La médica Sondra S. Crosby, M.D., experta en torturas y otros traumatismos, describió la dolorosa inserción repetida de tubos de plástico en la cavidad anal del acusado en el caso, Abd al-Rahim al-Nashiri, durante un período de cuatro años. Al-Nashiri está siendo juzgado por conspiración para bombardear el U.S.S. Cole en octubre de 2000.

La audiencia en la que testificó Crosby fue ordenada por el juez militar cuando el abogado defensor le dijo la naturaleza y el alcance de la tortura que la CIA y sus contratistas infligieron a su cliente. Crosby tuvo acceso a notas e informes sin procesar de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), algunos de los cuales no habían sido vistos por los investigadores que produjeron el estudio documentado de 500 páginas del Senado de EE. UU. de 2014 sobre la tortura de la CIA durante la administración del presidente George W. Bush.

El sitio en Tailandia en el que torturaron a al-Nashiri estaba a cargo de Gina Haspel, la futura directora de la CIA, apodada por sus colegas “Bloody Gina”. La CIA hizo infames videos de la tortura de al-Nashiri y otros que Haspel destruyó.

Crosby, quien criticó duramente el uso por parte de la CIA de esta técnica de interrogatorio condenada internacionalmente, que es criminal bajo la ley federal, reveló que las notas de la CIA reflejaban que al-Nashiri, y otros que recibieron este tratamiento bárbaro, en realidad estaban recibiendo nutrientes a través de estos tubos anales. Ella le dijo a la corte que esto debe haber sido un subterfugio ya que simplemente no hay medios biológicos para nutrir a una persona a través de la cavidad anal.

El propósito de la audiencia en la que testificó Crosby fue demostrarle al juez que al-Nashiri hizo declaraciones a sus torturadores solo para inducirlos a detener la tortura y, por lo tanto, las declaraciones son intrínsecamente indignas de creer. Todos los tribunales estadounidenses que se han ocupado de la tortura han dictaminado que las declaraciones realizadas bajo tortura no son admisibles como prueba en un tribunal contra la víctima torturada. Sin embargo, son admisibles en los procesos contra los torturadores.

La razón por la que esto no es sencillo es que al-Nashiri repitió a los agentes del FBI en Guantánamo las mismas declaraciones que hizo bajo tortura en Tailandia, debido a un temor primordial, argumentan sus abogados, de que si no lo hacía daría lugar a más tortura. Este miedo permanente a la tortura es en sí mismo una forma de tortura similar al trastorno de estrés postraumático que a menudo sufren las tropas años después de la batalla.

Crosby también testificó que el testimonio dado después de la tortura no es confiable debido a la manipulación de los procesos de pensamiento provocados por un gran dolor y sufrimiento.

Bush autorizó expresamente el uso de sondas de alimentación rectal, aunque la entrada forzada en una cavidad anal es la definición misma de violación.

¿Los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción sobre el personal del gobierno estadounidense que autoriza o comete delitos fuera de los Estados Unidos? La respuesta corta es sí.

La respuesta más larga se encuentra en numerosos fallos de la Corte Suprema, uno de los cuales se dirigió a Guantánamo mismo, en el sentido de que, en general, dondequiera que vaya el gobierno, la Constitución lo acompaña, así como las leyes federales y la jurisdicción de los tribunales federales.

Digo “en general”, ya que los tribunales han distinguido la presencia fugaz de la presencia casi permanente. La presencia fugaz, donde la jurisdicción está disminuida, significa que los agentes del gobierno se mueven continuamente y solo se detienen temporalmente. Cuasi-permanencia significa que el gobierno establece una instalación, aquí una prisión y una cámara de tortura, sobre la cual tiene control, y por lo tanto se aplican la Constitución y las leyes federales. Este último es el caso del llamado sitio negro de la CIA en Tailandia.

El gobierno se ha hartado de asuntos legales relacionados con la tortura en Guantánamo. Cuando Bush decidió emplear y autorizar un régimen de tortura, se le aconsejó que lo hiciera fuera de los EE. UU. porque, según su consejo inicial, la Constitución no se aplicaba, ni la ley federal, y felizmente, le dijeron, los jueces federales no podían contenerlo.

Sin embargo, su administración perdió cinco de los seis casos ante la Corte Suprema relacionados con la aplicación de la Constitución y la ley federal en Guantánamo. El único caso de Guantánamo que ganó el equipo de Bush fue sobre dónde presentar una queja contra el presidente.

Hoy, el gobierno teme tanto la exposición total de su régimen de tortura que está negociando un acuerdo de culpabilidad con Khalid Sheikh Mohammed, el presunto autor intelectual del 11 de septiembre, a quien torturó durante tres años.

Bush también perdió un argumento sobre la naturaleza humana. Presionado por el vicepresidente Dick Cheney, quien elogió la “alimentación” rectal por salvar vidas del hambre, Bush no temía las consecuencias legales de la tortura, incluso si sus horrores llegaban a los tribunales militares. Bush creía que los militares de los jurados militares no dudarían en condenar a los que confesaron bajo tortura y no se avergonzarían de su revelación.

Eso también fue un profundo error de juicio y un insulto basado en un estereotipo. Los propios jurados militares han pedido a los jueces que sean misericordiosos con los acusados ​​condenados por los actos criminales que la CIA cometió contra ellos.

Al igual que los dictadores a quienes criticó, Bush tenía un ejército personal y una máquina de tortura que solo respondía ante sí mismo: la CIA.

¿Ha procesado el gobierno a alguien después del 11 de septiembre por participar en actos de tortura o por autorizarlos o ayudarlos? No.

Si bien el plazo de prescripción de cinco años para los enjuiciamientos por violaciones de las leyes penales federales obviamente ha expirado, no existe un plazo de prescripción para los crímenes de guerra, entre los cuales se encuentra la tortura.

La propia Corte Suprema ha dictaminado que entre los derechos universalmente reconocidos por todas las naciones se encuentra el derecho a estar libre de tortura física y psíquica. Los tribunales federales incluso se han referido a los torturadores como piratas y traficantes de esclavos. En la clásica referencia judicial a la tortura, “el torturador es hostis humani generis, enemigo de toda la humanidad”. También lo son quienes lo autorizan.