Una imagen difícil de imaginar hasta hace poco. Funcionarios de la petrolera estadounidense Chevron firmando un contrato con autoridades del gobierno de Nicolás Maduro en la sede de la petrolera estatal PDVSA, en Caracas.

Y no cualquier acuerdo, sino el que establece las condiciones para la reanudación de las tareas de extracción, compra e importación de crudo de Chevron en Venezuela para el mercado de los Estados Unidos.

Es el resultado inicial de una negociación entre el gobierno de Joe Biden y el de Nicolás Maduro que comenzó hace más de un año, con encuentros secretos y otros públicos al máximo nivel, que siguieron adelanta a pesar de los cíclicos pase de facturas cuando los micrófonos se encienden.

Luego el escenario de la guerra en Ucrania habilitó a la Casa Blanca para adelantar negociaciones en pos de petróleo venezolano para el mercado interno estadounidense. En estos meses se sucedieron declaraciones de lobby de Chevron en Estados Unidos, mientras el presidente Maduro enfatizaba que Venezuela estaba dispuesto a vender petróleo al Norte.

Ahora Chevron retoma el suministro de petróleo desde Venezuela y es, sin duda, una buena noticia para el gobierno de Nicolás Maduro. Primero, porque el acuerdo trae un nuevo flujo de divisas para el Estado venezolano. Los permisos a Chevron aumentarán la producción de petróleo y se incrementarán los ingresos nacionales al elevarse las ganancias de las empresas mixtas, que deben pagar el impuesto sobre la renta del 50 por ciento y regalías de alrededor del 30 por ciento por cada barril de petróleo.

Segundo, la dimensión política. Las imágenes de funcionarios de Chevron firmando los acuerdos marcan un nuevo momento, tal vez haya que decir el último y final, de la crónica de la muerte anunciada de la estrategia destituyente de la administración Trump, con el autoproclamado Juan Guaidó como cara visible a lo interno de Venezuela. Que Chevron con la venia de la Casa Blanca firme acuerdos en Caracas con ministros de Nicolás Maduro no puede leerse de otra manera.

Es verdad que formalmente Estados Unidos no reconoce a Maduro en la presidencia de Venezuela, que las relaciones diplomáticas siguen totalmente congeladas, y que los activos de Venezuela en Estados Unidos, especialmente la petrolera CITGO, siguen en un limbo. También está claro que Estados Unidos mantiene en lo fundamental las llamadas “sanciones”, es decir, el bloqueo sobre las finanzas públicas y las empresas venezolanas en el mundo.

Pero también está claro que estos acuerdos se lograron sin que el gobierno de Nicolás Maduro haya cedido en el terreno político, es decir, sin acordar un adelantamiento de elecciones generales, como pretendía la oposición guaidosista.

Por el contrario, esos comicios siguen fijados para dentro de más o menos dos años, es decir, segundo semestre de 2024. La oposición no tiene candidato a la vista, y el oficialismo sí: el mismísimo presidente Nicolás Maduro. Así aunque en algunos raleados actos en Caracas el sector más díscolo de la oposición sigue alardeando con la supuesta “dictadura” que gobierna Venezuela, parece claro que la Realpolitik de Washington los pasó por arriba.