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Una vez iniciado el proceso de juicio político, el 16 de mayo, pasado el mediodía, el presidente Guillermo Lasso acudió ante la Asamblea Nacional. En la intervención no solo hizo su defensa, sino que enfatizó en la “estabilidad” del país, utilizando una serie de cifras y hechos aislados. Sin embargo, a las 7am del siguiente día, en cadena de radio y tv, anunció el decreto 741 por el que disolvía la Asamblea, aplicando la “muerte cruzada” y utilizando la causal de “grave crisis política y conmoción interna”.

El 18 de mayo, entrevistado por CNN, Lasso no solo volvió sobre su defensa, argumentó contra el “bloqueo” permanente de la Asamblea, aclaró la “constitucionalidad” de su decisión, y dio a conocer que reunió a sus funcionarios del Estado para decirles: “tenemos que hacer, en cinco o 6 meses, lo que nos tocaba hacer en los próximos dos años”. Pero, además, remarcó: “la decisión de disolver la Asamblea Nacional de acuerdo con el art 148 de la Constitución, es precisamente para detener un plan donde primero venían por mí, luego por la Fiscal, luego por el Contralor, por el Procurador y por más instituciones del Estado.

Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado, para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente (se refiere a Rafael Correa), que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia”.

En una intervención igualmente difundida al país, las Fuerzas Armadas y Policía anunciaron respaldar la decisión de Lasso y sentenciaron que es “constitucional”. Mucho más tarde la Corte Constitucional desechó toda demanda de inconstitucionalidad, con un argumento sorprendente: “no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 148 de la Constitución, tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el país”. Y, como no podía faltar, también el embajador estadounidense Michael J. Fitzpatrick dijo que Estados Unidos “respeta los procesos internos y constitucionales de Ecuador” y “seguirá trabajando con el gobierno constitucional, la sociedad civil, el sector privado y el pueblo ecuatoriano”.

Así es que el cuadro está completo. Por primera vez en la historia de la democracia ecuatoriana, un presidente fue sometido a un juicio político, interrumpido con la “muerte cruzada”. Un gobierno con desaprobación ciudadana entre el 80 y 90 po ciento, similar a la que ha tenido la Asamblea Nacional, ha querido evitar el bochorno internacional de la destitución por presunto peculado, al mismo tiempo que se auxilia en la Constitución de 2008, la del “correísmo-chavismo”, como ha sido atacada desde las derechas políticas y “académicas”. El gobierno de los gerentes, de los “libertarios” que soñaban en el paraíso neoliberal, de quienes saben hacer la riqueza, administrar el Estado como una empresa, generar trabajo y hacer buenos negocios, fracasó en dos años y termina social y políticamente derrotado.

Como ya ocurrió en el pasado con el gobierno del millonario León Febres Cordero (1984-1988), los empresarios en el poder otra vez han demostrado carecer de la visión y los conocimientos capaces de dar solución a las deterioradas condiciones de vida y de trabajo de la población y de promover el desarrollo nacional con bienestar. Han creído que la economía está bien cuando funciona exclusivamente para su beneficio. Solo que esta vez se suma la imparable delincuencia y la inseguridad, un fenómeno que comenzó a ascender durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), quien revivió el modelo empresarial-neoliberal, y que ha explosionado, en forma inédita en la historia republicana, durante el gobierno de Guillermo Lasso, de acuerdo con los múltiples informes y estudios que existen sobre el tema. Desde luego, solo a las mentes que han apoyado estos “cambios de rumbo” se les ocurre pensar que la inoperancia, ocasionada con el “achicamiento del Estado” por parte de dos gobiernos de las derechas económicas y políticas sucedidos desde 2017, son consecuencias de las herencias del “correísmo”.

La crisis política que ha vivido Ecuador solo parece actual; pero si se atiene a las palabras del presidente Lasso, viene desde mucho antes, pues “desde el inicio de mi gestión, en cuatro ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido”, esto es, desde junio 2022, cuando, según el mandatario, se produjo la protesta de “los violentos” (el movimiento indígena) unidos a la Asamblea. Bajo la lupa sociohistórica, es el resultado de la conflictividad y de la polarización sociales que solo han crecido. El gobierno endosa a cada uno las responsabilidades: la Asamblea disuelta; el PSC, antiguo socio político, cuestionado por su “alianza” con el “correísmo” que el mismo partido niega; el “correísmo” atacado por querer retornar al Estado y, por cierto, aceptando una salida política que su máximo líder reclamaba hace tiempo (aunque Correa califica la decisión de Lasso como “fraude democrático”); los movimientos sociales y particularmente los indígenas descalificados, reprimidos y al borde de ser considerados “terroristas”. La discusión jurídica sobre el tema, que viene desde todos los ángulos imaginables, aunque es importante, tiene el riesgo de desenfocar el telón de fondo de las realidades socioeconómicas del país.

Hablando con perspectiva histórica, lo que se ha producido es una solución política temporal, que conduce a que las próximas elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo dentro de los seis meses, se conviertan en el espacio de disputa para la reconfiguración de las fuerzas sociales en el control del Estado.

Pero, lo que está atrás de todo este drama es la conducción económica. Si Ecuador no encara la definitiva sepultura del modelo empresarial-neoliberal y oligárquico reconstruido desde 2017, no habrá cambios en el rumbo nacional y peor desarrollo con bienestar humano y colectivo. Y, por lo que declara el mismo mandatario en retirada (“A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes…”), en los próximos meses, el bloque de poder de las derechas económicas y políticas, buscará que queden blindados, con un aparato legal ultraliberal, los intereses de la poderosa y atrasada oligarquía ecuatoriana. Ha resultado memorable que, haciendo suyas las famosas palabras del expresidente Jaime Roldós (1979-1981), atacado de “comunista” por las élites del poder de su época, el presidente Lasso repita: “Mi poder en la constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano”.