En los últimos meses la lucha de la población peruana contra el gobierno de Dina Boluarte ha atraído la atención de todo el mundo.

Desde el 7 de diciembre de 2022 las protestas masivas que siguieron a la destitución y detención del presidente Pedro Castillo resultaron en decenas de muertos, la gran mayoría asesinados por balas del ejército o de la policía. La situación política actual es, en primer lugar, producto directo de las intenciones declaradas de la derecha, de derrocar al presidente izquierdista Castillo desde el inicio de su mandato el 28 de julio de 2021. En segundo lugar, es consecuencia de la debilidad de la izquierda para dirigir el gobierno y organizar las bases sociales para resistir y derrumbar el poder de la derecha.

Desde el principio de su mandato, Castillo enfrentó una feroz oposición a sus propuestas para cambiar el statu quo político y económico por parte de la mayoría parlamentaría de derecha en el congreso. La primera víctima de esta ofensiva fue el canciller Héctor Béjar, quien se atrevió a iniciar un proceso que condujera a una política exterior independiente. La presión de la derecha congresal le hizo dimitir. Las propuestas de cambio de la política del sistema tributario, elaboradas en cooperación con el Fondo Monetaria Internacional, para ser aplicadas en el negocio minero con el fin de aumentar los ingresos fiscales, fueron derogadas por el Congreso.

Durante sus 17 meses como presidente del Perú, Castillo no tuvo una oportunidad real de gobernar ya que casi todas las semanas uno de sus ministros era amenazado con ser, o era, destituido por el Congreso. Por diferentes motivos, en su primer año de presidencia, Castillo utilizó 58 ministros. Cada 9 días se reemplazaba un ministro.

La derecha congresal consideró al presidente Castillo una amenaza permanente a los intereses de las grandes empresas del país. Sin embargo, nunca lo fue. Su gobierno no introdujo cambios en las políticas económicas, sociales y culturales del país. Se anunció una segunda reforma agraria (la primera reforma se introdujo durante el régimen militar del general Juan Velasco en la década de 1970) pero nunca se implementó. La política exterior siguió como siempre, y las fuerzas represivas utilizaron la misma lógica que en los gobiernos anteriores. Sólo en el caso de relaciones laborales, durante los últimos meses de gobierno, se comenzaba a discutir algunos cambios. Los Ministros de Economía y Finanzas eran adherentes al pensamiento económico keynesiano o fueron abiertamente neoliberales. En efecto, la falta de una visión política para el futuro del país, expresada en políticas, propuestas y estrategias políticas, se manifestó en la ausencia de cambios políticos, económicos, sociales y culturales liderados o iniciados por el Estado Peruano.

La supuesta amenaza que simbolizaba Castillo constituía el principal motivo para que la derecha buscara continuamente oportunidades para destituirlo. Esta situación llegó el 7 de diciembre de 2022 con el intento fallido de Castillo de disolver el parlamento, establecer un gabinete de emergencia y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. El probable accionar del nuevo parlamento a favor de la elaboración de una nueva constitución, representaba para la derecha parlamentaria otra gran amenaza a los intereses de las principales corporaciones del país (industrias extractivas, finanzas y comunicación).

La destitución de Castillo y luego su encarcelamiento dieron lugar a protestas masivas contra la primera mujer presidenta de la historia peruana, Dina Boluarte. Boluarte había sido su vicepresidente y al igual que Castillo ex miembro de Perú Libre, un partido orientado al marxismo. Mientras Castillo había renunciado al partido, Boluarte había sido expulsada del mismo, ya antes de los hechos de diciembre. La población movilizada exigía nuevas elecciones generales y una Asamblea Constituyente. Una parte de la misma también solicitaba la liberación y restitución de Castillo.

Los reclamos populares de nuevas elecciones y de una Asamblea Constituyente no son extrañas si se tiene en cuenta que el modelo económico y la constitución neoliberal de 1993 no han cumplido con las perspectivas socioeconómicas de la gran mayoría de la población. En 2011 la tasa de pobreza oficial se situó en el 27,8 por ciento. En 2021, todavía era del 25,8 por ciento. Las tasas de subempleo fueron respectivamente 51,1 por ciento y 47,4 por ciento. En 2010, el índice de Gini fue de 45,5. Diez años después, este mismo índice se había reducido ligeramente a 43,8. Castillo logró ganar las elecciones presidenciales de 2021 porque captó el voto de las masas insatisfechas con el modelo neoliberal de desarrollo extractivo vigente, los escándalos de corrupción de los últimos años y el hecho de que las personas que vivan en los barrios populares han sido las principales afectadas por covid-19. La elección de Castillo encarnaba la necesidad popular de un cambio estructural, político, económico y social.

Las protestas actuales están lideradas por población de las regiones del sur del país (Puno, Ayacucho, Andahuaylas y Cusco). Regiones en que se ubican las principales bases electorales de izquierda y Castillo. Otra de las razones del liderazgo del sur en las protestas era la identificación étnica con Castillo y la abierta actitud racista de los líderes del Congreso durante los meses de gobierno de Castillo. El racismo es un problema estructural de la sociedad peruana.

Estas protestas fueron respondidas con represión, provocando la muerte de sesenta ciudadanos, muchos de los cuales ni siquiera participaron en las protestas. Sin embargo, la represión no detuvo las protestas. Desde que Castillo fue derrocado por el Congreso, casi todos los días se organizan protestas. La movilización comenzó en el sur y rápidamente se expandió al resto del país. Regularmente hay grandes manifestaciones en la capital de Perú, Lima.

La destitución de Castillo y la reducción del ex partido oficialista Perú Libre al papel de un pequeño partido de oposición en el Congreso fueron definitivamente del agrado de los principales grupos empresariales. Ya no habría inseguridad con respecto al rumbo económico del gobierno. Directamente al inicio de su presidencia los empresarios expresaron su confianza en la nueva presidenta.

Las continuas protestas contra el gobierno, consecuencia de la falta de voluntad y del Congreso para adelantar las elecciones generales al primer semestre de 2023 y su negativa a organizar un referéndum sobre la cuestión de una nueva constitución, ha provocado que la crisis política se profundice. La reticencia de la derecha puede deberse al hecho de que está fragmentada lo que dificulta presentar un candidato unificado en unas potenciales supuestas elecciones generales. En el caso de la izquierda, las protestas están ayudando a unir las fuerzas progresistas.

Las protestas están empezando a quebrar la unidad de la derecha con el empresariado. Las corporaciones han comenzado a reducir sus expectativas en el actual gobierno al no ser capaz de solucionar la crisis. Las últimas encuestas muestran que la gran mayoría de la población quiere que Boluarte y el Congreso renuncien y que se celebren nuevas elecciones lo antes posible.

La represión policial y militar a las protestas sociales, las detenciones masivas de manifestantes, las detenciones arbitrarias a supuestos líderes de las protestas, los ataques a la prensa independiente y el despliegue masivo de fuerzas policiales, solo visto en un estado policiaco, está comenzando a repercutir internacionalmente. Las críticas al gobierno de Boluarte por parte de los presidentes de Colombia (Petro), México (AMLO) y Chile (Boric) han creado tensiones diplomáticas. Petro, incluso, ha sido llamado persona non grata y el embajador de México ha sido expulsado. La ONU ha pedido explicaciones sobre la violación de los derechos humanos y los Estados Unidos piden que se lleve a cabo elecciones como solución a la inestabilidad política y económica que atenta a sus intereses.

La reacción del gobierno interino de Boluarte a las justas y necesarias protestas está convirtiendo el Perú en un drama político, económico y social. El gobierno se ha tornando en una institución autoritaria y antidemocrática. “Esta democracia ya no es democracia”, canta el pueblo en lucha. “Dina asesina, el pueblo te repudia”.

Pareciera que el país está regresando a los episodios más oscuros de la década de 1990. La policía y las fuerzas armadas se encuentran en estado de alerta permanente.

Definitivamente se debe llevar a cabo nuevas elecciones generales. Consideramos que no existen argumentos políticos que impidan que estas elecciones puedan materializarse. Solamente existen supuestos impedimentos legales, burocráticos y formales. Todos ellos superables con la voluntad política, ahora inexistente.

La constitución debe cambiarse. Se debe enterrar el neoliberalismo y abrir espacios para un desarrollo que lleve a la felicidad y bienestar de los pueblos. El papel del Estado en la economía debe aumentarse sustancialmente. Es justamente la reducción de su presencia lo que causó la inmensa cantidad de muertes por covid-19 y que los niveles educativos en el Perú sean pésimos. Además, dejar la economía a la mano invisible como propuso Adam Smith, es condenar el desarrollo económico y social a los intereses que están determinando el futuro de la nación desde que llegaron a nuestras costas para robar las riquezas de la población.

Nuevas elecciones y una nueva constitución pueden convertirse en las condiciones que se necesitan para la liberación del país. También puede encadenar la población a su opresión. Frente a esta posibilidad, sólo el pueblo organizado podría garantizar la victoria a mediano o a largo plazo. CITAL apuesta por este camino: construir hegemonía y destruir la fuerza del oprobio y del pasado, o sea, el capital y sus representantes políticos.