Setenta y cuatro años después de que el presidente Lázaro Cárdenas decretara en marzo de 1938 la nacionalización de las fuentes petroleras de la nación mexicana, otro presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició una acción similar para tratar de recuperar el sistema eléctrico del país que está bajo explotación de compañías extranjeras.

El intento de AMLO se lo impidieron las fuerzas de derecha y la nefasta campaña en su contra llevada a cabo por los medios de comunicación hegemónicos auspiciados y pagados muchos de estos por las empresas transnacionales.

En aquella ocasión, Lázaro Cárdenas, presentó un comunicado de prensa donde ansiaba la expropiación de la importante industria y expresaba: “Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital del que se habla.”

Este hecho representó un trascendental cambio para la economía nacional, facilitó el crecimiento en la producción de la industria energética, de manufactura y construcción, abriendo el camino a un periodo de la historia conocido como “el milagro mexicano”, donde el crecimiento económico fue en promedio de 7,3 %.

Como siempre ha ocurrido en la historia reciente de las naciones Latinoamericanas, al ocurrir la soberana decisión, se quebraron relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Reino Unido, y además Washingtonen su habitual proceder imperial, decretóla confiscación comercial, y dejó de recibir plata y petróleo mexicano para empezar a adquirir estos recursos de las industrias venezolanas.

El gobierno progresista de López Obrador había presentado una reforma a la ley de energía de 2014 promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto que entregó ese servicio y sus beneficios a las empresas particulares y extranjeras.

En esta oportunidad se necesitaban 332 votos en la Cámara de Diputados para aprobarla pero la iniciativa solo contó con 275 a favor, 223 en contra y 0 abstenciones. Los partidos de oposición, Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Revolución Democrática (PRD) en los que varios de sus miembros tienen intereses en esas compañías, se opusieron a la propuesta.   

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En el texto se planteaba que la Comisión Federal de Electricidad generaría el 54 % de la energía eléctricaque requiriera el país, mientras que el sector privado participaría en el 46 % lo que garantizaría “costos más bajos para el servicio público y en los costos totales de producción».

Cuando el ejecutivo presentó la propuesta (en septiembre de 2021) el gobierno de Estados Unidos declaró inmediatamente que eso representaba una pérdida de confianza en la capacidad del país de atraer inversión extranjera.

Por ese motivo, AMLO insistió en varias ocasiones: “Estamos pendientes de la iniciativa eléctrica porque es muy claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo lo que llaman lobby, empresas extranjeras y gobiernos extranjeros”.

Interrogado por la prensa sobre qué gobierno y empresas hacen ese lobby, el mandatario enfatizó que fundamentalmente Estados Unidos y que eso le consta.

En ese sentido recordó que la reforma anterior promulgada por Peña Nieto se aprobó con sobornos, y que hay un juicio en contra del exdirector de PEMEX quien confesó que había entregado dinero a los legisladores para aprobar la reforma energética.

El pasado 31 de marzo, López Obrador recibió en el Palacio Nacional al enviado especial de Joe Biden para el cambio climático, John Kerry, al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, y a una veintena de empresarios  del sector energético del país vecino. 

Tras el encuentro, la embajada estadounidense publicó un comunicado, en el que afirmó que Kerry y Salazar expresaron al Gobierno de López Obrador «las importantes preocupaciones» que tienen sobre «los cambios en la política energética de México, tanto la enmienda constitucional propuesta como en la Ley de la Industria Eléctrica, incluida la posible violación de las obligaciones fundamentales del T-MEC lo que pondrían en riesgo miles de millones de dólares de inversión potencial en esa nación». 

AMLO rechazó esas declaraciones: «No hay ninguna violación a ningún tratado, y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, que todos puedan manifestarse».

Tras la votación, López Obrador aseguró que los legisladores que sufragaron en contra de la reforma eléctrica cometieron «un acto de traición» a México pues «en vez de defender intereses del pueblo, de la Nación,  se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar”.

Seguidamente denunció que los diputados de oposición «respaldaron a los saqueadores, pero nada extraño porque es lo mismo que han hecho los conservadores en otros momentos de la historia, siempre han apoyado los intereses extranjeros en contra del interés nacional pues ellos prefieren estar bien con los potentados”.

Para contrarrestar este fallo en contra, el presidente firmó y envió a la Cámara de Diputados una propuesta de cambios a la Ley Minera para proteger el litio.

En este caso, el Gobierno tuvo un panorama favorable, pues como se trataba de una reforma constitucional, para lo cual solo basta la mayoría simple de 251 votos, ésta fue aprobada por 298 a favor, ninguno en contra y 197 abstenciones.

Con esta reforma de ley minera, el litio no podrá ser explotado por empresas privadas ni foráneas, sino que se convierte en propiedad del Estado el que decidirá su exploración, extracción, procesado, industrialización y venta. Es decir, queda nacionalizado.  Como corolario se desprende que López Obrador, con valentía política y económica, sigue enfrentando a los oligarcas nacionales y a las compañías y países extranjeros en sus intentos por adueñarse de las riquezas mexicanas.