La medida de excepcionalidad está vigente desde el 27 de marzo pasado, cuando fue aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo, luego de un fin de semana donde el número de muertos se acercó a 90.

Desde esa fecha fue prorrogada cinco veces, y es utilizado por el gobierno como herramienta legal para capturar a terroristas, una acción a la que pocos daban larga vida y la marcaban desde un inicio como un plan fracasado pero que hoy evidencia resultados no imaginados, según análisis de expertos y medios de medios de prensa.

El debate está presente, muchos a favor y una minoría en contra. Esta semana el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró en redes sociales que los 56 votos de ese grupo parlamentario están listos para prorrogar el régimen de excepción cada vez que se le demande.

Mientras la tolda del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se opone a la prórroga de la medida por considerarla inconstitucional y servir de tapadera a presuntas violaciones de los derechos humanos.

Desde la bancada vamos a seguir respaldando de forma unánime cada vez que el presidente Nayib Bukele nos solicite prolongar el régimen de excepción. Es lo justo, lo legal y lo correcto para los buenos salvadoreños, escribió Guevara en reacción al tuit que Casa Presidencial publicó para informar que agostó cerró con 21 días sin homicidios.

Por otra parte, cuando el debate llega a la calle, a los transportistas y comerciantes y a muchas gentes de a pie, el apoyo es masivo aunque no faltan los que critican que hay detenciones abusivas y arbitrarias, incluso algunas víctimas con signos de tortura, e incluso muertos que familiares aseguran no tenían nada que ver con las pandillas.

Por otra parte, el estado de excepción arropó la política gubernamental para arreciar el ataque y persecución de grupos de narcotraficantes y el decomiso de importantes cantidades de drogas en los últimos días.

Defensores de la medida sostienen que el régimen de excepción es efectivo para decomisar drogas, armas de fuego, municiones y desmantelar campamentos que los mareros y pandilleros tenían instalados en varias zonas rurales del país.

Las agrupaciones políticas opositoras con representación en la Asamblea Nacional se rehúsan a dar su voto ahora en septiembre si hay una nueva solicitud del gobierno para seguir combatiendo a las pandillas.

El Ejecutivo de Bukele lanzó en 2019 el Plan Control Territorial (PCT) enfrentar a las maras, socavar sus fuentes de financiamiento y “limpiar” las zonas controladas por dichas bandas, en su mayoría barrios y colonias populosas.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70 mil miembros, recaudan cerca de 700 millones de dólares con sus actividades, y resistieron los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.

Sin embargo, no son pocos los que dan el respaldo al gobierno aunque se mantienen las protestas de los familiares de muchas personas dentro de las más de 50 mil arrestadas en acciones arropadas por el estado de excepción.