El presidente de Colombia, Iván Duque, se encuentra en Estados Unidos, habló el martes 12 de abril por primera vez ante el Consejo de Seguridad de la ONU para presentar "un detallado balance de los grandes avances en la implementación de la política de la Paz con Legalidad", según detalló la Presidencia colombiana.

El saliente mandatario también tendría una reunión con el secretario general del organismo, António Guterres, otra con el presidente del Consejo de Seguridad, el británico Tariq Mahmood Ahmad, y otra con el director global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner. Fuentes mediáticas afirman que estaría ubicando su futuro laboral en organismos internacionales para cuando finalice su muy criticada labor al frente de la Casa de Nariño.

Ni paz ni legalidad: la estela mortal de Duque

El político uribista, quien intervendrá en una sesión de la Comisión de Consolidación de la Paz y en el foro "Paz con Legalidad: La Hoja de Ruta para la Implementación", atraviesa otro escándalo sobre Derechos Humanos debido a que una investigación conjunta entre tres medios colombianos (El Espectador, Cambio y Vorágine) destapó que una operación militar que él mismo presentó como exitosa, resultó ser otro presunto hecho de falsos positivos.

Seis periodistas recogieron más de 30 testimonios en Puerto Leguízamo, al sureste del país, cerca de la frontera con Ecuador; tanto las versiones como las pruebas son muy diferentes de la narrativa oficial. Las pruebas recogidas indican que hubo un abuso de fuerza del Ejército, decenas de irregularidades y, al parecer, ejecuciones extrajudiciales contra civiles que solo se estaban divirtiendo en un bazar comunitario.

Su ministro de Defensa deberá rendir cuentas ante una oposición fortalecida tras las elecciones del pasado 13 de marzo en el Congreso. Diputados del llamado Pacto Histórico exigen una moción de censura para sacarlo del cargo debido a su responsabilidad política por los 11 civiles muertos en dicho operativo militar que pudo haber sido violatorio del Derecho Internacional Humanitario.

La influencia de Estados Unidos en la estructura y funcionamiento de la maquinaria militar (y paramilitar) colombiana es evidente y un riesgo para la región. No parece haber paz ni legalidad en la gestión del abogado graduado en la controvertida Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, algunas cifras dan razón de ello:

Colombia suma 51 líderes sociales, excombatientes y población civil asesinada y poco más de 30 masacres en los primeros cuatro meses de 2022, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz).

La Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó que en los primeros dos meses de 2022, más de 274 mil personas fueron afectadas por dinámicas asociadas a la violencia armada, un aumento del 621% en comparación con el mismo periodo de 2021 y alertó que al menos 13 mil colombianos se han tenido que desplazar este año.

La misma Indepaz contabilizó 114 masacres durante 2021 y señaló que, al menos, 198 líderes sociales fueron asesinados, para un total de 1 mil 284 dirigentes muertos tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016.

Durante marzo pasado se sumaron 15 líderes sociales asesinados en los departamentos de Bolívar, Boyacá, Chocó, Caquetá, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, San Andrés Isla y Tolima.

Desde 2016, Indepaz registró 310 asesinatos en contra de las y los firmantes de paz, y 11 de estos hechos se han presentado durante este 2022.

La ONG Global Witness declaró que, por tercer año consecutivo, Colombia fue el país más peligroso del mundo para defender los derechos ambientales y para combatir las causas del cambio climático mientras su gobierno se niega a ratificar el Acuerdo de Escazú, para proteger la vida de quienes defienden el medio ambiente.

Según la ACNUR, Colombia sigue siendo el país del mundo con más víctimas de desplazamiento forzado con nueve millones de personas.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, después de Afganistán, Colombia es el país con más víctimas de minas antipersona en el mundo.

Un sangriento portaaviones neoliberal

El sistema económico-político que predomina en el país vecino es necrófilo en extremo, se trata de una maquinaria neoliberal que bebe sangre de quien se oponga a la privatización de empresas rentables del Estado y al desmonte de la reforma agraria. Para sostenerse reprime con la violencia estructurada y la estrategia paramilitar persiguiendo al sindicalismo y al movimiento campesino e indígena, también para eso se instrumentó el Plan Colombia en el año 2000.

Aunque surgió como una estrategia antinarcóticos y de paz, que beneficiaría al Estado y a la economía, en realidad el Plan fue una campaña de exterminio contra la población civil, la dirigencia de los movimientos sociales y las guerrillas mediante la guerra asimétrica implementada con la asesoría de miles de militares y mercenarios pagados por agencias de Estados Unidos, Reino Unido e "Israel".

El Plan Colombia no acabó con el narcotráfico sino que instaló un portaaviones neoliberal aniquilando la oposición social a las medidas de privatización, flexibilización laboral y austeridad cuya simbiosis con los tratados de libre comercio ha fortalecido a las corporaciones del Norte Global.

En 2021, la CEPAL reportó que la economía creció un 9,5% en 2021 mientras la ONG Oxfam informaba que dos personas concentran más riqueza que el 50 % de la población, lo que se traduce en una desigualdad que tiene al 42 % de la población colombiana en la pobreza y unas brechas cada vez más amplias en lo social. Las empresas extranjeras gozan de una seguridad jurídica y material que se traduce en bajos costos laborales y tributarios para "estimular la inversión".

Colombia es uno de los países con mayor inequidad de ingresos e informalidad en el mercado laboral de Latinoamérica. Más de 10 millones de trabajadores malviven con menos de un salario mínimo y no tienen acceso a la seguridad social.

Una parte sustancial de los gastos del Estado se destina a defensa y al pago de los 170 mil millones de dólares de deuda externa que hace que cada colombiano que nazca le deba a la banca internacional unos 14 meses de su trabajo con un salario mínimo.

El desempleo es mayor al 14 % mientras el salario no cubre el 30 % de los gastos de un hogar, lo que fuerza a la población a sumarse a la, también reprimida, economía informal.

Debido a una reforma tributaria propuesta por Duque estalló una protesta social en 2021 que duró más de cien días, sin canales de diálogo, sólo persecución, muerte y paramilitarismo urbano que derivó en un saldo de 80 jóvenes asesinados por la policía, centenares de presos e innumerables actos de abuso de autoridad.

"Plomo es lo que hay"

La vinculación de Estados Unidos al estamento colombiano que hoy representa Duque se hace cada vez más estrecha y no se trata solo de una coincidencia doctrinaria sino de intereses económicos y geoestratégicos, esto se refleja en cómo aumenta el patrimonio estadounidense ligado a la Defensa y la Seguridad en Colombia. Además, Duque ha insistido en posicionarse ante el gobierno estadounidense al insistir en que Colombia pertenezca a la OTAN, aunque sea en un rol secundario.

Para darle alas a dicha aspiración el mismo ministro Molano acusó a Rusia, unas semanas antes de la visita de Duque a Washington, de apoyar militarmente a Venezuela, lo que generó tensiones con el país euroasiático. También acusó a Rusia de "ciberataques para avivar la violencia" durante las protestas de 2021 y, durante una visita a "Israel", advirtió sobre el financiamiento de Hezbolá a criminales en Colombia declarando que "Irán y Hezbolá, que opera en contra de "Israel", pero también apoya el régimen de Venezuela".

En sintonía con la aspiración bélica otanista el vecino país experimenta el contraste de tener miles de personas sufriendo de desnutrición y de limitado acceso a la atención sanitaria mientras alimenta, paga, cura, arma y pensiona a la segunda fuerza pública de mayor tamaño de América Latina después de Brasil.

Pero si el Plan Colombia buscaba eliminar a los grupos irregulares esa no ha sido la tarea cumplida por Duque, un documento denominado "Plomo es lo que hay: Violencia y seguridad en tiempos de Duque" reporta que en 420 municipios colombianos hay presencia de grupos armados organizados como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es decir, en el 37 % del territorio nacional.

El Clan del Golfo, estructura narcoparamilitar, se mantiene como el grupo armado más fuerte con presencia en 241 municipios, en segundo lugar se posiciona el ELN que está en 183 municipios, mientras que las disidencias vienen ganando terreno, especialmente, en el suroeste de Colombia. El informe señala que a partir de 2018, cuando llegó Duque al poder, las masacres aumentaron exponencialmente: "El aumento más dramático ocurrió entre 2019 y 2020, en más del 300 %".

La exportación de mercenarios colombianos, egresados de la maquinaria (para)militar que Estados Unidos aceita continuamente, constituye una panorámica de cómo no es casual la implantación de un estado de guerra permanente. La privatización de la guerra ha formado parte del plan que el Norte Global instrumenta para aumentar la desestabilización en diversas regiones como América Latina, así ha quedado en el olvido la participación de mercenarios en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Möise y el público presenció imperturbable la campaña mediática del medio Semana que, como díría Renán Vega Cantor:

"...se dedicó a entrevistar a sus familiares, esposas y compañeras sentimentales principalmente, y dio como ciertas sus afirmaciones, uno no sabe si hablan con ingenuidad o cinismo, de que esos individuos eran unas mansas palomas y no mataban una mosca".

¿Elecciones o la ruta del fraude?

Entretanto, el proceso electoral avanza con tropiezos aun cuando se cumplió la primera fase el pasado 13 de marzo cuando se eligieron 107 senadores y 167 diputados, además se implementaron por primera vez las curules destinadas a las víctimas del conflicto armado. Paralelamente se celebraron primarias para determinar quién será el candidato a la presidencia de la alianza centroderechista Centro Esperanza, de la derechista Equipo por Colombia y de la coalición Pacto Histórico.

Más de 18 millones de votantes (47 % del electorado) acudieron a las urnas en las que el Pacto Histórico consiguió 25 curules, tantos como el Partido Conservador Colombiano. Así fueron los resultados de las primarias:

Gustavo Petro, del Pacto Histórico, se convirtió en el candidato presidencial con 4 millones 487 mil 551 votos por encima de Francia Márquez quien obtuvo 783 mil 160 votos.

Por el lado de la coalición derechista Equipo por Colombia, el ganador fue Federico "Fico" Gutiérrez, exalcalde de Medellín, quien obtuvo 2.160.329 votos mientras en segundo lugar Alejandro Char obtuvo 706 mil 587 votos.

En la coalición Centro Esperanza el candidato ganador fue Sergio Fajardo que obtuvo
723 mil 084 votos mientras que los candidatos Juan Manuel Galán y Carlos Amya sacaron 486 mil 808 y 451 mil 122, respectivamente.

Sin embargo algunas voces catalogaron el evento electoral como la mayor irregularidad histórica en un proceso electoral y podría derivar en varios cambios en la composición del Congreso para el periodo 2022-2026. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral en Colombia reportó que se hallaron "Múltiples errores en el llenado de los formularios E-14 por parte de los jurados que los diligenciaron y que fueron difundidos a través del sistema de preconteo". Sin embargo se negó a hablar de fraude electoral.

El partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Centro Democrático, publicó un comunicado en el que criticó fuertemente la labor de la Registraduría Nacional y calificó de "inaceptable la situación de incertidumbre que genera la inexactitud de los resultados publicados (...) que además de modificar la conformación del Congreso pone en tela de juicio el rigor con el que fueron procesados los datos".

Por su parte Petro denunció en sus redes sociales que "en una de cada cuatro mesas no aparecen votos por el Pacto (Histórico) al Congreso en todo el país" mientras otro vocero de su coalición, Alexánder López, aseguró que "estamos viviendo yo creo uno de los peores escándalos de la historia electoral en el país".

El panorama en la ruta hacia las elecciones presidenciales no es menos que complejo, las condiciones sociales y políticas que se avizoran no son precisamente las que intenta vender Duque en su visita a los espacios multilaterales sino todo lo contrario. Es un país bajo guerra e ilegalidad con cualidades de exportación y las elecciones, que pudieran ser un giro en la historia no aseguran que así será debido al riesgo latente de irregularidades electorales.