Estaba aún caliente la sangre de los caídos en Juliaca y Puno cuando Alberto Otárola y los suyos incursionaron en la sede del Legislativo, el martes 10, en busca de un Voto de Confianza. Aunque inicialmente ellos fueron desalojados del hemiciclo por el repudio ostensible de un buen grupo de parlamentarios, finalmente los visitantes se salieron con la suya y obtuvieron un voto de confianza extendido por 73 congresistas.

Las razones de “la confianza” no fueron claras. Se escondieron tras grandes palabras: democracia, orden, respeto, propiedad; pero no pudieron ocultar su esencia. Les dieron la confianza, porque sabían que podían confiar en que seguirían matando peruanos, en consideración a los altos valores esgrimidos.

Habría sido pertinente que en ese fragoroso escenario,  algún congresista hubiese presentado una Moción de Orden del Día  otorgando un Voto de Confianza al Pueblo, por su valerosa lucha contra la usurpación, el crimen y la barbarie. Tal iniciativa, seguramente desestimada, habría puesto aún más en evidencia a los áulicos del régimen allí presentes.

La Gran Prensa habla ya de 50 “muertos” como un modo de ocultar la realidad: No fueron muertos, sino asesinados. Cabe subrayar la diferencia. En esa línea, la Clase Dominante insiste en que la policía y la Fuerza Armada, lo que hacen es “preservar el orden” y, eventualmente, incurren en “algunos excesos”. Con relación a lo primero hay que recordar que en todas las ciudades de país, las manifestaciones fueron pacíficas. Y sólo se tornaron violentas, cuando los manifestantes fueron agredidos.

Además,  cabe subrayar que fueron atacados con perdigones y bombas, disparadas desde helicópteros que, al mismo tiempo, transportaban efectivos y vituallas que irían a acrecentar la capacidad represiva del Estado.

En cuanto a los “excesos” -palabra usada incluso por Monseñor Barreto- cabe mencionar que no puede usarse. “Caer en excesos”, es otra cosa. Tomar cinco botellas de cerveza, es un exceso que generará una ostentosa borrachera; ingerir tres platos de frijoles, es otro exceso que provocará severos desordenes estomacales; Monseñor Barreto, podría ofrecer una misa dominical, pero si oficiara diez, quedaría agotado: sería un exceso; pero matar, no es un exceso. Es un crimen.

Cuando se advierte a los niños que deben cuidarse y no exagerar,  porque “todo en exceso, hace daño” se alude a lo que afecta al común de los mortales: bebidas, comidas, placeres, juego; pero no se piensa en la muerte: matar, no es “un exceso”.  Ningún adulto,  lo imagina en tal sentido.

La clase dominante se vale de muchos artilugios. La “Prensa Grande”   llenó sus noticieros con los presuntos vándalos que asaltaron almacenes comerciales en Juliaca y Puno sin que ninguno de ellos fuera capturado.

Dos días más tarde se descubrieron muchos de los objetos robados, en poder del Jefe de la Policía local.  Y a propósito, ¿acaso no se ha descubierto que hubo incluso en Lima, actos de vandalismo ejecutados por integrantes del Grupo Terna, policías de civil al servicio del régimen?

Pero hay más, la ciudadana Fanny Mayta Porto afirmó que la PNP utiliza foto de su primo fallecido hace una semana en Chiclayo, el teniente Oliver Quispe Aliaga, como el supuesto policía quemado vivo en Puno, cuyo cadáver fue recogido sin la presencia de un fiscal. ¿Se puede creer entonces en “la versión oficial” que nos trasmiten “los medios”?  

En todo caso, ni la “Prensa Grande” ha recogido la versión, ni las autoridades se han tomado el trabajo de desmentirla y explicar qué fue lo que ocurrió en la madrugada del martes pasado -en horas del toque de queda”, cuando fue quemado el vehículo policial con un cadáver dentro.

De todos modos es bueno preguntarse ¿hasta cuándo habrá de durar todo esto?  Por lo pronto, mientras “los de abajo” lloran por la sangre derramada; los “de arriba” lloran por los millones de dólares perdidos. Así de breve podría perfilarse la diferencia entre un voto de confianza a los ministros, y el otro, que bien merecería el pueblo.  

Cuando el lunes 9 los voceros de distintos estamentos reunidos en el Acuerdo Nacional intercambiaban ditirambos referidos a la gobernabilidad, las cosas tomaron un rumbo distinto. A los ilustres asistentes,  nadie les echó un vaso de agua fría en la cara; sino varios litros de sangre caliente, para devolverlos a la realidad.

Es curioso. En esa misma circunstancia, Dina Boluarte dijo “no entender” qué pedían los manifestantes en diversas ciudades del país. Como una manera de combatir el incremento del Producto Bruto Interno, que parece haber crecido desmedidamente a partir del 7 de diciembre pasado; ya varios -con paciencia de maestro serrano- le han explicado que lo que piden todos, es su renuncia al cargo. Claro que para ella, esa decisión no será fácil. Implicaría no sólo admitir su  derrota, sino también escabullirse de una responsabilidad que la acompañará de por vida.

Y es que los delitos de Lesa Humanidad van más allá de las fronteras, y no prescriben.

Un consuelo, sin embargo, habrá de tener: Por mandato del artículo 128 de la Constitución vigente, sus ministros -incluido Otarola- son solidariamente responsables por los crímenes cometidos y por los acuerdos adoptados por el Consejo que integraron, salvo que renunciaran a él.  El titular de Trabajo, por lo pronto, “se quitó”. Irán los demás al “bote”.  

Por todo esto, ese Gabinete, no merece confianza. El pueblo, si