De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, que se realizarán este domingo 19 de junio, el Centro de Investigaciones sobre Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) ha publicado el informe "Lo que está en juego en las elecciones presidenciales de Colombia: Construir la paz, reducir la pobreza y la desigualdad" en el que se analizan algunos de los temas cruciales en juego.

Como es sabido, el proceso electoral colombiano se enmarca en un escenario de confrontación social que tiene décadas y que se ha acelerado con la irrupción del uribismo como trama sociopolítica que parte de una llamada "Seguridad democrática" para imponer agendas neoliberales en detrimento de los derechos socioeconómicos de la población. Ello se ha traducido en acumulación permanente y salvaje de recursos y poder en favor de la oligarquía más violenta de Latinoamérica.

Pobreza y desigualdad como detonantes de la "rebeliñon en las urnas"

El informe contrasta la trayectoria de Gustavo Petro (40,34% en primera vuelta) con la irrupción de Rodolfo Hernández (28,17 %), un candidato poco conocido, resaltando la condición de "antisistema" de cada contendor. Atribuye esta "rebelión de las urnas" a las diferencias entre indicadores macroeconómicos como el PIB per cápita (de 15 mil 424 dólares en 2019, antes de la pandemia) y los peores niveles de pobreza y desigualdad, presentes en Colombia.

Se analizan las cifras de pobreza colombiana desde distintas visiones y las compara con las de países de la región como Brasil, Ecuador o Perú, revelando datos contundentes como:

Colombia tenía muchas más personas viviendo en pobreza extrema en 2020 que Brasil, a pesar de que este último país tiene una población cuatro veces mayor.

De tener un nivel de pobreza extrema igual al de Brasil, Colombia hubiese tenido un 56 % menos de personas (lo que equivale a 1,17 millones de seres humanos) en la extrema pobreza.
Aun cuando los PIB de Perú y Ecuador son significativamente más bajos, Colombia también presenta tasas de pobreza extrema sustancialmente más altas.

En 2020, el 38 % de los colombianos estuvo por debajo del umbral de ingresos de 5,5 dólares. El triple de la tasa de Brasil (13,1 %), mayor que la de Perú (32,9%) y Ecuador (30,6 %).
Siendo la región representante de una de las distribuciones de ingresos más desiguales del planeta, la de Colombia es la peor. En 2020 fue de 54,6, y prácticamente no varió desde 2010, cuando era de 54,2.

Estas cifras se reflejaron en las jornadas de protestas más intensas desde los años 1970. Estas han sido reprimidas desde 2021, cuando alcanzaron su clímax, hasta la actualidad con el despliegue de operativos de detenciones en al menos cinco ciudades importantes.

Por otra parte, la pandemia sirvió, como en casi todo el mundo, de vitrina para exhibir las fallas del dogma neoliberal. En Colombia se registraron 139 mil 867 muertes confirmadas por la COVID-19 y fue el séptimo país con más muertes del hemisferio en proporción a la población.

Los autores analizan otros problemas que adolesce Colombia y que crecen tanto como se interrelacionan:

La consolidación del poder de los grupos armados.
El incremento de la tasa de homicidios.
Una mayor producción y tráfico de narcóticos.
La persistencia de la minería ilegal y otras actividades y flujos ilícitos.

Los nexos sociales y politicos como canal hacia la gobernabilidad

La implementación de las promesas electorales tiene la base política como vector principal, esta depende de la cantidad de aliados en el Poder Legislativo. En este aspecto, Petro pudiera tener más retos que ventajas debido a los resultados obtenidos en las elecciones del 13 de marzo en las que el Pacto Histórico (PH), coalición de 17 partidos de centro-izquierda, obtuvo el 19% de los escaños en Cámara de Senadores y 15% en la de Representantes luego de intentos de fraude.

Mientras que Hernández tendría que alinearse a las fuerzas conservadoras hostiles "a cualquier reforma redistributiva que él mismo haya anunciado durante la campaña", lo que mermaría su condición de "antisistema". A este respecto dice el informe:

"En muchos aspectos, puede resultar más fácil construir una mayoría en el Congreso para Hernández que para Petro. El problema es que la coalición política de Hernández estaría abrumadoramente dominada por partidos de derecha, con políticas para los temas discutidos aquí –el proceso de paz, la violencia, la pobreza y la desigualdad– que terminarían siendo similares a las del actual status quo".

Otro componente del vector político sería la base social: en este sentido, Petro mantendría ventaja al contar con el apoyo de movimientos sociales que aglutinan sectores como el indígena, afro, sindicatos, entre otros. Un punto importante es la presencia sustancial de la activista ambiental y feminista de clase trabajadora Francia Márquez como fórmula vicepresidencial, su participación ha profundizado la conexión del PH con la militancia social.

La presencia de Hernández en las redes sociales es, si se quiere, la novedad de la campaña. Ha centrado su campaña en un programa anticorrupción, principalmente promovido en la red social TikTok, mientras evita al máximo los debates públicos.

Ambos candidatos, Petro y Hernández, proponen reformas que apuntan a reducir la pobreza y la desigualdad. Así como Petro propone salud pública universal, reforma agraria y fortalecimiento de la educación pública, universal y gratuita en todos los niveles, aumento de la matrícula y del gasto en educación, también plantea una tributación progresiva para financiar la mayoría de las reformas. Propone establecer la alimentación como derecho humano, con planes de asistencia alimentaria que incluyen desde cupones para alimentos hasta políticas más estructuradas.

Hernández, con propuestas menos detalladas, plantea atención en salud, controles de precios hasta en productos farmacéuticos y la expansión de la red de hospitales públicos. Además, propone viviendas y más infraestructura para las zonas rurales e inversión para avanzar hacia el acceso universal al agua potable y saneamiento básico.

Paz y seguridad como pivotes históricos

Desde una complejidad social como la que vive Colombia a la posibilidad de que sectores trabajadores puedan vivir sin la amenaza de la guerra hay mucho trecho, por ahora "Colombia muestra todos los signos de tambalearse al borde de un nuevo repunte de anarquía, violencia y conflicto interno".

De allí que el informe recoja algunos datos:

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) calcula que un total de 96 masacres cobraron la vida de 338 personas en 2021.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia informó en 2021 que 262 excombatientes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) habían sido asesinados después de firmar los Acuerdos de Paz suscritos con el Estado colombiano en 2016, a pesar del compromiso gubernamental de brindar protección a los excombatientes que se han desarmado y se han incorporado a la vida civil.

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que 145 activistas fueron asesinados en 2021.

La ONG Global Witness ha clasificado a Colombia como el país más mortífero del mundo para los activistas ambientales. Además señala cómo la práctica de los "falsos positivos" no ha desaparecido sino que se ha afianzado en el medio militar. Se habla de entre 3 mil y 10 mil casos.

En mayo, en plena campaña presidencial, el Clan del Golfo organizó un "paro armado" en represalia por la extradición de su líder a Estados Unidos y bloqueó 26 caminos, generó escasez de gasolina y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que 26 civiles y dos miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante el tiempo que duró.

A la vez que la producción colombiana de cocaína se ha triplicado desde 2012, ha habido un reacomodo territorial de los grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo. Esto ha traído un aumento en las violaciones de derechos humanos, lo que es atribuido al "desprecio de la actual administración por algunos de los principios más importantes de los acuerdos de paz de 2016 con las FARC", materializado en el subfinanciamiento a la JEP y a la Comisión de la Verdad, buscando abolir o limitar el mandato de la primera por mampuesto de sus aliados en el Congreso.

Agrega el informe:

"No hay una respuesta sencilla a la violencia y el crimen en Colombia. Pero un requisito previo para cualquier solución duradera es que el Estado haga sentir su presencia en todo el territorio nacional. El Estado colombiano –y no sólo sus fuerzas de seguridad– debe llenar el vacío que dejan los grupos irregulares cuando estos se debilitan o dejan las armas, como es el caso de las FARC. Es crucial, más allá de restaurar el orden, que el Estado también esté presente y promulgue programas sociales efectivos y de gran envergadura que tengan un impacto real en la vida de las personas y aborden las causas a largo plazo de la violencia estructural".

La ausencia de fuerzas de seguridad estatales como de programas sociales y económicos del gobierno aparecen como principales causas del aumento en la producción de drogas y de la incursión de grupos armados ilegales, también la insistencia de la administración Duque en la erradicación forzada de la coca y su renuencia a negociar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La profundización de las políticas sociales y de las reformas en las fuerzas de seguridad son vistas por los autores del informe como políticas que encaminarían soluciones, así se estipuló en los Acuerdos de Paz que Duque ha frustrado.

Se destaca que los planes de Hernández a este propósito requieren más claridad en cuanto a las negociaciones con el ELN debido a que, según los planteamientos de esa guerrilla, no se trata sólo de que se pliegue a lo acordado con las FARC.

También se valora como positiva la adhesión del candidato al proceso de paz, aun cuando fue contrario al mismo durante el plebiscito, cuando era cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Entretanto Petro, quien ha dicho que apoya firmemente a la JEP, a la justicia transicional y las conversaciones con el ELN, ha insistido en relanzar la "reforma rural integral" que incluye un plan de democratización de la propiedad de la tierra y programas de seguridad alimentaria, puntos clave en los acuerdos de paz.

En los planes de gobierno se evidencia la diferencia entre Petro y Hernández respecto a la especificidad y factibilidad de sus propuestas en torno a este tema. Ambos coindicen en relanzar el proceso de paz, también lo hacen en relación con reanudar los lazos comerciales con Venezuela, lo que incidiría en el abordaje claro de "los complejos temas de migración y seguridad".

Colombia está frente a un mar de incógnitas pero su electorado ha dado un mensaje claro respecto al estatus que le ha gobernado. Queda por ver si esos giros serán reales o solo alargarán el vértigo a un país al que un conflicto social y armado no le permite caminar sin miedo.