Cómo la canciller peruana consiguió en Washington nuevo oxígeno para el Gobierno de Dina Boluarte

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El viaje de la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi a Washington D.C. la semana pasada ha producido un efecto inmediato en la política peruana.

Los primeros días de febrero la funcionaria culminó su gira en la capital de EE.UU., en la que, según informa la plataforma digital del Estado peruano, "cumplió una amplia agenda con alrededor de 20 reuniones con altos representantes del gobierno de EE.UU., congresistas, organizaciones de derechos humanos, gremios empresariales, 'think tanks' y medios de comunicación".

Seguramente, la más importante de estas fue la que realizó con la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, y el director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Juan González.

Según la página del Estado, en dicha reunión: "se enfatizó el interés del Perú y EE.UU. de continuar profundizando los diversos aspectos de la agenda bilateral en materia de seguridad, derechos humanos, democracia, prosperidad económica, así como lucha contra la corrupción y contra el tráfico ilícito de drogas".

Podría pensarse que la gira de la canciller tuvo otros logros colaterales.

No puede ser casual que, una vez culminado el viaje, el poder establecido ha tomado dos decisiones que muestran la postura definitiva de cómo piensa afrontar la crisis.

¡Elecciones no hay!

A pocas horas de la vuelta al país de la canciller, la Comisión de Constitución del Parlamento peruano bloqueó hasta agosto cualquier debate sobre la realización de elecciones presidenciales. Es decir, el Congreso archivó el plan, presentado por la propia Presidencia, de poner fecha a los comicios.

Esta decisión fue postergada varias veces la última semana de enero en medio de crecientes protestas que trasladaban el conflicto a la capital, con el consecuente temor de que la situación se escapara de las manos.

Hasta entonces, el país esperaba alguna respuesta del Poder Legislativo sobre las demandas hechas por los manifestantes y las arduas protestas que se basaban, sobre todo, en la necesidad de adelantar elecciones.

La propia presidenta Dina Boluarte, sobre la que pesa la demanda popular de su renuncia, se esforzó por mostrar la postura de pedir al Congreso un adelanto electoral que atenuara el alto nivel de pugnacidad que acaece en Perú.

En el momento en que el Congreso descartó hacer una convocatoria electoral se esperaba que la presidenta interina, acorde a su postura de la semana anterior, declarara y tomara nuevas iniciativas en relación a lo que significa el aplazamiento comicial.

Pero no fue así.

Ya no parece una preocupación presidencial aminorar el choque social sino que, por el contrario, se está naturalizando el nuevo paisaje de una sociedad enfrentada, sin mecanismo alguno que conlleve a superar la crisis. La semana anterior al viaje de la canciller en el país se rumoraba la posible renuncia de la presidenta si no había una fecha electoral, lo que significaba la acentuación de la crisis interna en el bloque de poder.

Pero ahora privilegia su gestión. "No nos vamos a detener en esa situación (de crisis y de inexistencia de elecciones), nosotros como gobierno tenemos que hacer gestión, tenemos que gobernar", sentenció Boluarte este miércoles. 

Meter en el congelador unos nuevos comicios y mantener unificados los actores políticos que sostienen al régimen es una situación complicada que solo se puede mantener con el beneplácito de los factores internacionales de poder. Más si dicha decisión va acompañada de otras en las que se asume una nueva escalada represiva.

Estado de emergencia: nueva escalada represiva

El fin de semana pasado, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia en el sur y centro del país, que incluye restricción a los derechos de inviolabilidad del hogar, libertad de reunión y libertad de tránsito. En algunas de las regiones se estableció toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana.

Indudablemente esto supone una escalada en la respuesta represiva del Estado que trata de adelantarse al rechazo que produce la negativa del Poder Legislativo de convocar a elecciones.

Esta medida se sustenta, primero, en el auspicio de Washington a la gestión de la mandataria interina. Pero también, a la tibieza con la que el mundo reacciona a la grave situación peruana que puede definirse como un estallido social, prolongado por dos meses, que ha contado con la reacción represiva más cruenta de gobierno alguno en la región durante el presente siglo.

Perú a la libre 

Cabe destacar que las voces críticas desde EE.UU. se han venido apaciguando. Si bien la Casa Blanca y la Embajada de EE.UU en Perú, desde las primeras horas, dieron el beneplácito al gobierno de facto, algunos medios y voces críticas habían hecho cuestionamientos radicales a los sucesos, señalándolos de golpe de Estado y violaciones masivas de derechos humanos.

Pero ciertamente, esta gira de la canciller puede verse como muy efectiva, puesto que, a pesar que el conflicto se ha apoderado de Lima y las violaciones de derechos humanos se han multiplicado, entonces las voces críticas desde EE.UU, especialmente desde algunos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, se han desvanecido.

A diferencia de los criterios utilizados por los factores de poder estadounidenses cuando hay conflicto en otros países, en el caso peruano no ha habido ese nivel de rechazo a la nueva situación de inconstitucionalidad del nuevo gobierno y de violación a los derechos humanos y a la democracia.  

La Organización de Estados Americanos (OEA) no se ha pronunciado con la insistencia de otros momentos, ni su secretario general, Luis Almagro, ha mostrado mucha preocupación por la grave crisis. Incluso los países vecinos más activos desde el momento del golpe no han declarado recientemente a pesar de la decisión del Legislativo que implica una prolongación indefinida de la situación de facto.

En conclusión, Perú parece ser objeto de una especie de insensibilidad de los factores de poder del mundo, ya que no les ha importado la posibilidad de que se radicalicen las posiciones y se avance en una pelea social agónica, o incluso una guerra civil.

Parece obvio que, en este sentido, la gira de la canciller ha coadyuvado a que esta situación se perpetúe y el poder establecido peruano tenga libertad para actuar según sus propios criterios con la democracia y los derechos humanos.