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Los beduinos, abreviatura del término árabe (بدون جنسية), es decir, "sin nacionalidad", son minorías apátridas que, a pesar de llevar mucho tiempo viviendo en Kuwait, se les ha negado sistemáticamente el derecho a la ciudadanía, clasificándose además como "residentes ilegales". Tras décadas de supresión, los beduinos se encuentran con múltiples obstáculos a la hora de obtener documentos civiles, educación, empleo, asistencia sanitaria y servicios sociales, así como derechos de matrimonio y transmisión de la nacionalidad a sus hijos.

La mayoría de los beduinos proceden de tribus nómadas originarias de la península arábiga y se establecieron en Kuwait a finales de la década de 1950, cuando el país se independizó de la colonización británica. Sin embargo, muchos de ellos no se registraron como ciudadanos debido a la legislación establecida en la Ley de Nacionalidad de 1959. En consecuencia, se les denegó la ciudadanía; a pesar de estas luchas, su difícil situación se ha enfrentado en gran medida al silencio descarado de la comunidad internacional.

A pesar de las promesas del gobierno kuwaití de resolver estos problemas de apatridia, las repetidas modificaciones de la Ley de Nacionalidad han dificultado progresivamente el acceso a la ciudadanía kuwaití. Se calcula que un tercio de la población de Kuwait estaba clasificada como bedoon, y estimaciones no gubernamentales afirman recientemente que hay más de 100 mil bedoons, ya que las cifras oficiales son difíciles de determinar. Algunos activistas afirman que las cifras oficiales están maquilladas, y estiman que su número exacto es de 240 mil.

Durante la agresión de Sadam, algunos beduinos se pusieron del lado de éste y, en consecuencia, fueron desterrados de la sociedad kuwaití, lo que avivó aún más los prejuicios que se tenían contra ellos. Desde la década de 1990, Kuwait ha creado varios organismos, como el Comité Ejecutivo para Asuntos de los Residentes Ilegales (ECIR), para estudiar este asunto; sin embargo, apenas se ha avanzado.

En noviembre de 2010, creó el Comité Bedoon, que anunció un plan de cinco años para resolver la crisis concediendo supuestamente la nacionalidad a quienes tuvieran derecho a ella. Sin embargo, su naturalización ha sido bastante compleja. Desde entonces, se les amenaza cada vez más con detenciones masivas, encarcelamientos y persecución social en general.

Política intolerante

La práctica discriminatoria contra los beduinos se ve agravada por el procedimiento no oficial que tienen que seguir para casarse. Mientras que todos los ciudadanos tienen el privilegio de realizar procedimientos sencillos, los beduinos tienen un método degradante, que consiste en la falsa confesión de adulterio a la policía. Aunque sean inocentes, la documentación de una mujer que comete adulterio obliga a un reconocimiento general del matrimonio dentro de la conservadora sociedad kuwaití.

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Se calcula que aproximadamente cuatro mujeres kuwaitíes están casadas con maridos beduinos; sin embargo, las madres kuwaitíes no pueden transmitir su ciudadanía a sus hijos según la ley. Dado que un padre bedoon es apátrida, sus hijos son automáticamente apátridas, residentes ilegales, se les niega la identificación civil, el permiso de conducir o los documentos de viaje, se les prohíbe el acceso a los derechos más fundamentales y corren el riesgo constante de ser detenidos.

Como resultado, cientos de Bedoon no tienen documentos y a menudo tienen que depender de la caridad para sobrevivir. Debido a su discriminación, los beduinos se ven a menudo obligados a pagar tarifas más altas por la atención médica esencial que no pueden obtener en los centros médicos públicos.

Además, los padres beduinos deben enviar a sus hijos a escuelas privadas, que suelen ofrecer una educación de menor nivel, y es habitual que las niñas queden excluidas por completo de recibir una educación. Asimismo, tienen dificultades para costear la educación superior de sus hijos, por lo que se enfrentan a una posible deportación si no consiguen un permiso de trabajo o un empleo.

Esta discriminación ha provocado varios casos de suicidio como expresión de frustración. En respuesta, los activistas suelen organizar sentadas pacíficas para concienciar sobre el problema. Sin embargo, las autoridades detienen a los organizadores sin orden judicial previa con el pretexto de amenazar la seguridad nacional. Human Rights Watch y otros grupos de derechos han señalado en repetidas ocasiones que la respuesta de las autoridades impone más restricciones y coacciones a los beduinos, en lugar de abordar respetuosamente su queja, y esto supone una violación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de la que Kuwait es parte. 

La huelga de hambre en curso

Han pasado dos semanas y el gobierno kuwaití sigue ignorando los sufrimientos de los beduinos, que están en huelga de hambre, desde el 28 de marzo, en la plaza de Al-Sulaibiya, en la gobernación kuwaití de Jahra.  Su batalla de estómagos vacíos tiene como objetivo poner fin a la imprudencia practicada por el gobierno hacia su demanda natural de una vida digna. Las autoridades se muestran intransigentes con el pretexto de que una mayor naturalización perjudica el interés público del Estado; sin embargo, la causa de los bidoon es más amplia que esta huelga, ya que cuando la exclusión deliberada de este componente social se intensifique, Kuwait se enfrentará definitivamente a una bomba de relojería.

Cuando los Bidoon decidieron organizar su sentada en la plaza de Al-Sulaibiya, se dieron cuenta de que iban a desafiar varios escenarios, incluido el uso de la fuerza para dispersarlos o la continua ignorancia de sus demandas por parte de las autoridades oficiales. Sin embargo, otros creen que su objetivo, en la actualidad, consiste en documentar su situación a través de los medios de comunicación, lo que puede arraigar sus reivindicaciones fundamentales, ampliar el círculo de solidaridad y aumentar inevitablemente la presión sobre los organismos oficiales.

Cabe destacar que ni la religión ni las arraigadas costumbres sociales han hecho justicia a estas personas de la persecución, sobre todo teniendo en cuenta que Kuwait es un país pionero en la preservación de las libertades y los derechos humanos en el Golfo. La huelga vino a inaugurar una nueva etapa que necesita ser inmunizada de la supresión o el control, pero este paso no es suficiente a menos que sea cercado con pasos persistentes bien ajustados a las leyes internacionales, porque el lobby opuesto en el gobierno kuwaití es bastante poderoso y utiliza varias herramientas para borrar su situación. La huelga pretende cambiar la política del gobierno kuwaití hacia ellos y hacer que los implicados en las violaciones de sus derechos rindan cuentas.