Se acabó la “barra libre”. La crisis del covid-19 provocó que la Unión Europea suspendiera el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) temporalmente para que los países pudieran aumentar su gasto público por encima de lo que establece esta norma (tres por ciento de déficit y 60 por ciento de deuda sobre PIB). Tampoco nos engañemos, la barra libre no ha sido ni de primeras marcas, ni de beber todo lo que se quisiera durante este tiempo. Más bien se ha asemejado a una barra libre de garrafón y de tickets limitados.

La Comisión Europea ha decidido poner fin a la “fiesta” y ha avisado a los Estados miembro que tendrán que apretarse de nuevo el cinturón a partir de 2024. Después de cuatro años en los que Europa ha aflojado, vuelve la austeridad con las famosas reglas fiscales, esas que tanto dolor han provocado desde de la crisis de 2008. Para 2024, lo hace con la rigidez del PEC de siempre, pero incorporando algunos elementos de un nuevo marco en el que la Comisión Europea está trabajando y que entrará en vigor, previsiblemente, en 2025.

Las políticas austericidas adoptadas tras la crisis de 2008 provocaron una ruptura entre los países endeudados del sur y los halcones del norte. El caso más extremo fue el de Grecia, país al que se le aplicaron las medidas más agresivas y que estuvo a punto de abandonar la UE. Las instituciones europeas han sido conscientes del fracaso de estas políticas y de que el proyecto europeo corría peligro. Por esta razón, la forma de abordar la crisis del covid-19 fue diferente. Ejemplo de ello fueron la suspensión del PEC, la creación de los fondos Next Generation o el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Sin embargo, ninguna de estas políticas supone un cambio estructural. Todas ellas están sujetas a condiciones impuestas para que el proyecto neoliberal europeo siga desarrollándose. Y la reforma de las reglas fiscales sigue ese mismo camino.

La reforma del marco de gobernanza económica de la UE tiene un carácter claramente continuista. Las referencias siguen siendo las mismas (3 por ciento de déficit público y 60por ciento de deuda pública sobre PIB) y, si bien es cierto que los países tendrán un plazo de cuatro años (prorrogable por otros tres) para disminuir su deuda y se tendrá en cuenta la especifidad de cada Estado, lo cierto es que se intervendrá la política fiscal y presupuestaria de los países que tengan un elevado ratio de deuda. Esto se articulará a través de los planes fiscales y estructurales, la piedra angular de esta reforma al más estilo Next Generation, que serán evaluados por las instituciones europeas anualmente y que impondrá sanciones (económicas, reputacionales y retirada de fondos europeos) a aquellos países que no cumplan con lo pactado.

El mecanismo será fácil: Europa va a establecer una regla de gasto (un porcentaje por encima del cual no va a poder incrementarse el presupuesto de cada institución), limitando así el gasto presupuestario de todas las instituciones, sean cuales sean sus ingresos. No importa que se acabe el año con superávit, tal y como acabamos de ver con la CAPV y Navarra, no se podrá gastar más. A pesar de que el déficit no sea más que una simple resta entre ingresos y gastos con resultado negativo, la reforma tiene como único objetivo limitar el gasto. No aborda los ingresos públicos, ni plantea ningún tipo de reforma fiscal que permita garantizar unos servicios públicos de calidad.

El Estado español cerró 2022 con una deuda pública de 113,2 por ciento, casi el doble de lo que establece el PEC. Por lo tanto, tendrá que presentar un plan fiscal y la Comisión Europea le obligará a tomar medidas de austeridad para controlar el gasto público, hasta que la deuda se sitúe en una senda descendente. Y esto tendrá las mismas consecuencias en los presupuestos de la CAPV y Navarra.

Tal y como ocurre con la mayoría de las políticas europeas, los ámbitos de decisión están cada vez más alejados de nuestro territorio. La Comisión Europea controla a los estados y, dentro del Estado español, Madrid es quién se encarga de abrir o cerrar el grifo, mientras las instituciones de Hegoalde asumen este modelo de gobernanza sin rechistar.

Durante los últimos cuatro años, el Gobierno Vasco y el de Navarra no han aprovechado la “barra libre” para aumentar el gasto y mejorar los servicios públicos y las prestaciones sociales. A partir de 2024, ya tienen la excusa para la falta de voluntad política: Europa, esa que tanto nos da con los fondos europeos, no nos permite gastar más. ¡Cómo les gusta esta Europa!