El nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó de genocidio la muerte de medio millar niños yanomami, que fallecieron por efectos de la minería ilegal en sus tierras y desnutrición durante el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

El genocidio del pueblo yanomami conecta a Brasil con las experiencias de exterminio de seres humanos más bárbaras y atroces de la historia de la humanidad. Imposible no asociar esos cuerpos esqueléticos, de niños y adultos con huesos a la vista y vida por una hilacha, con las víctimas del horror nazi exterminadas en los campos de concentración. Descubrimos, trágicamente, que Auschwitz nos resulta familiar.

El genocidio de los yanomami no fue el resultado de una negligencia o incompetencia del gobierno, lo que en sí mismo sería extremadamente grave. Fue un proceso deliberado y metódicamente planificado como política de Estado llevado a cabo por el gobierno militar-fascista.

La invasión de tierras indígenas era parte del modelo económico ilegal, criminal y destructivo inducido por el propio Estado.

El ministro de Justicia Flávio Dino entiende que “las reiteradas solicitudes de ayuda contra la violencia resultante de la minería ilegal, así como la ausencia de acciones efectivas y de servicios de salud a disposición de los yanomami, resaltan la posible intención de causar graves daños a la integridad o incluso causar la extinción de dicho grupo original”.

Al igual que los yanomami, el indigenista brasileño Bruno Pereira y el periodista inglés Dom Philips fueron asesinados por este sistema criminal respaldado por el Estado.

No fue sólo una cuestión de omisión, sino de facilitación estatal para permitir que la tragedia continuara hasta el exterminio total de los yanomami.

Una prueba sorprendente de ello es la negativa del Ejército a posibilitar el viaje aéreo de una delegación de parlamentarios a la zona yanomami en mayo de 2022.

En su momento, el general Francisco Humberto Montenegro Júnior, entonces jefe del Estado Mayor del Comandante del Ejército, justificó la mala voluntad intencional por la “restricción de los recursos aéreos disponibles en la región amazónica”.

Es una justificación cínica para una institución que incluso utilizó un helicóptero del Ejército para llevar una revista Playboy al general conspirador Villas Bôas en la selva amazónica. 

El reciente descubrimiento de esta catástrofe humanitaria sorprende por su gravedad, pero también es alarmante porque demuestra que aún no tenemos la dimensión real del horror, la devastación y la tragedia provocada por el gobierno fascista-militar.

Es fundamental que los agentes bolsonaristas sean juzgados y castigados por crímenes de lesa humanidad y genocidio en tribunales brasileños e internacionales.

El Estado necesita reparar al pueblo Yanomami y restaurar sus tierras libres de minería, agricultura, extractivismo y otras prácticas económicas criminales.

El exterminio del pueblo yanomami coloca a Brasil en el deber ineludible de promover la justicia transicional. La restauración de la democracia posfascista no estará completa sin que el país redescubra la verdad, la justicia y la reparación.