La campaña mediática de presión y judicialización contra el presidente Maduro en Argentina
Los participantes de esta nueva campaña en contra del presidente y las instituciones venezolanas legítimas incluyen tanto a voceros de los sectores más extremistas de la oposición como políticos argentinos afiliados al macrismo.
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"Unidad en la diversidad" es el lema de este año en la VII Cumbre de la CELAC.
Una de las estrategias recurrentes del antichavismo para atacar al Gobierno Bolivariano de Venezuela consiste en criminalizar al presidente Nicolás Maduro, armando expedientes con información falsa o tergiversada, con la intención de crear un clima de opinión negativo que escale a nivel internacional, de manera que exista un apoyo a la toma de acciones judiciales (con trasfondo político) contra el jefe de Estado.
Dicho arsenal de acusaciones sin fundamento sobre supuestas violaciones a los derechos humanos en nuestro país está siendo desplegado ahora para sabotear la participación del presidente Maduro en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), que será celebrada en Buenos Aires, Argentina, este 24 de enero.
Los participantes de esta nueva campaña en contra del presidente y las instituciones venezolanas legítimas incluyen tanto a voceros de los sectores más extremistas de la oposición como políticos argentinos afiliados al macrismo. Hay mucha celeridad en el asunto, además del apoyo irrestricto de los medios de comunicación privados argentinos, y probablemente tenga que ver con el hecho de que la participación del presidente Maduro en Buenos Aires puede desencadenar escenarios favorables para la integración regional y la cooperación con las naciones que construyen un nuevo orden multipolar.
No olvidemos que en la presentación de su Memoria y Cuenta 2023, el primer mandatario adelantó que había conversado con sus pares de Argentina, Colombia y Brasil para conformar un bloque de fuerzas políticas y hacer alianzas con quienes calificó de "hermanos mayores": los presidentes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladímir Putin.
Antichavismo venezolano y argentino entran en escena
El pasado 19 de enero, la plataforma ilegal que intenta usurpar las funciones de la Asamblea Nacional venezolana, la llamada "Comisión Delegada", realizó una "plenaria" en línea que tuvo como centro de debate la participación que tendrá el presidente Nicolás Maduro en la venidera Cumbre de la CELAC.
El opositor Richard Blanco, que se autodenomina a sí mismo como un "exiliado político", hizo su intervención retratando al presidente Maduro como "dictador" y, bajo esa línea narrativa, sacando la conclusión de que su presencia en Argentina sería una amenaza para la democracia. El exdiputado Freddy Guevara se afilió a esa acusación y dijo que el falso parlamento del que él forma parte "rechaza la visita de Nicolás Maduro a la República Argentina".
Antes dijo en una entrevista que le preocupaba la reunión que tendrán los presidentes Nicolás Maduro y Alberto Fernández.
"Vendrá a ofrecer lo que pueda, que es producto de lo que se viene viendo en Venezuela del narcotráfico y los grupos terroristas, entre otras cosas (...) No queremos ver sufrir a Argentina como sufrimos nosotros. Venimos del futuro y nosotros sabemos cómo ocurren las cosas desde la utilización de los recursos como el gas y el petróleo", acotó.
En la reunión virtual participó Alberto Asseff, diputado argentino de Juntos por el Cambio (coalición de partidos que apoyó a Mauricio Macri en su carrera a la presidencia argentina). Culpó a la dirigencia del chavismo de transformar a Venezuela "en un país marginal, paria" y reforzó la idea de la "dictadura", por lo que, según su visión, "la presencia de Maduro en Argentina no es bienvenida".
Juntos por el Cambio está al frente de otra iniciativa en función de encaminar la misma matriz de opinión. Un grupo de la coalición presentó un proyecto para pedirle a la Cámara de Diputados argentina que declare persona non grata al presidente Maduro.
"Declarar 'persona non grata' al Señor Nicolás Maduro ante su próxima visita a la Argentina en el marco de la reunión de la CELAC -Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños- por su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos contra el pueblo venezolano", apunta el texto.
La iniciativa lleva las firmas del jefe del bloque PRO (partido del que Mauricio Macri es fundador), Cristian Ritondo, y de Adriana Ruarte, Gustavo Santos, Fernando Iglesias, Hernán Lombardi, Sofía Brambilla y Alejandro Finocchiaro.
Los diputados argentinos defienden su solicitud con el fundamento inexacto de que "la ONU viene señalando la responsabilidad del gobierno venezolano en la comisión de violaciones de los derechos humanos desde 2014".
En realidad, se trata de una "misión independiente" que ha emitido informes con falsa acusaciones, irregularidades en las investigaciones y "testimonios" que no fueron constatados en el terreno de los hechos. El último de estos informes apareció convenientemente cuando, desde las oficinas de la Administración Biden, se activó una nueva agenda de "intervención humanitaria" contra Venezuela.
Las acciones que buscan dañar la imagen del país en la CELAC tienen precedentes inmediatos de otros grupos, y se extiende contra otros países que también se oponen a la injerencia de Estados Unidos en la región latinoamericana y del Caribe. Finalmente, el tipo de modelo de "democracia" que defienden los actores que llevan a cabo la campaña mediática es aquel que siga los dictámenes de la Casa Blanca.
Uno de aquellos es el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), que lo integran dirigentes políticos opositores tanto argentinos como venezolanos; de igual modo, hay operadores de "derechos humanos", intelectuales y periodistas. El 17 de enero, el bloque denunció ante la Justicia argentina a los presidentes Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, incriminándolos por "crímenes de lesa humanidad".
El texto expone "las violaciones del derecho internacional" que aparentemente habrían cometido los presidentes latinoamericanos, pero no explica los objetivos que se propone la denuncia ni tampoco dice cuáles fundamentos jurídicos podrían supuestamente impedir el ingreso de ellos a suelo argentino.
El medio argentino Página/12, en un análisis que hace de las motivaciones de los políticos argentinos detrás de la denuncia penal, refiere que éstos se han acostumbrado a renegar de los bloques de integración regional como Mercosur y UNASUR, mientras que alimentan los foros regionales neoliberales. La diferencia con ocasiones anteriores, es que ahora se busca "judicializar las relaciones internacionales con denuncias contra jefes de otros Estados en el marco de un foro regional".
Más adelante, Página/12 informa que:
"(...) desde Cancillería sostienen que la denuncia no tiene ningún sustento jurídico, ni podrían prosperar pedidos para impedir el ingreso de los Presidentes o retenerlos en el país. Los vuelos oficiales suelen servir como embajadas en el aire en términos de inmunidad".
Aún así y en medio del escenario de pugna con el Poder Judicial, nadie parece tranquilo: "Todas las oficinas del Estado están siguiendo el tema de cerca -explicaron-, el ministerio de Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y la Procuración".
Otra campaña política contra el presidente Maduro
A la campaña de desprestigio e intento de judicialización le acompañan la formulación de amenazas e intimidaciones. En específico, están presionando por la idea de retener los aviones de los presidentes Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, una vez que aterricen en Argentina. Para ello, se alude a las medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre la empresa estatal venezolana Conviasa.
El diario Clarín difundió el bulo de que el embajador de Cuba en Buenos Aires, Pedro Pablo Prada Quintero, y la embajadora de Venezuela, Stella Lugo, le hicieron saber a los funcionarios argentinos que "temen" por la seguridad de los aviones que trasladarán a los jefes de Estado de sus países, por pertenecer a la flota de Conviasa.
En todo caso, sería una preocupación completamente racional, teniendo en cuenta el episodio, bastante reciente y bochornoso para el gobierno de Alberto Fernández, en el que sectores de la política argentina consiguieron complacer las órdenes de Washington reteniendo durante meses al avión de Emtrasur y su tripulación, sin ninguna justificación legal.
El reporte de Clarín dice que "un sector del Gobierno afirma que todas las aeronaves que vengan a Buenos Aires con delegación oficial gozan de inmunidades como también las tendrán los jefes de Estado". Por otro lado, un sector distinto señaló que en Argentina "hay independencia de poderes".
La última frase resulta bastante crítica como amenaza. Clarín lo subraya recordando la recompensa de 15 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ofreció por la captura del presidente Maduro en 2019, y que, en sincronía con los acontecimientos, salió hace poco a relucir la noticia de que se mantiene vigente.
La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, apunta hacia la narrativa del encarcelamiento. El 19 de enero declaró: "Si Nicolás Maduro viene a la Argentina debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998″.
Hace días, el medio argentino La Nación dio impulso a la creación de un clima de intriga alrededor de un avión de Conviasa que traía funcionarios diplomáticos venezolanos que iban a afinar detalles para la participación de Venezuela en la VII Cumbre de la CELAC. El medio argentino entrevistó a Elisa Trotta Gamus, representante del clausurado "interinato" falso de Juan Guaidó, quien se preguntaba retóricamente: "¿Trajo una avanzada de agentes de inteligencia para una posible visita de Maduro para la cumbre de la CELAC?", para responderse:
"La ONU ha identificado al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como dos organismos que conforman la ‘maquinaria’ torturadora responsable de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La llegada de agentes del SEBIN o la DGCIM haciéndose pasar por diplomáticos representaría una amenaza a la seguridad de la Argentina y una bofetada a miles de venezolanos víctimas de estos grupos de tarea!.
Es notorio que la posición de la Administración Fernández ante el hostigamiento hacia Venezuela carece de seguridad y firmeza.
Cuando la portavoz de la administración Fernández, Gabriela Cerruti, fue cuestionada por el próximo recibimiento del presidente Maduro en Argentina, argumentó que la República Bolivariana ha sido desestabilizada por Estados Unidos y la oposición venezolana en los últimos tiempos para intentar concretar un golpe, pero cuando le preguntaron qué opinaba sobre los derechos humanos en Venezuela, respondió de manera ambigua: "No es que nos parece todo bien lo que está sucediendo, pero mucho menos nos parece todo mal".
A pesar de la intimidación, ni la recompensa ni las iniciativas de sectores políticos de Argentina pueden tomarse como una orden de captura legal. El presidente Maduro ha viajado en múltiples ocasiones desde que empezaron las amenazas internacionales en su contra sin que haya ocurrido ningún movimiento legal en su contra por la estadía en otros países.
Boicotear la integración regional
Como se mencionó al inicio de esta nota, la agenda del presidente Maduro en la CELAC está orientada hacia la consolidación de mecanismos de integración regional, con la vista puesta en los movimientos geopolíticos que anuncian un nuevo equilibrio de poderes.
A simple vista, las circunstancias actuales de la región (con el ascenso de gobiernos progresistas) parecen más favorables que las que hubo en otros años en los que, por ejemplo, el Grupo de Lima juntó a decenas de gobiernos en contra de Venezuela. Sin embargo, y como podemos constatar con los hechos relatados, no deja de ser desafiante.
Estados Unidos no dará su brazo a torcer en la tarea de dividir el mundo en dos: quienes están a su favor y quienes están en su contra. Y Venezuela está en el centro de esa agenda en la región, siendo un pivote lógico y necesario para cualquier intento soberano de integración.
