El Departamento de Justicia ha recomendado a la Comisión Federal de Comunicaciones negar un permiso para que la isla se enlace al cable submarino que interconecta a los países del Caribe con el continente americano.

El argumento es ridículo. Alega el supuesto peligro de las relaciones de Cuba con otros “adversarios extranjeros” como China o Rusia, que podrían usar la isla de pasarela para hackear la red estadunidense, lo que es tratar a los que lean estas recomendaciones como menores de edad, por decirlo suavemente.

La red Arcos-1, que pasa a 32 kilómetros de La Habana y ha estado activa por más de dos décadas, conecta a 24 puntos de anclaje a Internet de 15 países del continente, la mayoría con relaciones fluidas durante mucho tiempo con los “adversarios extranjeros” que desvelan a Washington.

Nadie se conecta a Internet invocando palabras mágicas. Por lo menos se requieren tres condiciones: la red de telecomunicaciones, las computadoras o equipos electrónicos que dialogarán con sus pares en el mundo y una cultura del uso de estas tecnologías. Si se vive en una isla, se necesita más que en cualquier otro lugar de cables submarinos para enlazarse a las redes continentales.

De hecho, 99 por ciento del tráfico de datos en todo el mundo, tierra firme o no, navega a través de cables por debajo del agua, la mayoría de fibra óptica, que suman más de un millón de kilómetros.

Internet fue pensada como una red donde la información transita por caminos alternativos, para garantizar la vitalidad de la circulación de los datos. Su nacimiento se debe a la orden que emitió en 1962 el presidente John Kennedy, tras la crisis de octubre o crisis de los misiles que evidenció la vulnerabilidad de los sistemas de mando y control unidereccionales en caso de ataque nuclear.

Sin embargo, la redundacia de la red tiene hoy más limitaciones que cuando surgió Internet, porque casi todos los cables de fibra óptica conducen a Estados Unidos, donde se encuentra la columna vertebral de la red de redes.

Esta estructura desbalanceada de los cables que constituyen Internet hace que cualquier información que se transmita desde América Latina hacia Europa, incluso si es enviada desde un servicio en la Patagonia y desde servidores locales, pase casi siempre por Miami. Además, los grandes caños de fibra óptica que cruzan los océanos son propiedad de un puñado de corporaciones ligadas a los servicios de inteligencia, como mostró en sus revelaciones el agente Edward Snowden.

Por tanto, no es Cuba quien tiene una larga y documentada tradición de hackeo, espionaje y control de Internet. Sin ir más lejos, un informe de investigación conjunta publicado en septiembre pasado por el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos de China y la compañía de seguridad de Internet Qihoo 360 Technology, acusa a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de haber dirigido más de 10 mil ataques cibernéticos contra China, con la sustracción de 140 gigabytes de datos relevantes.

Imposible tragarse el cuento de Cuba como amenaza de ciberseguridad en estas condiciones. Lo relevante aquí es que el Departamento de Justicia admite por primera vez, mediante una recomendación burocrática, que Washington impide la conexión al cable submarino, por lo que quizás algún día reconozcan que entre sus muchos bloqueos a la isla está también la imposibilidad de adquirir tecnología informática y las enormes dificultades para acceder a los servicios digitales.

Desde 1996 y gracias a una normativa infame, conocida como Ley Torricelli o Ley para la Democracia de Cuba, fue posible la conexión de la isla a Internet, pero sólo para acceder a contenidos informativos, porque hay límites leoninos a las prestaciones que puede disfrutar un usuario cubano.

Aquí no se puede ver Google Earth, ni usar el sistema de videoconferencia Zoom, ni descargar softwares gratuitos de Microsoft, ni comprar en Amazon, ni adquirir dominios internacionales que parezcan favorecer el turismo hacia Cuba, por mencionar algunos de los más de 200 cientos de servicios y aplicaciones bloqueados.

Cuando los proveedores de Internet (ISP) detectan un acceso desde Cuba, estas empresas, estén en California, Madrid, París o Toronto, actúan como embudo y advierten que “usted vive en un país prohibido”.

Casi se agradece la recomendación pública del Departamento de Justicia para impedir la conexión de Cuba al cable submarino. Quizás por ese camino de francas negaciones algún día lleguen a reconocer las demás barbaridades que nos hacen.