Son aquellos que desde los dispositivos tradicionales de poder e información a su alcance se oponen a toda transformación sustancial al modelo económico e institucional que concentra riqueza material en una minoría, y por supuesto mucho poder discursivo en ellos mismos.

Son los que no se atrevieron a denunciar la brutal represión autoritaria del Gobierno de Piñera durante las movilizaciones ciudadanas de Octubre del 2019. Los y las que ni siquiera alzaron la voz de la razón ante el programa neo fascista de Kast. Los y las que se callaron, cómplices en el silencio, ante el deslizamiento notoriamente antidemocrático de RN, la UDI y Evópoli durante la campaña presidencial. Son estos quienes sacan hoy un “Manifiesto Amarillo” donde “encienden las alarmas” ante los debates y votaciones en la Convención Constitucional. Y pese a la moderación de las normas aprobadas por los convencionales.

Es que los guardianes de los privilegios de la oligarquía temen que se les escape el control del futuro y se les desgrane todo el rosario de protección y prebendas que los baña. Aunque la Convención Constitucional ni siquiera haya tocado la base misma del poder de sus detentores reales, la oligarquía empresarial nacional y extranjera. Aún así le temen, e incluso odian la mise à jour constitucional y los pasos mínimos en la democratización de las instituciones. Tienen pánico a la democracia real participativa, ahí donde el pueblo ciudadano podría en el avenir definir cuestiones acerca del reparto de lo sensible y de su futuro en los años difíciles en que habrá que vivir.

Sucede que no quieren un pacto legítimo. Quieren seguir engañando con el control y poder de sus medios. Se oponen a un nuevo Contrato Social donde todo esté en el tapete de la discusión como se estipula en la Ciencia Política de la teoría del Contrato. No. Si se rozan sus privilegios, valores y supuestos principios basados en su visión particular y estrecha de la sociedad chilena pierden el sentido de la realidad.

No quieren entender que esto no es “la” Revolución sino que son solo nuevas reglas constitucionales que corresponden a un cambio de mentalidad resultado, eso sí, de luchas reales a partir de una perspectiva de clase social subalterna y sin goce de prebendas que se hizo cargo de los agravios vividos y salió a la calle iracunda el 18/O 2019. ¡Y cómo! Pero es que nadie les toca a sus amos la gran propiedad lucrativa, su sistema financiero, bancario, sus medios, las AFP, sus mineras y forestales, sus cuotas de pesca, sus contratos jurídicos millonarios, sus espacios televisivos. Aunque se les garantizó que no habrá participación en los directorios de empresas de los trabajadores, tal como se dijo en el primer programa-Boric del Gobierno, pues hay que ser tan “gradualistas” como la vieja Concertación que da certificado de conducta. Y que se les dice que el tema de la “seguridad” es prioritario y no la lucha contra la corrupción institucional y de la casta empresarial. Saben bien que en Francia el Gobierno quiere estatizar sectores de la energía nuclear y que la electricidad es también propiedad del Estado en la provincia canadiense de Quebec. Pero ellos están contra el “estatismo” y la nacionalización del cobre y del litio.

Aunque en una buena Constitución habría que redistribuir el poder real pues no se trata solo hablar de las instituciones como poderes, sino del verdadero poder: el que hunde sus raíces en la propiedad económica de los recursos económicos y más encima mal habidos. Los defensores del inmovilismo se ofuscan tanto hasta perder el sentido de las proporciones históricas. Claro. Tienen miedo que se abran otras brechas a medida que estas nuevas normas se hagan carne en las consciencias.

Pues saben que no hay una vanguardia de iluminados que “guíe a las masas” y les lleve la consciencia de afuera. Eso les molesta. Intuyen que el 18 de octubre del 2019 el pueblo se esclareció a sí mismo y se potenció con sus afectos. No hay cuco al que achacarle el “desorden, el caos y el retroceso”. Esta vez no hay «violentistas» sino que un pueblo alerta que experimentó con su poder. Que fue por su acción que se movieron las montañas y saltó la esperanza. E incluso el gobierno electo viene de este impulso. Y que de aquella (de la esperanza), otros intentan acapararsela en esta batalla cultural y de las ideas en marcha. Los amarillentos tienen claro que de ahí salió la posibilidad real de escribir una nueva carta magna y que tampoco apaciguará los ánimos si las prioridades del gobierno electo no son claras. Pensiones y salarios dignos para vivir bien; salud y educación pública y de calidad ya, condonación del CAE y una gran reforma para financiar las otras que instale una política fiscal incisiva basada en la justicia fiscal y que no escatime ir a buscar la plata donde está. Es decir, en el 10% de los pudientes y en las grandes empresas que evitan, eluden y evaden pagar lo justo.

Así pues, en la Convención Constitucional hay de todo; unas muy preclaras, otros retorcidos fáciles de presionar, otras de derecha impenitentes, otros y otras con esa deformación profesional del leguleyo constitucionalista apegado por razones evidentemente políticas a la regla de los 2/3 (muy lenguaraces en programas de TV y muy conservadores a la hora de votar). Están también los las que titubean al último minuto y defraudan en expectativas de cambio (tienen miedo de fragmentar el Estado: dixit Marcos Barraza convencional del PC cuando se votan las asambleas regionales). Y los y las irreductibles demócratas que persisten. Con estos estamos expectantes. No se amilanen, son un tigre de papel…amarillo.