AMLO desde que llegó a la presidencia el primero de diciembre de 2018, inició acciones para recuperar el sistema eléctrico nacional que está bajo explotación de compañías extranjeras y garantizar una mayor participación del Estado en los recursos petrolíferos.

Por su accionar nacionalista y planteamientos progresistas en temas de agendas internacionales se ha ganado el odio de los centros de poder en Occidente que le han lanzado constantes ataques desinformativos, sobre todo por parte de la ultraderecha asentada en Miami.

Recordemos que el T-MEC fue propuesto por el expresidente Donald Trump para sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debido a que el exjefe de la Casa Blanca quería obtener mayores prebendas.

El documento, con grandes cambios en materia de comercio exterior, fue firmado el 30 de noviembre de 2018 por los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, de México, Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justín Trudeau.

El pasado 19 de julio,  la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció la solicitud de consultas para la solución de controversias al amparo del capítulo 31 del T-MEC, bajo el argumento de que “las acciones de política pública y regulatorias del Estado mexicano han impactado negativamente a las empresas estadounidenses del sector energético para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Como era de esperar, Canadá se sumó a la solicitud de Washington, así como a las presiones de la compañía Iberdrola y de otros empresarios capitalistas con el fin de evitar el rescate de la soberanía mexicana en esos importantes sectores.

El gobierno estadounidense señala que la política energética de la actual administración, desplegada a partir de 2019, (cuando llegó AMLO al poder) “viola las disciplinas a las que el Estado mexicano se comprometió en el T-MEC, particularmente en capítulos como acceso a mercado, inversión y empresas propiedades del Estado.

La USTR agregó que las consultas solicitadas se refieren a medidas que perjudican a las empresas estadounidenses en favor de las estatales mexicanas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Washington exige que se elimine la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en vigor desde marzo de 2021 que beneficia a las centrales de la Comisión Federal de Electricidad sobre los generadores privados.

Con esa modificación, la entidad mexicana es la que administra ese servicio, incluida su distribución, o sea, el Gobierno se preserva el 56 % del mercado, mientras otorga a los privados el resto, que por cierto es bastante, pues equivale a toda la energía producida por Argentina.

Además, el decadente imperio quiere más: “revocación y rechazo de nuevos permisos de generación eléctrica y almacenamiento de petrolíferos, así como restricciones a la operación de estaciones de servicio e importación de combustibles por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener). 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro al plantear que no hay ninguna violación del Tratado y no se está incumpliendo ningún compromiso.

Desde finales de 2018, existen antecedentes de que López Obrador y el Partido Morena, defendieron el petróleo como un bien de la nación en las renegociaciones del Tratado.

En conversaciones con periodistas, reafirmó que lo primero que hizo su gobierno fue resistir esa presión porque los gobiernos neoliberales ya habían aceptado, en todos los acuerdos, que se negociara el petróleo de México.

“Les dijimos, puntualizó, que los tratados anteriores se habían suscrito por gobiernos neoliberales, neoporfiristas, entreguistas y que a nosotros nos estaba eligiendo el pueblo para cambiar la política económica”.

El capítulo 8 del T-MEC es muy aclaratorio al respecto pues bajo el título, Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos, indica que:

“Las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respeto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno”. En el caso de México, conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que:

“México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.»

AMLO afirmó que en ningún momento México ha intentado cambiar las reglas y destacó que solo los planteamientos del sexenio anterior se modificaron en defensa del petróleo, aun frente a las presiones políticas de Estados Unidos y Canadá.

“A mi llegada a la presidencia, dijo, el cambio (político) se dio para que México se mantuviese como un país independiente, no como colonia de ningún país extranjero. Es un asunto de dignidad, es nuestra historia no podemos traicionarnos”,

Por eso, con tranquilidad y seguridad, el presidente mexicano anunció que el próximo 16 de septiembre dará respuesta a las consultas sobre políticas energéticas realizadas por Estados Unidos y Canadá, pero desde ya, la dignidad y valentía política desbordan la figura de Andrés Manuel López Obrador.