La liberación de 3 mil 200 millones de dólares fue uno de los puntos de acuerdo social firmado entre el gobierno venezolano y un sector de la oposición nucleada en la Plataforma Unitaria al cierre de la reunión realizada en México a finales de noviembre del año pasado. Desde aquella fecha han pasado muchos eventos, tanto en lo nacional como en lo internacional, pero la repatriación de los fondos del país aún no se ha producido. 

El objetivo del llamado "Segundo Acuerdo para la Protección Social del Pueblo" fue atender los impactos sociales y económicos más determinantes para la vida de la población como consecuencia del uso expansivo y generalizado de "sanciones" por parte de Washington. A saber: Limitaciones económicas y salariales, dificultades de acceso a los alimentos, reducción en la disponilidad de vacunas y otros insumos en centros públicos de salud, fallas en las infraestructuras tanto eléctricas como educativas.

¿Cuáles fueron los compromisos?

Sobre el acuerdo leído por el jefe del equipo facilitador del Reino de Noruega, Dag Nylander, cabe destacar lo siguiente:

"(...) convencidos de la urgencia y necesidad de estas implementaciones, las partes han acordado hacer todas las gestiones ante las autoridades e instituciones nacionales y extranjeras, públicas o privadas que correspondan para obtener los fondos legítimos de la república que se encuentran congelados en el sistema financiero internacional".

Ello comprometía directamente a la Plataforma Unitaria a gestionar, con un criterio de celeridad en vista de las urgencias sociales planteadas en el documento, la liberación de los recursos para alimentar el “Fondo para la Protección Social del Pueblo”, y a Estados Unidos y a la Unión Europea, que han instrumentado buena parte de las medidas coercitivas en contra del patrimonio financiero del Estado venezolano.

El acuerdo forma parte del proceso de diálogo y negociación instalado en México en agosto de 2021 con la facilitación de Noruega, y creó tres instancias para su cumplimiento:

1. Una Mesa Nacional de Atención Social: Encargada de la concreción de programas de protección social.

2. Un Grupo Especial de Atención del Sobrecumplimiento: Con el objeto de identificar y resolver los casos de sobrecumplimiento de "sanciones" que impiden el acceso a recursos del Estado.

3. Una Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos.

Se entiende como sobrecumplimiento la decisión de algunas entidades financieras de bloquear los fondos del Estado venezolano para evitar futuras "sanciones" en su contra, lo que responde a cierta complicidad encubierta de parte de bancos e instituciones financieras del mundo occidental. 

En rueda de prensa Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación por el gobierno venezolano, explicó que los recursos serían destinados a los siguientes proyectos en Venezuela:

. Atención de más de dos mil 300 escuelas, su infraestructura y material tecnológico.

. Más de mil millones de dólares destinados a la dotación total de todas las vacunas del esquema de inmunización y el pago del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

. Dotación de medicamentos oncológicos para más de 60 mil pacientes con cáncer.

. Dotación de medicamentos para pacientes con VIH.

. Recuperación del programa de radioterapia.

. Atención de la deuda quirúrgica a nivel nacional.

. Recuperación de siete bancos de sangre.

. Modernización y equipamiento de 10 hospitales materno-infantiles.

. Revitalización de 21 hospitales de la Red Nacional Hospitalaria.

. Más de mil millones de dólares destinados al Sistema Eléctrico Nacional para aumentar la generación en más de 432 megavatios y fortalecer el sistema de transmisión.

Los jefes de las dos partes en el proceso nacional de diálogo, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, dijeron públicamente que se trataría de "más de tres mil millones de dólares", inicialmente. Estos fondos legítimos de la república se encuentran congelados en el sistema financiero internacional desde 2018 tras el asedio continuo de las élites que determinan la política de Estados Unidos y Europa, y constituyen una fracción de los más de 20 mil millones de dólares "bloqueados" —dice el acuerdo— por bancos y otras entidades financieras.

¿Qué ha pasado?

Las partes se comprometieron a gestionar ante los organismos internacionales y nacionales que correspondan la liberación del dinero de la república congelado, y su traslado al mencionado fondo para el pago de los proyectos susodichos.

Desde el inicio hubo divergencia en cómo se administrarían los recursos. El presidente de la AN afirmó que el Fondo sería gestionado por las instituciones del Estado, mientras Blyde indicaba que el dinero sería “protegido” a través de Naciones Unidas y alimentado "progresivamente" para su ejecución a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la OPS y el Programa Mundial de Alimentos. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, además de aplaudir los resultados preliminares de las negociaciones expresó el compromiso del organismo multilateral para apoyarlas en la implementación del acuerdo, en línea con lo planteado en el texto firmado, donde la institución tendría un papel de acompañamiento en la gestión de los recursos. 

Entre declaraciones y justificaciones los voceros de la Plataforma no han podido explicar el incumplimiento de este acuerdo. El exdiputado Stalin González, miembro de la delegación opositora, explicó en enero que el proceso se encontraba en la identificación de los recursos congelados en el exterior, sin ahondar en detalles. Este jueves 27 de abril declaró a Unión Radio que el gobierno debe "contribuir" en la búsqueda de soluciones para acceder a los recursos retenidos en el exterior, con lo cual obvia que el Estado venezolano es la parte agraviada y que fue la oposición la que dirigió la apropiación ilegal de los activos venezolanos desde el principio.

Entretanto el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios del Estado venezolano han denunciado que Estados Unidos mantiene la negativa de desembolsillar los activos. Recientemente envió un mensaje público a la Plataforma, en particular a Blyde, reiterándole que la "única forma" de que una delegación del gobierno nacional regrese a la mesa de diálogo en México será si se cumple con el acuerdo firmado en noviembre de 2022.

Por su parte, durante una entrevista al periodista Román Lozinski, Blyde le respondió al mandatario que "él  —el presidente Maduro— y su delegación saben en la página donde están los americanos, que además son los poseedores de la mayoría de los regímenes "sancionatorios". (…) Él sabe por qué se trabó la ejecución", indicó, en una declaración de control de daños que encubre la incapacidad para llevar a cabo el compromiso contraído en noviembre. 

La dilación para liberar esos recursos evidencia la intención de Washington hacia prolongar los efectos sociales y económicos adversos debidos a su campaña de "sanciones", y también revela la forma en que utiliza el malestar de la población y las lesiones acumuladas en relación con aspectos de carácter humanitario —altamente sensibles— como catalizador de las presiones y chantajes contra el gobierno venezolano. Con esto Washington busca descarrilar la recomposición social y económica del país emprendida por Maduro y obstruye una importante base de recursos con la que podría contar su administración.

Precisamente el destino de los fondos refleja los puntos de malestar en los que Washington desea hacer presión para capitalizar políticamente el descontento durante la celebración de primarias en las que se miden las oposiciones. La infraestructura educativa y de salud y las fallas de los servicios públicos son problemáticas de primer orden para la población y tienen un lugar importante en la conversación pública, y es justo ahí donde Estados Unidos apuesta a profundizar las debilidadas acumuladas durante el recreducimiento de las "sanciones", y apunta directamente a golpear las perspectivas de recuperación. 

En definitiva, EE.UU. actúa hoy como el principal promotor de que dichos problemas no se solucionen.