El proceso electoral para los gobiernos seccionales y la consulta popular sobre ocho preguntas, realizados el pasado domingo 5 de febrero (2023), han sido un contundente golpe histórico en contra del bloque de poder empresarial-neoliberal y oligárquico, constituido en Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y consolidado con el ascenso presidencial de Guillermo Lasso (2021). Pensaban que la captura del Estado blindaría sus negocios, fomentaría sus intereses para el largo tiempo, alentaría inversiones propias y extranjeras, lograría el definitivo “retiro” del Estado, el alivio de todos sus impuestos y la soñada flexibilidad laboral para incrementar sus ganancias a costa de mayor explotación humana. Ese camino, escudado en el ataque a todo progresismo, la persecución al “correísmo”, la represión al movimiento indígena, la marginación a los trabajadores y otros movimientos sociales y, además, blindado por los grandes medios de comunicación, así como por una serie de editorialistas, periodistas y analistas, convertidos en actores políticos y agentes de la ideología hegemónica, ha alterado la vida del país en tan solo seis años.

Tal como ya ocurrió en el pasado con gobiernos oligárquicos como el de León Febres Cordero (1984-1988), que inauguró el modelo empresarial-neoliberal en el Ecuador contemporáneo, la misma orientación reproducida en la actualidad, ha agravado las condiciones de vida y de trabajo de la población, desplazó al Estado como instrumento de desarrollo, inversión social y redistribución de la riqueza, desarticuló la institucionalidad, revirtió los logros económicos y sociales obtenidos en la década 2007-2017, desatendió los servicios públicos, vio crecer la corrupción público/privada y, como nunca antes en la historia nacional, provocó el inédito galope de una indetenible delincuencia, que ha convertido al país en el más inseguro de América Latina en apenas un lustro. De modo que, con la victoria del pasado domingo, la enorme mayoría nacional ha dicho basta al modelo de economía, marcando un quiebre que abre el camino a la reconstrucción de la institucionalidad, la vía del buen vivir y la democracia, que tomará algún tiempo.

En la provincia del Guayas y en Guayaquil ha sido abatido el dominio de tres décadas del socialcristianismo. Jaime Nebot, exalcalde de la ciudad y máxima figura del partido, reaccionó señalando a Lasso como “un hombre que nos traicionó”. Pero, además, es otro golpe de magnitud histórica a la elite regionalista, ya que desarticula su proyecto de ciudad-Estado neoliberal (al que permanentemente calificó como “modelo exitoso”), fundamentado incluso en su propia ideología sobre la historia local y sus ideales autonomistas y hasta independentistas. Quien triunfa allí es la Revolución Ciudadana (RC), es decir el correísmo. Algo parecido ha ocurrido en la provincia de Pichincha y Quito, donde la aristoligarquía ha sido impactada por el triunfo de los candidatos de la RC a la gobernación de la provincia y a la alcaldía de la ciudad. Las diferencias estructurales se evidenciaron en las votaciones: en barrios populares ganaron el NO y el correísmo, mientras en algunas zonas “burguesas” triunfó el SI y el anticorreísmo. A tal punto llega esta polarización que la directora de la revista Vistazo, con ámbito nacional, propone subdividir Quito, a fin de que cuente con distintos alcaldes. Es una visión que implicaría tomar en cuenta las preferencias clasistas, en una ciudad en la cual se identifican como “gente de bien” aquellos sectores que se asumen como élite urbana. Entre ellos, la propuesta va ganando adeptos.

Sin duda, el triunfo social-popular reimpulsa, en forma inesperada, a la RC, que recupera posiciones como primera fuerza política en el espectro de las izquierdas, reivindica al correísmo y reconoce el liderazgo político del expresidente Rafael Correa. Y el resultado tiene mayor significado si se considera que las derechas creían haber liquidado a este sector, cuyos líderes, militantes y hasta simpatizantes, han sufrido una inédita persecución estatal en cuatro décadas de democracia ecuatoriana, impulsada desde el gobierno de Moreno y que incluyó el lawfare e incluso una serie de procesos penales, cuestionados nacional e internacionalmente. El anticorreísmo perdió piso, porque su discurso, basado en el odio y de la estigmatización, ha sido derrotado, lo cual no implica que desaparezca. En todo caso, la RC triunfó en nueve provincias (prefecturas), entre las que se hallan las de mayor población y posiblemente alcance cerca unas 60 alcaldías en las ciudades con mayor peso. La segunda fuerza política es Pachakutik, que representa al movimiento indígena, igualmente combatido, reprimido con violencia en octubre 2019 y junio 2022, con líderes judicializados y que ahora triunfa en provincias centrales de la Sierra y parte de la Amazonía.

La derrota del gobierno de Lasso ha sido total y así lo han destacado las principales agencias de prensa internacionales. Antes de la consulta, su respaldo apenas bordeaba el 10 por ciento, de modo que la convocatoria buscaba alguna legitimación social. Combatió a todos los que proponían el NO en el referéndum como “narcos” y “antipatria”. Producida su dramática pérdida, ha girado el lenguaje y Lasso declara que el propósito del referéndum “siempre fue escucharlos”, que lo ocurrido el domingo “es un llamado del pueblo al gobierno” pero “también” a “todos los partidos y agrupaciones”, para dejar las “rencillas entre nosotros”, por lo cual “convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo”; lamentándose, además, de la instauración de una “cultura política” que ve a quien piensa diferente como “adversario” e incluso “enemigo”; y reiterando: “pongámonos a trabajar juntos”. Es, precisamente, lo que no hizo antes, por lo cual ha vuelto a quedar solo, ya que las organizaciones políticas, otrora atacadas, han decidido no participar en el acuerdo ni volver a caer en engaños y mentiras. Además, el impacto electoral ha provocado la renuncia de altos funcionarios y su inmediato remplazo, mientras las denuncias sobre corrupción rodean al mismo mandatario. Bajo semejantes condiciones, al presidente solo le quedaría renunciar, acudir a la muerte cruzada o convocar a elecciones anticipadas, que son vías constitucionales, aunque es previsible que prefiera aferrarse al cargo, con el apoyo de esa fracción del bloque de poder que aún es capaz de sostenerlo, para no perder las riendas del modelo económico neoliberal, que es su causa suprema.

En la coyuntura se ha producido el resquebrajamiento del otrora monolítico bloque de poder, evidente en la ruptura del socialcristianismo con un gobierno al que apoyaron desde sus inicios. Pero es una “ruptura” temporal, porque a las elites empresariales y a las derechas políticas y mediáticas les ligan los mismos intereses económicos que finalmente motivan su control del Estado, el dominio social y sus esfuerzos para impedir cualquier ascenso de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. El “correísmo” es su fantasma permanente.

En América Latina el triunfo social-popular ha sido apreciado como un camino que acerca Ecuador a una región en la que predominan gobiernos progresistas. Es cierto, aunque en forma relativa, porque lograr el control de importantes gobiernos seccionales no permite cambiar al Estado central. Si se produce un triunfo igual en las elecciones presidenciales de 2025, se habrá logrado esa identidad latinoamericanista. Pero el camino todavía está por levantarse. Y quienes pasan a ocupar prefecturas y alcaldías tienen desafíos muy complejos, bajo un ambiente en el cual las derechas solo esperan la primera debilidad para agudizar su lucha por el poder, que se ha vuelto más agresiva y antidemocrática en América Latina. Es sintomático que aparezca la confabulación política y se empiece a levantar la idea de un “fraude” a favor del “correísmo”. Increíble, pero cierto.