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Desde el 7 de diciembre pasado se ha venido consolidando en Perú una dictadura de tipo militar-parlamentaria, que usa como fachada “institucional” a la ex vicepresidenta Dina Boluarte, quien traicionó al derrocado mandatario Pedro Castillo convirtiéndose en rehén del ejército, el fujimorismo y la racista y clasista oligarquía limeña al servicio de las grandes corporaciones extractivistas internacionales. Un golpismo rampante que siempre contó con el aval de Estados Unidos.

En conexión con el generalato, el principal operador de la trama golpista en el Parlamento fue su actual presidente, el general retirado José Williams Zapata, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y representante de la agrupación conservadora Avanza País, que durante la segunda vuelta de las elecciones de 2021 apoyó a la ultraderechista Keiko Fujimori, contra su contrincante, Pedro Castillo, quien resultó electo.

Como muchos miembros del Congreso peruano, la hoja de vida de José Williams Zapata exhibe su lado represivo y corrupto. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones de Perú, en 2006, cuando aún era presidente del Comando Conjunto del Ejército, Williams fue acusado por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado y le retuvieron cinco cuentas bancarias. En 2021 fue acusado de encubrimiento en la masacre de Accomarca (1985), donde fueron asesinados de 69 comuneros. Asimismo, y de acuerdo la División Antidrogas de la Policía Nacional (Divandro), la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) y WikiLeaks, cuando el general José Williams Zapata fue jefe de la Región Militar Norte de Piura (de 2004 a 2005), se vinculó con el cártel de Tijuana, fundado en Baja California, México, por los hermanos Arellano Félix en los años 80.

Según Wayka.pe, en 2010, cuando WikiLeaks filtró documentos diplomáticos secretos de la embajada de EE.UU. en Lima, Williams, entonces jefe de la región militar en Piura, tenía nexos con colaboradores de la organización criminal mexicana. El 12 de marzo de 2009, el embajador de EE.UU. en Lima, Michael McKinley, envió un cable secreto al Departamento de Estado donde advertía que Williams Zapata estaba presuntamente vinculado con el excapitán Jonathan Huacac Torrico (identificado por la Divandro como colaborador del cártel de Tijuana), y había sido visto reunido con capos mexicanos en el Casino Militar de esa región castrense.

Con ese palmarés, Williams Zapata habría sido uno de los principales articuladores del plan golpista desde el Congreso contra Castillo, en coordinación con el alto mando militar peruano y la embajadora de EE.UU. en Lima, Lisa Kenna, una exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien se apoyó en el agregado castrense de esa misión diplomática, Mariano Alvarado, oficial de operaciones del Grupo de Asistencia y Asesoramiento Militar del Pentágono (MAAG), quien mantiene estrecho contacto con los generales peruanos.

Según fuentes ligadas con jerarcas de corporaciones trasnacionales en Lima, la trama golpista habría sido urdida desde septiembre pasado como parte de una sofisticada operación de inteligencia. Como el Congreso no contaba con los votos necesarios para vacarlo (destituirlo), le hicieron creer al presidente Castillo que contaba con el apoyo de las fuerzas armadas y la policía y lo indujeron a disolver el Parlamento (para que rompiera adrede el orden constitucional). Para eso fraguaron encuestas (que sólo le enseñaron a él) y le hicieron creer que tenía más de 40 por ciento de apoyo popular y el Congreso sólo ocho por ciento, por lo que iba a ser muy fácil tumbarlo y sería aclamado por la multitud.

Además del ejército y la policía, el plan involucraba a la fiscalía de la nación, la contraloría, ministros, congresistas y a la vicepresidenta Boluarte. Después de que el presidente leyó su mensaje a la nación disolviendo la Cámara e instaurando un “gobierno de excepción”, varios ministros renunciaron en serie. Entonces, Castillo buscó el apoyo de las fuerzas armadas mediante sus edecanes militares y no obtuvo respuesta. Ahí se dio cuenta de que le habían tendido una celada, pero ya era tarde. Incluso, la seguridad del Estado lo retuvo en palacio mientras esperaban la votación del Congreso para desaforarlo. Entonces le dijeron que estaba acordado un supuesto plan B: que buscara asilo en la embajada de México. Ya entonces uno de los complotados había gestionado el asilo diplomático de Castillo en la misión mexicana. Pero instantes después de que el Congreso declaró la vacancia presidencial acusándolo de presunta rebelión, Castillo fue detenido por un comando SWAT de la policía nacional. Lo llevaron a la contraloría y de inmediato apareció la fiscal de la nación, mientras Boluarte esperaba en su casa para ser llamada a asumir como presidenta de la república.

El único que no estuvo en la trama golpista fue el comandante general del ejército, Walter Córdova, quien según el periódico La República, el 5 de diciembre había sido presionado por el titular del Parlamento, José Williams, para que dejara el cargo porque había “graves denuncias” en su contra que afectaban la “institucionalidad” del Ejército. Otra versión señala que el comando conjunto del ejército le intimó: “Te alineas o renuncias”. Asimismo, la víspera del golpe, la embajadora de EE.UU., Lisa Kenna, se reunió con el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, y éste, al igual que Córdova, presentó su renuncia el 7 de diciembre. Según el diario limeño, la última llamada telefónica que tomó Castillo antes de abandonar el palacio presidencial, provino de la embajada de EE.UU.. El 7, Kenna envió un tuit de denuncia contra la medida de Castillo de disolver el Congreso, y desde Washington, haciendo uso de la añeja mitología gringa sobre la democracia representativa, el secretario de Estado, Antony Blinken, bendijo el golpe.

La larga mano de EE.UU. también está detrás del nombramiento del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el coronel retirado Juan Carlos Liendo O’Connor, exoficial de enlace en el Comando Sur del Pentágono estrechamente ligado con la dictadura de Alberto Fujimori y su alter ego, Vladimiro Montesinos, ambos presos por delitos de lesa humanidad. Liendo garantiza la represión y militarización en curso en Perú.