Cuando parecía imposible que el gobierno de Estados Unidos pudiera arrojar más ignominia sobre la base naval en territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo, Cuba, el enclave se convirtió también en un centro de tortura.

A 21 años de que el mandatario George W. Bush (2001-2009) abriera allí una cárcel, y 13 años después de la firma de un orden ejecutiva para su desmantelamiento por el entonces gobernante Barack Obama (2009-2017), más de 150 organizaciones del país norteño piden que se cierre el establecimiento ya famoso por sus múltiples y terribles vejaciones contra los prisioneros.

Un editorial reciente del diario The Washington Post consideró que “su existencia expone a Estados Unidos a cargos de hipocresía en materia de derechos humanos, lo que sugiere que la promoción de la libertad y la democracia en el extranjero por parte de la nación es un pretexto cínico para participar en un intervencionismo global egoísta”.

La vergüenza nacional, como denominó el artículo a la cárcel, sirvió desde 2002 como reclusorio para 779 hombres y niños, muchos de los cuales sufrieron atrocidades y casi todos fueron privados de una acusación formal o de un proceso judicial.

Majid Khan, un exreo torturado y reasentado en Belice a principios de este mes, por ejemplo, reveló haber sido golpeado, abusado sexualmente y víctima de agresión en formas muy variadas que podían ir desde la privación del sueño hasta la alimentación y la hidratación rectal forzosa.

Según declaró el coronel retirado del Ejército Lawrence Wilkerson, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Colin Powell, secretario de Estado de la era Bush, tanto el exmandatario, como su vicepresidente Dick Cheney y el secretario de defensa Donald Rumsfeld, conocían que la mayoría de los prisioneros eran inocentes, pero los mantuvieron encerrados por razones políticas.

Incluso Ted Olson, el exfiscal general de Estados Unidos en la administración de George W. Bush que argumentó en contra de los derechos legales básicos de los reclusos y defendió su detención indefinida, hizo hace pocos días una confesión que un número considerable de personas ya sospechaban.

Las comisiones militares de Guantánamo no funcionan y deberían cerrarse, y el gobierno debería llegar a un acuerdo con los acusados por su supuesta participación en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, escribió en The Wall Street Journal.

Admitió que los encarcelados no tenían derecho a las protecciones otorgadas por los Convenios de Ginebra, no podían acogerse a las leyes estadounidenses, ni se les permitía una defensa en los tribunales del país norteamericano, porque, según dijo, los hombres, -y también los niños apresados- eran "terroristas apátridas".

"En los 20 años transcurridos desde que comenzó esta terrible experiencia, ni siquiera ha comenzado un juicio", aseveró.

Según declaró Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales de Estados Unidos, la reciente liberación de Khan debería ser un paso hacia el cierre definitivo de la cárcel de Guantánamo, donde aún permanecen más de 30 reos.

Los hombres que languidecen allí y cuya liberación ha sido autorizada deben ser trasladados; la detención indefinida es anatema para una sociedad justa, dijo.

El editorial de The Washington Post estimó, por su parte, que Guantánamo dejará de funcionar eventualmente, aunque solo sea porque sus habitantes morirán.

“Nueve ya han muerto allí. Esta es esencialmente la estrategia de cierre que persigue la nación, comprometiendo al país a más décadas de condena y vergüenza”, comentó.

La apropiación por Estados Unidos de la base naval de Guantánamo, en 1903, se produjo bajo la amenaza de una intervención militar a la isla por lo que los expertos lo consideran ilegal, a la luz de lo establecido en la Declaración sobre la Coacción Militar, Política o Económica en la Celebración de Tratados, de Naciones Unidas.

A partir del triunfo de la Revolución cubana, en 1959, la base fue el punto de partida de acciones provocativas, que implicaron la muerte de combatientes y trabajadores, mientras Estados Unidos hace oídos sordos al legítimo derecho de Cuba sobre ese territorio.

No obstante su oprobioso nacimiento y posterior trágica historia, los hechos acontecidos allí durante las últimas dos décadas confirman cómo en este sitio aún pueden encontrar cobijo las más grandes injusticias.