Un golpe militar en cámara lenta
En este artículo el autor sostiene la tesis de que los militares brasileños en el poder llevan un tiempo preparando un golpe de Estado.
En febrero de 1962 el politólogo Wanderley Guilherme dos Santos [1935-2019] escribió el ensayo ¿Quién dará el golpe en Brasil? Wanderley partió del supuesto de que el fracaso del intento de golpe militar para impedir que João Goulart asumiera el cargo el 25 de agosto de 1961, luego de la renuncia de Jânio Quadros, no puso fin al movimiento golpista ni desanimó el impulso golpista.
El texto de Wanderley resultó ser premonitorio: dos años después, el 31 de marzo de 1964, Jango fue derrocado y comenzó la sangrienta dictadura que duró 21 años, hasta 1985. En las circunstancias de Brasil en 2022, la pregunta ya no es “¿quién dará el golpe?”, sino “¿cómo será el golpe?”. Como dijo Eduardo Bolsonaro [27/5/2020], “el problema ya no es si , sino cuándo habrá una ruptura”.
Puede que no encontremos respuestas objetivas, e incluso podemos plantear variadas hipótesis a la pregunta de “cómo será el golpe”, pero los elementos de la coyuntura muestran que un nuevo golpe militar está, efectivamente, en marcha en Brasil. Se sabe que no será como un acuartelamiento típico de las décadas de 1960/1980, porque el golpe actual incorpora elementos contemporáneos de guerra híbrida: no se necesitará un soldado y un cabo para cerrar el Supremo Tribunal Federal [referencia a unas palabras de Eduardo Bolsonaro en el año 2018].
Un golpe anunciado con enorme anticipación, que avanza paulatinamente y de manera constante. Un golpe, en fin, perpetrado a cámara lenta. Como dijo el general Mourão el 16 de septiembre de 2017, antes de que los militares tomasen el poder a través de las elecciones amañadas con el arresto de Lula, sus “compañeros en el Alto Mando del Ejército creían que aún no era el momento de la acción (léase de la intervención militar), pero puede ocurrir después de ‘aproximaciones sucesivas”.
El 6 de mayo de 2021, tras la anulación de la farsa de la operación Lava Jato y la rehabilitación de los derechos políticos del ex presidente Lula, Bolsonaro mostró de que el barco estaba armado: “si no hay voto impreso, no habrá elecciones, creo que el mensaje está dado”, dijo, consciente de que, dentro de las reglas de la democracia, la continuidad del poder militar es un proyecto inviable.
Poco más de dos meses después, el 21 de julio de 2021, el entonces ministro de Defensa, general Braga Netto, amenazó al Congreso: “a quien le interese, digo que si no hay elecciones auditables [con voto en papel], no habrá elecciones”, dijo, siendo respaldado por Bolsonaro, quien el mismo día afirmó que “o hacemos elecciones limpias en Brasil o no tenemos elecciones”.
Hoy es tan claro como la luz del sol que, en el fondo, el partido militar prefirió que la PEC 135/2021, que establecía el voto impreso, fuera rechazada por la Cámara de Diputados. Porque, con eso, Bolsonaro y los militares ganarían la retórica que necesitaban para barbarizar las elecciones, como lo hacen hoy. Los golpistas, los líderes partidarios que convirtieron a las Fuerzas Armadas en Milicias Uniformadas, ya no ocultan sus propósitos golpistas y antidemocráticos.
En las últimas semanas, el partido de los generales ha despedido a los intermediarios, ha abandonado el velo del falso disfraz legalista y profesional, ha salido de la sombra y ha pasado directamente a velar el poder judicial, como quedó explícito en la ofensiva contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Supremo Tribunal Federal (STF). Es necesario reconocer que los magistrados del STF cometieron errores primarios, que alimentaron, en cierta medida, la crisis deseada por los generales conspiradores.
Los magistrados del STF y del TSE, que al igual que los líderes partidarios de las Milicias Uniformadas, que no tienen mandato popular y son instituciones del Estado, se entrometieron dónde nunca debieron -en la política- y cometieron graves errores, como el pecado cardinal de invitar a los generales a participar en la supervisión del sistema electoral.
El golpe militar a cámara lenta todavía se puede evitar. Para ello, sin embargo, es fundamental que haya una fuerte movilización social en defensa de la democracia, el estado de derecho y por el regreso inmediato de los militares a los cuarteles, de donde nunca debieron salir.