.

En un comentario anterior en este espacio, sobre la influencia del dinero en la política, mencionaba un conocido estudio publicado en 2014 por los académicos Martin Gilens, de la Universidad de Princeton, y Benjamin Page, de la Universidad de Northwestern. Analizaron 1 779 casos de entre 1981 y 2002, elaboraron encuestas para evaluar posiciones a favor o en contra de algún cambio en las políticas públicas y segmentaron las respuestas según los niveles de ingreso de los diferentes grupos.

Así, demostraron lo que para muchos era un secreto a voces: las iniciativas que cuenten con amplio respaldo de las élites tienen más posibilidades de ser convertidas en ley, mientras la probabilidad de su aprobación es insensible al apoyo de los ciudadanos comunes.

Uno de los temas más relevantes en el funcionamiento del sistema político en cualquier país, y en especial Estados Unidos, es la relación entre los miembros del gobierno y diversos sectores de la sociedad. Con esa perspectiva se considera, desde la teoría y los documentos constitucionales, que el gobierno debería ser una representación del pueblo en general, según la conocida expresión We, the people. Pero varios estudios sobre el tema demuestran que en realidad, los ciudadanos estadounidenses comunes tienen poca o ninguna influencia sobre las políticas y legislaciones aprobadas.