El pasado 28 de abril, en el marco de un paquete integral de apoyo a Ucrania presentado a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la administración Biden impulsó una iniciativa legal dirigida a reforzar el cerco económico y financiero contra la Federación Rusa.

Aunque ha pasado por debajo de la mesa entre el aluvión de noticias de las últimas semanas, esta medida persigue una ampliación de las atribuciones y competencias presidenciales en el manejo de la política de “sanciones” contra Rusia, cuya importancia es reveladora del curso que va tomando la guerra económica estadounidense.

Por otro lado, la configuración de la iniciativa encuentra en el caso venezolano un antecedente que sienta las bases para formalizar (y globalizar) la estrategia de piratería y expropiación ilegal de propiedades de Estados soberanos.

¿De qué se trata?

Según el Fact Sheet de la Casa Blanca, la propuesta busca implementar un conjunto de modificaciones a la arquitectura jurídica que rige actualmente el ámbito de las medidas coercitivas unilaterales, y que parece haber llegado a un tope institucional justo cuando Washington tiene una necesidad evidente de producir una escalada mayor.

A grandes trazos, la iniciativa de la Casa Blanca que lleva a la cámara baja propone:

.- Una autoridad administrativa simplificada que permita incautar y decomisar activos rusos, presuntamente de propiedad de “oligarcas”, con mayor facilidad.

.- Transferir los fondos decomisados a Ucrania mediante la cooperación de los departamentos de Justicia, Tesoro y Estado, sin especificar los mecanismos y presentando dicha acción como una reparación por el conflicto.

.- Confiscar los bienes utilizados para evadir “sanciones”, un movimiento que no permite la legislación actual.

.- Enjuiciar la evasión de sanciones como delito de crimen organizado, incorporado a la Ley RICO (siglas en inglés de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión).

.- Ampliar la cooperación con socios extranjeros para viabilizar las confiscaciones de manera extraterritorial.

A modo de justificación ante la opinión pública, el manido término “oligarcas rusos” está integrado al corazón de la propuesta, con el propósito de desdibujar la frontera entre activos individuales y soberanos relacionados a Rusia y blanquear de esta forma incautaciones de carácter punitivo sobre fondos y propiedades estatales del país euroasiático.

Esto fue confirmado por Tom Malinowski, representante demócrata por New Jersey, quien, junto a Joe Wilson, homólogo republicano por Carolina del Sur, patrocinan el proyecto en la cámara baja en línea con la ofensiva de guerra económica de la Casa Blanca, a la que exigen una aplicación más contundente de las “sanciones” contra Rusia.

Malinowski afirmó, en declaraciones que fueron recogidas por The New York Times durante una audiencia, que “aunque los activos pueden pertenecer nominalmente a individuos, todos los que entendemos cómo funciona Rusia sabemos que se trata de activos estatales”.

Según lo dicho por el demócrata, la cartelización informativa occidental en torno a los “oligarcas rusos” ofrece una cobertura simbólica para llevar el ataque económico contra Rusia a una lógica de persecución global.

Los aspectos fundamentales

La ofensiva lanzada desde Washington representa un movimiento sin precedentes en la dinámica de “sanciones” coercitivas, puesto que plantea de forma inédita la posibilidad de liquidar activos, fondos y propiedades de un país soberano, mediante orden presidencial, para luego “autorizar” su transferencia a otra entidad gubernamental, en este caso Ucrania, bajo un procedimiento judicial “simplificado” donde Estados Unidos sería juez y parte al mismo tiempo.

La reforma apunta a un cambio semántico de primer orden, en tanto el término decomiso o confiscación, que implica la venta de activos en beneficio de un tercero, pasaría a ocupar un lugar de preeminencia en la configuración legal de las medidas coercitivas unilaterales del imperio.

Esto trae consigo una ampliación significativa de las atribuciones presidenciales emanadas de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, aprobada por el Congreso estadounidense en 1977, la cual reemplazó la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917. Ambos instrumentos, no obstante, tenían un límite legal en el congelamiento de activos, dejando abierta la posibilidad de su devolución utilizándolos como fichas de negociación política.

La intención de fracturar este límite legal tendría consecuencias importantes para el estatus actual del derecho internacional, ya que prefigura una ruptura del principio de igualdad soberana de los Estados y tiende a la destrucción de facto de los mecanismos de protección del sistema internacional que confieren inmunidad a los fondos y propiedades de países soberanos.

Otro aspecto distintivo de la iniciativa consiste en que vincula acciones de tipo penal y civil al mismo tiempo, llevando las maniobras de coerción económica a un plano de judicialización donde pueden ser suprimidos los convenios internacionales en beneficio de la jurisdicción interna estadounidense.

Según reportó The Washington Post, el interés de liquidar activos de propiedad rusa ya incautados o confiscados en el futuro tiene como finalidad prolongar el envío de armas a Ucrania, que serían pagadas con el dinero obtenido por la venta ilegal de fondos que ascienden a varios millones de dólares.

Resistencias y obstrucciones

A finales de abril, la iniciativa legal fue aprobada con 417 votos a favor frente a ocho en contra, sin embargo, la misma tuvo un carácter no vinculante en vista de algunas objeciones de orden constitucional planteadas desde el Comité de Asuntos Exteriores y un grupo de abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Debido a esto, la cámara baja se vio obligada a convertir la aprobación del proyecto de ley en un acto simbólico y en una muestra de alineamiento bipartidista contra la Federación Rusa, pero sin consecuencias legales directas.

Las objeciones de la ACLU yacen en que la iniciativa entra en contradicción con la institución del debido proceso consagrada en la Constitución de Estados Unidos, principalmente en la Quinta Enmienda, la cual protege el derecho a la legítima defensa.

En este sentido, se abre la posibilidad de que la Corte Suprema impugne su aprobación, de acuerdo a la estructura del sistema constitucional estadounidense.

Aunque por ahora el proyecto de ley no es vinculante, el Congreso estadounidense continúa explorando otros mecanismos legales que permitan reducir las preocupaciones de la ACLU y así, finalmente, dotar a la Casa Blanca de una nueva frontera de poder sancionatorio a escala global.

Se maneja la tesis de que Biden pudiera emplear la autoridad excepcional que en términos de confiscación de activos le otorga la Ley Patriota de 2001. El problema con este atajo es que, para utilizar las palancas de poder de la ley, Estados Unidos debe oficializar una declaración de guerra contra Rusia, una opción que no parece estar sobre la mesa en el corto plazo.

Datos clave

Mientras el armado legal continúa bajo cuestionamiento, Washington avanza para darle forma práctica a través de un conjunto de maniobras extraterritoriales por si el atasco jurídico y parlamentario se prolonga.

A mediados de marzo, junto a Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, la Comisión Europea, Australia, Canadá y Japón, Washington anunció el lanzamiento de un “grupo de trabajo multilateral” sobre Elites Rusas, sus Aliados y los Oligarcas (REPO, por sus siglas en inglés). El grupo, encabezado por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el fiscal general Merrick Garland persigue una coordinación más eficiente en la implementación de “sanciones” contra Rusia, y busca ampliar a todo el mundo occidental el perímetro de vigilancia y persecución para congelar activos de propiedad rusa.

En marzo, el Departamento de Justicia inauguró el grupo de trabajo “KleptoCapture”, enfocado principalmente en rastrear el uso de criptomonedas para la evasión de “sanciones”, mapear activos y propiedades de Rusia y tiene el poder de enjuiciar a quienes sean señalados de “conductas ilícitas” en relación a las “sanciones” aplicadas contra la nación euroasiática.

La huella de la guerra económica contra Venezuela: conclusiones

Las prácticas punitivas de castigo y expropiación ilegal de fondos y activos estatales que ahora buscan formalizarse en el Congreso estadounidense han tenido su base experimental en la guerra económica internacional desarrollada por Estados Unidos contra Venezuela.

Ya desde hace varios años, la confiscación y transferencia de recursos soberanos a terceros es una realidad, una evidencia de que las limitaciones legales de la iniciativa antirrusa de la Casa Blanca representan un obstáculo poco decisivo en la práctica concreta de las “sanciones”.

Desde principios de 2019, Estados Unidos transfirió, a la fuerza, los fondos de las cuentas del Banco Central de Venezuela (BCV) y de la estatal petrolera PDVSA en territorio estadounidense a los operadores políticos del “proyecto Guaidó”, que en aquel momento daba sus primeros pasos mediante la aventura ilegal del “interinato” impulsada desde Washington.

Este decomiso de recursos y cuentas por cobrar luego se ampliaría a todas las instituciones financieras globales donde la República o empresas estatales tuviesen activos líquidos, hasta llegar a una cifra aproximada de 30 mil millones de dólares.

Empresas como Monómeros, filial de Pequiven en Colombia, y CITGO, filial de PDVSA en Estados Unidos, también fueron parte de esta mecánica de incautación y transferencia a terceros, ya que su control operativo fue arrebatado ilegalmente a sus autoridades nombradas por el Gobierno Bolivariano para culminar en manos del “proyecto Guaidó”.

Buena parte de los fondos expropiados a Venezuela durante los últimos años han sido administrados directamente por Estados Unidos, y en segundo plano por los operadores políticos del “proyecto Guaidó”, cuya posibilidad de acceso a dichos fondos pasa por transacciones opacas, sin control legal, con el Departamento del Tesoro.

El destino de los activos soberanos de la República y sus empresas estatales es toda una incógnita no solo en términos administrativos, sino también en lo referente a las garantías legales internacionales que exigen su protección y devolución inmediata al país.

La denuncia a mediados de 2020 sobre el uso de fondos venezolanos incautados para financiar la construcción del muro con México propuesto por el expresidente Donald Trump representó toda una hipérbole de la extralimitación de las “sanciones” y, al mismo tiempo, del altísimo nivel de deterioro del derecho internacional, donde los recursos de un Estado soberano son utilizados para subsidiar agendas políticas internas en Estados Unidos.

Que la mecánica de expropiación y piratería de activos soberanos utilizada contra Venezuela ahora se plantee como una opción para ampliar el ataque económico contra Rusia indica que la guerra económica global estadounidense se proyecta de manera uniforme hacia el Sur Global y los nuevos ejes de poder alternativo, alimentada por una dinámica mucho más amplia de acumulación capitalista, desposesión y retorno a las prácticas de conquista y saqueo propias de la era colonial-esclavista.

El intento de darle una apariencia de “legalidad” también indica que el arma de la “sanciones” se ha recalentado y ha ido perdiendo efectividad de tanto usarla.