El ataque desplegado por Fontaine contra la propuesta de instalar un sistema de seguridad social es una muestra más de la ofensiva política, empresarial y comunicacional contra las decisiones de la Convención Constitucional.

Los defensores de la Constitución de Pinochet intentan por todos los medios descalificar las decisiones de la Convención Constitucional. Con incontinencia verbal y una mezcla de ideología neoliberal y defensa de los negocios es que emergen algunos discursos mentirosos.

Es el caso del convencional Bernardo Fontaine, quien, en defensa de la Administración de Fondo de Pensiones (AFP), dedicó los últimos días a despotricar contra la propuesta de un sistema de seguridad social, aprobado en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención.

Los vínculos privilegiados de Fontaine con la cadena de El Mercurio le sirvieron para aparecer en la portada de Las Últimas Noticias y publicitar allí una impúdica declaración, que decía: “Los trabajadores no serán dueños de sus ahorros previsionales”. Continuó su tarea de agitación y propaganda en el canal nacional de televisión, donde sostuvo, con sorprendente seguridad: “El Estado nos va a desplumar”. Su discurso recibe el aplauso de las AFP, aunque su falsedad es evidente.

La aprobación en comisión de las ideas centrales promovidas por “No Más AFP” reconoce y valora las movilizaciones de cientos de miles de personas contra las bajas pensiones y las exorbitantes ganancias de las AFP. Ha sido un rotundo triunfo de esa gran mayoría de familias chilenas que anhelan un verdadero sistema de seguridad social, para asegurar una pensión decente a los adultos mayores.

Sin embargo, para Fontaine, miembro de los directorios de Latam, Falabella, La Polar y Citicorp, los ciudadanos modestos, que reclaman una pensión digna, no son de su interés. A los ricos les preocupan sus negocios y por ello a Fontaine lo que en realidad le interesa es que las AFP, o alguna nueva variante del lucro en la previsión, continúen su trabajo. Porque ese financiamiento barato que entregan las AFP a las empresas de su propiedad, o a las que el protege en los directorios que participa, es lo que ha permitido que sus negocios, y de sus amigos, prosperen a bajo costo y con escaso sacrificio.

Al final de cuentas los ricos defienden sus intereses. Es lo que hace Fontaine. Pero nosotros, los que no somos ricos, defendemos las demandas de los más necesitados, pero al hacerlo también se protege el conjunto de la sociedad, favoreciendo equilibrios sociales y evitando tensiones peligrosas. Por ello, queremos que los asalariados tengan trabajo decente, buena educación, salud digna y una pensión, que en la última etapa de sus vidas les permita vivir con tranquilidad. A ello apunta el trabajo de la Convención y por eso la apoyamos.

En defensa de sus intereses, los de su clase y de las AFP, el convencional Fontaine Talavera, no tuvo pudor al atacar el sistema de seguridad social de reparto y defender el sistema actual de cotizaciones individuales. Pero al hacerlo ha mentido, distorsionando el acuerdo establecido en la comisión que trató el asunto. Dijo, de forma irresponsable, que el sistema de reparto eliminaba la propiedad de los ahorros de los trabajadores, lo que no existe en ninguna parte de la norma aprobada.

Así como ninguna de las disposiciones referidas a la previsión social propone expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores, tampoco el gobierno actual en su propuesta de reforma previsional ha manifestado interés en expropiar esos fondos. Lo ha dicho con claridad la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, y también el presidente Boric, durante su campaña presidencial, lo que ahora reitera en twitt del 1º de abril: “Mejorar pensiones actuales y futuras es una prioridad por la que trabajamos en nuestro gobierno. Tal y como aseguró la ministra Jeannette Jara, cualquier esfuerzo de reforma no incluirá expropiación o uso de fondos. El objetivo es claro: pensiones dignas”.

La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional acordó garantizar el derecho a la seguridad social, la que será administrada por entes públicos, autónomos y sin fines de lucro. El directorio de estos estará integrado por representantes del Estado, empresarios y trabajadores. La norma fue aprobada por 20 votos y 12 en contra, la que deberá ser ratificada por el pleno de la Convención y requerirá 103 votos a favor.

Así las cosas, los 40 años del modelo de capitalización individual, columna vertebral del neoliberalismo y principal fuente de crédito barato para bancos, empresas nacionales y extranjeras, con toda seguridad llegarán a su término. Terminarán las AFP y se abrirá paso en el país a un sistema público de pensiones, que entregue jubilaciones dignas a hombres y mujeres mayores.

El ataque desplegado por Fontaine contra la propuesta de instalar un sistema de seguridad social es una muestra más de la ofensiva política, empresarial y comunicacional contra las decisiones de la Convención Constitucional. El término del neoliberalismo, de las AFP y de la Constitución Pinochet-Guzmán no son tarea fácil, pero la mayoría nacional, abrumada por las injusticias, tendrá la sabiduría y fuerza suficiente para derrotar a sus defensores.