¿Por qué Macron y los sindicatos franceses discrepan sobre las pensiones?
Los sindicatos no están contentos, y más de un millón de personas salieron a la calle la semana pasada para rechazar la medida sobre la edad de jubilación.
-
Trabajadores francesas protestan contra política de pensiones.
El gobierno francés presenta este lunes un proyecto de ley que prevé amplios cambios en el sistema de pensiones que retrasarán notablemente la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años.
Los sindicatos no están contentos, y más de un millón de personas salieron a la calle la semana pasada para rechazar la medida. Se prevén más huelgas y acciones de protesta el 31 de enero, y probablemente después.
¿Qué quiere cambiar el gobierno del Presidente Emmanuel Macron y por qué, y qué significa para los trabajadores, y por qué se opone tanta gente?
El sistema de pensiones
Todos los jubilados franceses reciben una pensión estatal. La financiación del sistema se basa en la redistribución de un impuesto específico de los que trabajan a los jubilados.
Se prevé que el sistema entre en déficit en la próxima década debido al envejecimiento de la población francesa.
La pensión media francesa asciende este año a mil 400 euros mensuales (mil 500 dólares al mes) una vez deducidos los impuestos.
El sistema es complejo, con diferencias según las profesiones y los sectores público y privado. Algunos pueden jubilarse anticipadamente, como los militares, los policías y las personas con trabajos físicamente exigentes.
El plan del gobierno
El Gobierno afirma que los cambios harán que el sistema sea financieramente sostenible.
Los trabajadores nacidos en 1961 que debían jubilarse este año tendrán que trabajar tres meses más. Los nacidos en 1968 y después tendrán que tener al menos 64 años y haber trabajado 43 para tener derecho a una pensión completa.
Los que no cumplan las condiciones, como muchas mujeres que interrumpieron su carrera para criar a sus hijos o los que emprendieron un largo periodo de estudios y empezaron a trabajar tarde, tendrán que esperar hasta los 67 años para obtener una pensión completa, sin cambios respecto al sistema actual.
Los que empezaron a trabajar entre los 14 y los 19 años podrán jubilarse anticipadamente, al igual que las personas con problemas graves de salud.
El Gobierno argumenta que los cambios también permitirán aumentar la pensión mínima en 100 euros, hasta alcanzar unos 1.200 euros para una carrera profesional completa.
Oposición a los cambios previstos
Los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los franceses se oponen al plan. Las protestas del jueves, primera muestra pública de resistencia a las medidas, congregaron a más multitudes que en años anteriores.
Los ocho principales sindicatos franceses piden al Gobierno que abandone la medida sobre la edad. Es la primera vez desde 2010 que todos los sindicatos unen sus fuerzas contra una reforma prevista.
Los opositores argumentan que hay otras formas de obtener financiación para las pensiones, por ejemplo mediante un impuesto a los ricos o un aumento de las cotizaciones salariales pagadas por los empresarios.
La mayoría de los partidos de la oposición, incluidos el partido de extrema izquierda France Unbowed, los Verdes y el Partido Socialista, así como el ultraderechista Reagrupamiento Nacional, prometieron librar una dura batalla contra el proyecto de ley en el Parlamento.
¿Qué sigue?
Los cambios se incluyen en un proyecto de ley de modificación presupuestaria que se ha presentado formalmente en una reunión del Gabinete celebrada el lunes. Comenzarán a debatirse en el Parlamento el 6 de febrero.
La alianza centrista de Macron perdió su mayoría parlamentaria el año pasado, pero aún cuenta con el grupo más importante en la Asamblea Nacional, donde tiene esperanzas de poder unirse al partido conservador Los Republicanos para aprobar la medida.
De lo contrario, el gobierno podría utilizar un poder especial para forzar la aprobación de la ley en el parlamento sin votación, pero esta medida tendría un precio de fuertes críticas.
El proyecto de ley tendrá que ser votado en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría.
El gobierno pretende aprobar la ley antes del verano para que los cambios puedan entrar en vigor en septiembre. Sin embargo, sus planes pueden verse alterados en función de la magnitud y duración de las protestas y huelgas.
