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"Soy bastante cínico, y difícilmente me opongo al capital privado o estoy en contra de las corporaciones, pero estoy horrorizado... me desespera cuando los intereses privados se imponen por encima del Interés general... cuando los lobistas logran frenar cosas que claramente benefician al interés general". Así se refería Larry Summers, renombrado economista del ala conservadora del Partido Demócrata, al proyecto de Presupuesto aprobado esta semana en el Senado norteamericano.

Este elimina ciertos impuestos a la actividad de los fondos de inversión y no estipula las medidas necesarias para el cumplimiento de un impuesto del 15 por ciento a las corporaciones que invierten en guaridas fiscales y en países que no les cobran impuestos.

El nuevo presupuesto adjudica 400 mil millones (billions) de dólares a la financiación para el cambio climático, la salud y la obtención de más impuestos. Sin embargo, "no es más que una señal de virtuosismo",  ya que ninguna disposición amenaza al uno por ciento más rico del país y se eliminan todos los programas sociales propuestos por el ala más progresista del Partido Demócrata, entre ellos, la matrícula gratis para los estudios universitarios, asignaciones familiares y gastos domésticos.

Impone, además, un límite de dos mil dólares por año a los gastos de bolsillo para comprar medicamentos y posterga tres años los aumentos de la prima del seguro médico, que fuera otorgada por el gobierno de Barack Obama y que debiera regir a partir de 2023. Asimismo, limita el poder de negociación de la seguridad social frente a las corporaciones farmacéuticas: sólo podrá negociar dentro de cuatro años el precio de no más de 10 medicamentos.

 
Esto ocurre en un contexto nacional caracterizado por dos meses consecutivos de crecimiento negativo de la economía nacional –algo tradicionalmente considerado como un indicador de recesión–, una inflación del 8,5 por ciento anual que no se veía desde hace 40 años y una progresiva pérdida de la capacidad adquisitiva de los asalariados.

En este contexto, la Reserva Federal norteamericana (FED) busca controlar la inflación aumentando sistemáticamente las tasas de interés y restringiendo la emisión monetaria. Pone así en riesgo de implosión al enorme endeudamiento privado norteamericano y amenaza a cerca de la mitad de los estadounidenses, que deben recurrir a las tarjetas de crédito para llegar a fin de mes. Hoy el endeudamiento de las familias llega a la cifra récord de 15,84 billones (trillions) de dólares: 40 por ciento de los consumidores están endeudados, 23 por ciento no tienen ahorros y 28 por ciento tienen ahorros suficientes sólo para subsistir por tres meses si pierden sus trabajos.

La economía nacional está estrechamente ligada al consumo interno y depende en un 70 por ciento de la expansión de los servicios y de las actividades comerciales. Es una economía crecientemente desindustrializada –la industria y la agricultura absorben el 8 y el 10 por ciento  del empleo, respectivamente– y su crecimiento depende desde hace décadas de un endeudamiento creciente, tanto público como privado.

Estas circunstancias han configurado una estructura social crecientemente desigual, con una enorme concentración del poder de los monopolios que, mediante sus lobistas, presionan al Congreso para obtener mayores ganancias y exenciones impositivas. Entre estos grupos, se destacan las grandes corporaciones de armamento, que expanden sus ganancias con las guerras interminables, un grupo de grandes bancos y fondos de inversión y un reducido grupo de corporaciones de alta tecnología que realizan enormes ganancias y acumulan rentas a partir de su actividad en la economía nacional y en la global.

Por otra parte, y desde el punto de vista geopolítico, la Reserva Federal cumple un papel decisivo en el mantenimiento de la hegemonía norteamericana en el mundo. Su manipulación de las tasas de referencia incide sobre los flujos de capitales, sobre los precios de los commodities y sobre el valor del dólar y, por ende, sobre su función como moneda internacional de reserva.

La subida de las tasas de interés presiona a los precios de los commodities hacia la baja y atrae capitales invertidos en otros países. Todo esto impacta especialmente sobre las economías emergentes, pero también sobre Rusia –fuerte exportadora de commodities– y sobre China, donde el enorme flujo de capitales detona una creciente inestabilidad financiera.

Así, la Reserva participa activamente en la guerra económica que hoy subyace a los conflictos geopolíticos. Su objetivo último es mantener al dólar como moneda internacional de reserva, un rol que hoy es amenazado por la emergencia de un nuevo orden global basado en transacciones comerciales con monedas vinculadas a los commodities.

Facciones políticas y legitimidad institucional

Según las últimas encuestas, sólo un 30 por ciento de los consultados aprueba la gestión económica del Presidente norteamericano Joe Biden, y un 71 por ciento se opone a su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024. Ese rechazo incluye a un 54 por ceinto de los demócratas.

Este panorama contrasta con la situación de su principal rival político: un 60 por ciento no acepta a Donald Trump como futuro candidato presidencial, pero esto sólo incluye al 27 por ciento de los republicanos. Es decir, Trump todavía es un candidato creíble para su base electoral. En todos los casos, la inflación y la situación económica del país constituyen la principal preocupación de los encuestados. Pareciera, pues, que la disputa principal gira en torno a la captación del apoyo de los sectores populares.

El contexto político de estos datos se encuentra cada vez más caldeado por el enfrentamiento entre facciones de los partidos Demócrata y Republicano. Las divisiones permean a las instituciones y deterioran su legitimidad. Esto último saltó el lunes al escenario cuando el FBI allanó la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, buscando supuestos documentos que el ex mandatario no habría enviado oportunamente al Archivo General.

Así, por primera vez, se realiza un allanamiento en la residencia de un ex Presidente, sin aviso previo y rompiendo procedimientos establecidos. La orden fue dada por un juez que representó a los ex empleados de Jeffrey Epstein, el magnate involucrado en un escándalo por tráfico sexual con adolescentes.

Las razones del allanamiento se mantienen secretas y filtraciones a los diarios alegan la existencia de secretos nucleares. Trump exige que se hagan públicos los documentos incautados y ha sugerido la posibilidad de que le "planten" documentos para perjudicarlo. Ha acusado al Departamento de Justicia y al FBI de politización (weaponization), comparable con el escándalo del Watergate que terminó con el gobierno de Richard Nixon, con el objetivo de impedir su éxito en las elecciones de noviembre y su posible candidatura en 2024.

Este episodio parece seguir las huellas del Russiagate, que contó con la intervención directa del FBI para impedir primero el acceso de Trump al gobierno en 2016, y posteriormente su remoción con un juicio político. La participación del FBI contrasta, además, con su falta de acción en 2016 en relación con el escándalo de los tres mil e-mails secretos borrados por Hillary Clinton de su computadora personal y con su inacción frente al escándalo que rodea a Hunter Biden y su supuesta vinculación con negociados cometidos cuando su padre era Vicepresidente.

El allanamiento fue precedido por la publicación días atrás de un plan de gobierno que Trump iría a aplicar a en los primeros cien días si gana las elecciones en 2024. Según el mismo, Trump buscará concretar los objetivos que no pudo lograr durante su gobierno, entre ellos, la limpieza del "pantano" de Washington DC, eliminando a buena parte de la burocracia estatal, especialmente en las agencias de inteligencia, que tiene estabilidad en los cargos públicos.

Para algunos dirigentes demócratas, el allanamiento será usado por "los republicanos (...) para desacreditar la investigación de lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Esta investigación, impulsada por los demócratas en el Congreso, busca inhabilitar a Trump para ejercer cargos políticos por su supuesta participación en un intento de insurrección.

Una eventual catástrofe

En medio de esta batahola política, la geopolítica comienza a dividir las aguas dentro de la coalición gobernante y a encrespar a los republicanos. Algunos de los neocons republicanos, que desde un inicio apoyaron a la guerra en Ucrania, cuestionan ahora el creciente apoyo financiero destinado a financiar la guerra y a abastecer con armas y municiones al gobierno de Ucrania.

Un video de CBS refuerza sus argumentos al mostrar que sólo el 30 por ciento de los recursos enviados llegó a destino y que el resto fue desviado por la canaleta de la corrupción. El escándalo subsiguiente llevó a CBS a eliminar el video, exponiendo hasta qué punto se utiliza la censura en la guerra informativa que construye la narrativa oficial. Asimismo, luego de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, han surgido dudas en algunos congresistas republicanos vinculados a Trump sobre la capacidad que el país tiene de mantener abiertos al mismo tiempo dos frentes posibles de combate.

En este contexto, Ray Dalio, CEO de uno de los más grandes fondos de inversión global con fuertes inversiones financieras en China, advirtió sobre la gravedad de la situación: China y Estados Unidos avanzan por la senda que condujo a las dos últimas guerras mundiales. Sin embargo, el grado de participación de China en la economía norteamericana y global y la importancia de Taiwán en la fabricación de semiconductores implican que una eventual guerra sumirá a la economía mundial en una catástrofe nunca vista.

Así, los problemas de Estados Unidos permean su política exterior. Debilitado por las disputas internas y en vísperas de elecciones de importancia crucial para su mantenimiento en el poder, el gobierno no cesa de escalar los conflictos geopolíticos. Esta semana amenazó a los países africanos con aplicarles sanciones económicas si compran productos rusos.

Asimismo, ante la concreción de un acuerdo entre Turquía y Rusia para la utilización en Turquía de la tarjeta de crédito rusa Mir y la compra de gas ruso pagadero en rublos, se considera la posibilidad de ejercer presión informal para provocar la repatriación de capitales financieros y de corporaciones.

Turquía busca en Eurasia una salida a la crisis económica que la acucia desde hace años y tiene recursos estratégicos para frenar estas presiones, entre ellos: el control del acceso al Mar Negro.