Una negociación trascendental para los pueblos de América Latina y el Caribe como la reciente firma entre Cuba, México y Colombia para la creación de la Agencia de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Latinoamérica y el Caribe (Amlac), ha tenido poca repercusión entre los medios de comunicación hegemónicos que como siempre están aliados y defienden a ultranza a las grandes compañías transnacionales.

La llamada Declaración de Acapulco señala que es un “mecanismo para contribuir a la integración regional mediante la armonización y la convergencia en la regulación sanitaria, en procura del acceso a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad”.

El acuerdo fue signado por el mexicano Alejandro Svarch de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cubana Olga Lidia Jacobo Casanueva, directora del Centro de Control de Medicinas y Equipos Médicos (Cecmec), y la colombiana Mariela Pardo, directora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

También participaron en el acto, el secretario de Salud de México, doctor Jorge Alcocer y Douglas Slater, coordinador nacional de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) entre otros funcionarios.

Alcocer calificó a la Agencia como un hito porque la región que abarca no tiene una infraestructura para la producción de vacunas y otros fármacos y tampoco posee autorización para el uso de emergencia de medicamentos.

Al contar la región con una Agencia Latinoamericana de Medicamentos se evitará situaciones como la ocurrida durante la pandemia de covid-19, cuando las naciones ricas acapararon jeringuillas, tapabocas, oxigeno, ventiladores mecánicos y hasta vacunas, lo cual puso en crisis las labores para combatir el coronavirus en los países de ingresos bajos o medios.

Un informe de la ONG Oxfam Internacional denunció que durante la pandemia en el sector farmacéutico surgieron 40 nuevos milmillonarios y las compañías Moderna y Pfizer se adueñaron de mil dólares de beneficios cada segundo debido solo a su monopolio sobre las vacunas contra la covid-19, a pesar de que para su desarrollo recibieron miles de millones de dólares de inversión pública.

La enorme “ganancia” se debe a que las empresas cobran a los gobiernos por las vacunas hasta 24 veces más del costo potencial de la producción de vacunas genéricas contra el coronavirus. Esa fue una de las causas por la que el 87 por ciento de las personas en países de renta baja no pudieron recibir la pauta completa de la vacuna, indicó Oxfam.

Las principales empresas multimillonarias que controlan prácticamente la producción y el mercado mundial de medicamentos, equipos e insumos farmacéuticos son: Roche, Bayer, Pfizer, Johnson & Johnson, Abbot, Merck & Co, Sanofi, Novartis, Celgene, GlaxoSmithKline, Astrazeneca  AbbVie, entre otras.

Según leyes que rigen en organismos internacionales, impuestas por presiones de los países ricos y de las grandes compañías, los «derechos intelectuales» son propiedad de los laboratorios farmacéuticos sobre las fórmulas de medicamentos que crean.

Durante cierto tiempo, el «autor» tiene esa medicina en exclusiva y la vende al precio que estima conveniente. Después de 20 años esos derechos caducan, y cualquier laboratorio del mundo puede copiar la fórmula y fabricar los mismos medicamentos, que venden mucho más baratos. Pero las empresas buscan todo tipo de presión para que eso no suceda.

Una de las personas más competentes y conocedora del tema como el estadounidense Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, significó que el sistema de patentes “pone en riesgo el acceso de la gente a los medicamentos, a la par que las compañías farmacéuticas gastan más dinero en marketing y publicidad, y desestiman la investigación. El sistema de propiedad intelectual genera hoy presiones monopólicas, altos precios y poca innovación”.

Las transnacionales, basándose en acuerdos internacionales como los de la Organización Mundial de Comercio (OMC) impiden que gobiernos y países produzcan medicinas genéricas que compitan en el mercado con sus productos ya establecidos a pesar de las consecuencias nefastas que estas medidas conllevan para centenares de millones de personas en el mundo que no pueden adquirirlas por sus altos precios.

De ese nefasto negocio, del que se han apropiado los grandes monopolios farmacéuticos apoyados por gobiernos ricos en detrimento de las naciones menos desarrolladas, se desprende la importancia de que la región cuente con una Agencia Latinoamericana de Medicamentos para beneficio de las poblaciones más necesitadas.

A integrarse en este nuevo mecanismo de cooperación se invitó a Brasil, Argentina y Chile y se prevé que se adscribirán en un futuro inmediato más de diez países.

Las naciones firmantes cuentan con instalaciones, recursos y personal calificado para llevar adelante la Amlac que contribuirá a la autosuficiencia sanitaria, el acceso a dispositivos médicos y a la soberanía farmacológica de las naciones del área.

Innegablemente que para los países en desarrollo se hace completamente necesario romper el monopolio capitalista de los medicamentos.