La derrota del ultraderechista Jair Bolsonaro parece haber liberado a Brasil de las trabas que el modus operandi que este impuso al funcionamiento de las instituciones estatales. Ya se conocían los efectos de la debacle bolsonarista en las políticas públicas de medio ambiente, educación, ciencia y cultura, pero lo que sorprende es el éxito del gobierno en destruir áreas que no parecían estar en la mira, como la salud y la asistencia social.

El gabinete de transición del futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibe a diario informes sobre el caos generalizado que deberá enfrentar con respecto a la provisión de servicios públicos esenciales. Hay cinco millones de procesos relacionados con prestaciones del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) con análisis atrasado. El diario Valor mostró que los beneficiarios del Auxílio Brasil han visto bloqueados sus pagos sin motivo aparente.

La sustitución de la figura agresiva y disruptiva de Bolsonaro por la figura apática que mostró el revés electoral parece haber animado a muchos servidores públicos hasta entonces silenciados a colaborar en la descripción de las consecuencias prácticas de la convulsión a la que ha sido sometido el país en los últimos cuatro años, señala el conservador O Estado de São Paulo, bajo el título “Los enemigos del Estado”.

Ante los malos resultados que ha cosechado el país, vale la pena preguntarse cómo Bolsonaro ganó casi la mitad de los votos en la carrera presidencial, además de reflexionar sobre lo que esto revela sobre las nociones brasileñas de ciudadanía y cohesión social.

El próximo gobierno brasileño y el peligro militar

Hay quienes creen aún en la posibilidad de un golpe que impida la asunción de Lula da Silva por tercera vez a la presidencia brasileña, pero lo que son evidentes son la presiones de los mandos militares para imponer el próximo ministro de Defensa y se impida las investigaciones sobre la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Abordar el tema militar es central para la estabilidad política y la restauración de la democracia. De esta ecuación dependerá en gran medida la condición de gobernabilidad del gobierno electo. Además de nominar a un civil para comandar la Defensa, el gobierno electo debiera elegir comandantes que sean totalmente transparentes en su compromiso de profesionalizar y despolitizar las Fuerzas Armadas.

Pero la preocupación de los mandos es tener a alguien que impida las necesarias investigaciones sobre la administración de Jair Bolsonaro, de los militares que integraron su gobierno y quienes instigaron el golpe parlamentario de 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff y a quienes siguen tratando, a un mes de la asunción de Lula, de desestabilizar el país. La presión sigue con la meta de mantener y obtener ventajas para los militares en el próximo gobierno.

Lo mínimo que se espera del lulismo es que elija mandos comprometidos con la profesionalización de las Fuerzas Armadas, es decir, que rechacen categóricamente la ambición inconstitucional de los militares como “poder moderador”. Más allá de la designación del próximo ministro de Defensa, tratan de mantener los presupuestos estatales para los militares, las ventajas salariales y evitar la anulación de varios decretos que los benefician.

Especialistas en asuntos militares advierten que la designación de José Múcio Monteiro en el Ministerio de Defensa sería una opción de interés del Alto Mando del Ejército pero no representaría la salida necesaria para la gobernabilidad democrática.

Las especulaciones en torno a Múcio no surgieron originalmente en las discusiones sobre la transición de gobierno, sino que empezaron a circular tras el rechazo del nombre de Aldo Rebelo, sugerido por los militares para el cargo por afinidades políticas e ideológicas para asumir la cartera de Defensa. El vicepresidente, general Hamilton Mourão, dijo que José Múcio “sería muy bien visto por las Fuerzas Armadas” .

El profesor de Sociología de la Universidad de São Paulo (USP) Ricardo Musse cuestionó la posición ambigua de las Fuerzas Armadas en relación a la credibilidad del proceso electoral, pero descartó un intento de golpe debido a la falta de apoyo internacional.

También evaluó el silencio del presidente Jair Bolsonaro (PL) tras la derrota en las urnas como un intento de mantener movilizada su base y calificó el apoyo del Partido de los Trabajadores al derechista Arthur Lira en su intento de ser reelegido a la Presidencia de la Cámara de Diputados necesarios para garantizar la gobernabilidad de Lula.

 Paralela a la presión castrense, está la de los grandes grupos empresariales y la prensa derechista para imponer la austeridad fiscal, la forma de gestionar el capitalismo del siglo XXI a través de la amenaza interminable de más recortes y más restricciones en los presupuestos públicos. La austeridad fiscal actúa como una amenaza punitiva preventiva frente a las tentaciones de ampliar las tareas del Estado, la inversión en obras de infraestructura como inversión en llevar alimentos al plato de los millones de pobres.

La austeridad fiscal es la doctrina del shock aplicada a la economía. Es el complemento teóricamente racional al bolsonarismo a puerta de cuartel, al chantaje de que si no ganó mi candidato es porque hubo fraude. El llamado al orden del mercado, que equivale a la criminalización de las políticas fiscales expansivas.

Austericidio y fascismo van pues de la mano, exigiendo soluciones no racionales, no institucionales y no democráticas. Y todos sabemos que es imposible implantar políticas salvajemente liberales en la economía sin romper con la democracia.

Mientras las bandas bolsonaristas siguen quemando neumáticos, bloqueando carreteras, ametrallando a alumnos y profesores en el aula, matando petistas, escribiendo editoriales amenazantes, lanzando toneladas de fake news e insistiendo que hay que privatizar, escribir cartas con consejos soberbios a Lula, recordarle que debe olvidar los 700 mil muertos por la pandemia…

El Grupo Técnico de Medio Ambiente del equipo de transición anunció una reducción inmediata de la deforestación ya en el primer trimestre del próximo gobierno. Los índices de deforestación en la Amazonia aumentaron 59 por ciento durante el gobierno de Bolsonaro respecto a los cuatro años anteriores. Solo entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de este año  se registraron 11 mil 600 kilómetros deforestados en la Amazonia brasileña.